Las dos togadas fungían se desempeñaban  en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa y fue destituidas de sus cargos desde junio de 2015 por el Consejo de la Judicatura. Ambas tenían a su cargo el juicio contra Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia en el Gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales.

Petición de medida cautelar estuvo bien sustentada según la CIDH

De acuerdo  a denuncia presentada por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, las juezas fueron destituidas de sus cargos ilegalmente y después de cesar obligatoriamente en los mismos son acosadas por personas desconocidas que les dan seguimiento adonde se movilicen, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad y peligro contra sus vidas, se suma a este clima hostil el hecho de que los recursos interpuestos ante el sistema de justicia para que sean restituidas en sus cargos, no han tenido ningún efecto, colocándolas en una situación de indefensión.

También el organismo hondureño de derechos humanos le denunció a la CIDH que existe una campaña de difamación contra las afectadas tanto en medios de comunicación como en redes sociales lo que ha impactado en su vida privada, al extremo de tener de escapar de lugares donde se encuentran con sus familiares por los señalamientos de que son víctimas.

El CODEH solicitó medidas cautelares ante la CIDH desde el 05 de febrero de 2016 y fue documentando todos los incidentes de seguridad que tanto López Godoy como Martínez Martínez han ido sufriendo, sobre los cuales a pesar que la CIDH pidió un informe al Estado hondureño éste no fue consistente, lo que generó la medida cautelar antes señalada.

Jorge Jiménez, Procurador de Derechos Humanos del Área Legal del CODEH ante la decisión de la CIDH dijo que “esperamos que el Estado de Honduras asuma su responsabilidad en brindarles condiciones para que ellas puedan ejercer su trabajo, además que el Estado implemente medidas que signifiquen el cese inmediato de cualquier violación de los derechos humanos y que se les permita el Debido Proceso como la revisión de sus casos para retornar a sus funciones”. 

Ante la pregunta de pasosdeanimalgrande.com de si es posible que se  dé la revisión de los casos de las juezas en un contexto electoral y de polarización política, Jiménez dijo que “el CODEH le apuesta al estado de derecho a la independencia de poderes y confiamos en que la revisión será imparcial aunque hemos presentado solicitud para que sea caso ante la CIDH  en la actualidad se encuentra en estudio”.

La CIDH le da plazo al Estado para implementar las medidas

En la parte resolutiva la CIDH demanda del Estado de Honduras la adopción de medidas que preserven la vida e integridad física de las beneficiarias y sus núcleos familiares.

Asimismo que investigue los hechos e informe a la CIDH de las medidas adoptadas para evitar su repetición.

La notificación de estas medidas fue realizada el 09 de diciembre anterior y el Estado tiene a partir de esa fecha 20 días para informar de la implementación de las mismas. Este tiempo se vence el 29 de este mes de diciembre.

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Lea de forma completa la Medida Cautelar otorgada por la CIDH Aquí