La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe reaccionaron ante la propuesta que hiciera el representante del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, de bajar la edad punible.
Hasta la fecha la población penitenciaria en Honduras es de 18 mil 198 personas de éstas 574 son menores infractores, esto es solo un 3.1 por ciento de privados de libertad.
En su posicionamiento en conjunto aseguraron que bajar la edad de responsabilidad penal o agravar las penas de los menores infractores va contra los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño que fue ratificada por Honduras el 10 de agosto de 1990.
Contraviniendo a la Constitución de la República en el artículo 16 que se refiere a los tratados internacionales que pasan a ser parte del derecho interno y en el 119 constitucional que establece la obligación del Estado de proteger la infancia.
Teniendo en cuenta que de 8.3 millones de hondureños y hondureñas el 2.6 por ciento son en su mayoría adolescentes y jóvenes entre las edades de 10 a 24 años.
Mantuvieron la idea de que se refuerzan tres mitos claramente posicionados en la mente de la sociedad; el primero es que los problemas se solucionan modificando las leyes, tomando esto como una salida práctica “casi mágica” a la crisis compleja que enfrenta el sistema de justicia penal.
En segundo lugar que la cárcel es la única medida automática para que la sociedad sancione a quienes infrinjan la ley y como tercer punto que el sistema penal resuelve las complicaciones sociales.
Hay que protegerlos
Luz Ángela Melo representante de UNICEF en Honduras dijo que la implementación de las penas que se están sugiriendo es una regresión en materia de derechos humanos de los niños y niñas e instó a unirse para proteger a los tres millones de hondureñitos.
Botín de guerra
Por su parte Luis Pedernera, miembro del Comité de Derechos del Niño, contó que se encontraban en sesión cuando recibieron la noticia de que Honduras planteaba la renuncia de la Convención de los derechos del niño, lo que activó su preocupación.
Lamentó que en el país se esté debatiendo en pensar un sistema que viole las garantías de derechos para todos los niños, “uno de los momentos es cuando estamos a las puertas de un proceso electoral, los niños se convierten en botín de guerra electoral”.
En este sentido opinó que al poner en la palestra la criminalización de los niños y niñas es repetir los hechos suscitados antes de la década de los 90s y afortunadamente en América Latina luego de la aprobación de la Convención, los Estados tuvieron que adaptar sus sistemas de gobierno promoviendo el respeto a los derechos de este sector.
Citó que “la institución penal está en una situación análoga del rey Midas, todos sabemos que lo que tocaba lo convertía en oro y murió de hambre, adaptándolo a nuestra realidad, significa que mucho de lo que la policía y la institución penal toca se convierte en delitos y delincuentes, de esa forma se desvanecen las diferentes formas interpretativas sobre actos o actores”.
A pesar de reunirse con altos funcionarios del gobierno hondureño y recibir información, Pedernerano puede concebir que 500 adolescentes privados de libertad reciban respuestas de la peor calidad y que un millón de niños estén fuera del sistema educativo, por lo que criticó que si esa es la valoración que hacen en el país “transitan por un camino equivocado”.
Agregó que con la propuesta del Ejecutivo se apunta a construir cárceles en vez de escuelas, “atendiendo a uno de los mitos en donde supuestamente en nuestras colectividades los delito los cometen niños cada vez más chicos y violentos”.
Se mostró asustado porque tiene conocimiento que las cifras a nivel regional presentadas por UNICEF en todo el continente indica una situación contraria, porque los delitos violentos como violación y homicidio son ejecutados por adultos, en tanto que los adolescentes atentan contra la propiedad privada y últimamente se dedican a la extorsión.
También manifestó que los funcionarios creen que los centros carcelarios de menores son “Disney Word”, pero invitó a las personas que dicen eso, a pasar la noche en una de esas mazmorras, donde las condiciones son infrahumanas.
Instrumentos internacionales
Para hacer las respectivas recomendaciones los entes en el evento, enlistaron algunos instrumentos de derecho internacional como las Reglas de Beijin (1985) la 4.1 que cita: “en los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en el artículo 1: “Se aplicará por regla general a los menores de 18 años”, en el 40.3: “Los Estados adoptaran medidas para promover un sistema que establezca una edad mínima de responsabilidad penal” y el 37: “Ningún menor de 18 años será sometido a torturas, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes, la detención se usara como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”.
Reglas de la Habana (1990): las Naciones Unidas recomiendan su aplicación para la protección de los “menores” privados de libertad, se las concibe como normas mínimas, de carácter diferenciado a las de los adultos. Regla 11.a: Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), en el artículo 26 dice que : “Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte. La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen”.
Concluyendo
Surge la necesidad de respuestas integrales a la situación de adolescentes infractores, porque en el actual contexto debe verse a los niños, niñas y jóvenes como una oportunidad para debatir sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad de este sector ante el crimen organizado.
Instaron al Estado hondureño a reorientar políticas públicas dirigidas a las causas estructurales que originan las condiciones propicias para que este sector sea impulsado a delinquir.
Es relevante la búsqueda de soluciones que se tienen que hacer desde un enfoque de protección integral y no únicamente desde una perspectiva de política criminal.
Qué dice el gobierno de JOH en cuanto al tema
Las alarmas se activaron en diversos sectores desde mayo pasado cuando el gobiermo de Juan Orlando Hernández emitió un comunicado donde señala que abrirá el debate sobre el tema.
Este es el contenido del comunicado:
10 May 2017
El Coordinador General de Gobierno, a la opinión pública nacional e internacional, hace saber:
Que atendiendo las instrucciones recibidas de parte del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, se ha iniciado el proceso para conformar la comisión multidisciplinaria que analizará la reducción de la edad punible, así como avanzar en la reestructuración del Sistema de Justicia Penal Juvenil.
La Comisión convocará a los representantes de los diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de escuchar los distintos criterios sobre el tema y promover acciones que puedan materializarse en propuestas de soluciones.
Tal como lo expresó el Presidente de la República, se buscará establecer un amplio diálogo en el que intervenga la institucionalidad del país, Defensores de Derechos Humanos, Defensores de la Niñez, Organizaciones de la Sociedad Civil, Iglesias, Academia, Sectores Profesionales y demás entes con responsabilidad e interés en esta materia.
La discusión de estos temas se ha vuelto impostergable; sin embargo, la misma se efectuará con el ánimo de contribuir a la paz y seguridad del pueblo hondureño sin apasionamientos infundados.
Tegucigalpa M.D.C. 09 de mayo de 2017
Jorge Ramón Hernández Alcerro
Coordinador General de Gobierno
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