Con esta Ley se favorecerá a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, (ZEDES), más conocidas como ciudades modelos, que serán grandes complejos habitacionales con su propio marco normativo.

Adelantándose a las consecuencias la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), envió una carta al Congreso Nacional haciendo varias observaciones en las que consideran que de aprobarse dicha normativa se violarían los derechos humanos de las comunidades garífunas.

Manifestaron su incomodidad ya que varias zonas del territorio están siendo objeto de grandes proyectos turísticos en donde sus predios son entregados a grupos de  transnacionales y nacionales que incluyen a la oligarquía empresarial, altos funcionarios y del Estado mismo.

Enlistaron algunos proyectos establecidos en Costa Esmeralda, Cayos Cochinos e Indura, ubicados en las Bahías de Trujillo y Tela, entre otros.

“Como organización nos preocupa el hecho de que el Congreso Nacional persista en aprobar leyes sin consulta con los pueblos que se ven afectados directamente”, destaca la carta enviada por Miriam Miranda, Coordinadora de la OFRANEH al Congreso Nacional.

En el documento no dejaron de lado los terrenos afectados por la agroindustria de la palma africana, la cual causa daños irreversibles a los suelos y seca los ríos, entre otros proyectos hidroeléctricos, actividades del crimen organizado, narcotráfico, militares y piquetes de invasión campesina en contra de los Garífunas.

Aberración sin control

Para Miranda, una vez más el poder Legislativo se apresta a aprobar leyes irrespetando la consulta que se le debería de hacer a los pueblos, ya que con esta ley lo que harán será ultimar la entrega total de los territorios de los y las garífunas a los extranjeros.

Además que esta norma exonera de impuestos que benefician solamente a los inversionistas, tal es el caso de la Bahía de Trujillo, en donde se está judicializando y criminalizando a los que luchan en contra de la entrega desmedida de lo que ancestralmente les pertenece.

Un punto en que se vulnerarán grandemente los derechos humanos es que la Ley contempla la expropiación de las tierras para dedicarlas al turismo, ejemplo de ello es el proyecto Indura,  en la Bahía de Tela, “aquí engañaron a la gente diciéndoles que las comunidades garífunas iban a tener beneficios, pero a la larga estos megaproyectos traen gente de afuera para trabajar, por lo tanto,  no generó ni siquiera una disminución en el desempleo de la zona”, argumentó la dirigenta.

Honduras es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) y de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos donde se indica que el Estado está obligado a cumplirle a las comunidades garífunas.

Recordando que existen dos sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se establece que el Estado debe procurar consultarles a las comunidades cualquier proyecto que se impulse y que les afecte.

Miranda aprovechó para hacer un llamado al Congreso Nacional para  que no apruebe esa ley que lejos de ayudar agravará la situación precaria en que viven los pueblos garífunas.

Con esta Ley habría un desplazamiento forzado de garífunas y “ese es el problema que ya no hay espacio, lo que generará una masiva migración con deportaciones masivas, habrá más crisis, criminalización y violación a los derechos humanos”, afirmó la defensora.

Las querellas que están a la orden del día aumentarán, como es el caso que este lunes 31 de julio de 2017  le llegó una citatoria a cuatro mujeres garífunas por el delito de supuesta difamación contra un canadiense, “las autoridades llegaron corriendo a entregar la cita siempre beneficiando a los inversionistas que dicen que traen desarrollo y empleo, eso es mentira porque lo único que hacen es migración”, argumentó.

Miranda denunció que ella ha sido querellada por un inversionista canadiense acusándola por difamación, sobre lo que criticó que cuando se trata de violaciones a derechos humanos de los garífunas, no actúan con la misma premura.

Una agravante es que las mujeres garífunas estarán más en riesgo por el acoso que pudieran sufrir y en el Estado de indefensión en que viven los pueblos originarios no podrán esperar que se les haga justicia.

Por ende esta ley es un anuncio del gobierno que acrecentará la crisis de derechos humanos en el país, “al que no le importa, es una clara imposición dictatorial que irrespeta incluso las leyes internacionales que han ratificado y es una actitud peligrosa que usa como testaferros a empresarios hondureños, que al final son los mismos que terminan apoderándose del país”,  concluyó la Garífuna.

 Paraíso ilusorio

Como “ilusión óptica” calificó el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras,(FOSDEH),  los privilegios fiscales de la tan llamada inversión “fresca” que anunció con bombos y platillos el gobierno de Juan Orlando Hernández, que argumentó la estimulación de  la inversión nacional.

Este organismo continúa con la postura que “no debemos seguir en más de lo mismo, los incentivos tributarios no han generado un crecimiento económico sostenible y no han concebido un derrame significativo en los ingresos de los hogares, es más generan una creciente desigualdad y elevado nivel de pobreza en Honduras”.

FOSDEH recomendó que se debe encontrar nuevos mecanismos de atracción de inversiones, en todo caso, olvidar este pensamiento viejo y continuo.

Este nuevo proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, denominado Ley de Fomento al Turismo, tiene la intención de ampliar en temporalidad los privilegios fiscales existentes a este sector, destaca esta organización.

 Según lo señala en el anteproyecto de Ley , en el artículo número 5, que privilegiará por 15 años con la exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo Neto y Aportación Solidaria, y sus conexos, también, la exoneración de impuestos en la importación de maquinaria y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de los proyectos, entre otras prebendas,  reza el documento del FOSDEH.

La respecto el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ,(ICEFI), en un comunicado de prensa emitido el 24 de julio del presente año denunció que se proponen mecanismos que beneficiarían a los desarrolladores privados con financiamiento y concesión de tierras expropiadas.

De igual manera el comunicado enuncia el “agujero fiscal” debido a los incentivos tributarios gozados por el sector turístico, albergados en la Zona Libre Turística de las Islas de la Bahía -ZOLITUR y la Zona Libre Turística -ZOLT, dejando “de lado”, como siempre, la justicia tributaria.

Moderna invasión

Algunos de los lugares en donde se realizaran dichos proyectos turísticos son  Áreas Protegidas, Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Naturales, Sitios o monumentos que formen parte del Patrimonio Nacional y de Interés Turístico y Cultural; tales como Monumentos Nacionales, Históricos, Museos, Parques Municipales, Parques Arqueológicos y Vías Públicas, hasta Conjuntos de Preservación Histórica; Sitios Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico (Zonas de Desarrollo identificadas dentro de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible.

Los artículos más lesivos son los que expresan de manera directa el “despojo” de los territorios nacionales para darles privilegios a grupos de poder económicos.

La Ley de Ley de Fomento del Turismo promueve obligatoriamente que se llegue acuerdo sobre el valor de las tierras, pero, al no existir tal acuerdo, en su artículo número 17 expone que el Poder Ejecutivo las declarará de utilidad pública, de conformidad con lo que disponen la Constitución y las leyes vigentes, determinará su justiprecio y pagará el valor correspondiente; la expropiación se concretará mediante el pago o consignación del justiprecio.

Las tierras expropiadas pasarán a formar parte del patrimonio del Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo,(FITUR), así que “Lo vendes porque lo vendes, además te pago lo que quiera y ¿quién dará el valor de esos predios? el mismo gobierno se responde el FOSDEH.

Relatora de la ONU habla de la regulación de la consulta previa

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, expresó en un comunicado de prensa emitido este 01 de agosto de 2017 que  espera que en Honduras se pueda llevar a cabo un proceso inclusivo de diálogo y discusión sobre la regulación de la consulta previa que goce del mayor grado de legitimidad y consenso entre los pueblos indígenas.

Tauli-Corpuz espera que el Estado, la comunidad internacional y los organismos internacionales, incluyendo el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, y en particular la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, colaboren con los pueblos indígenas para la realización de los diálogos necesarios para el desarrollo de este tipo de iniciativa.

Vea carta de OFRANEH al Congreso Nacional Aquí

Link de interés sobre el tema:

http://www.fosdeh.com/ley-fomento-al-turismo-no-mas-lo-peor/