Unas 34 personas asesinadas según reportes de organizaciones de derechos humanos; más de mil detenidos, alrededor de cuatro docenas de encarcelados, intoxicados por gases lacrimógenos , heridos y ataques reiterados contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la comunicación, no han movido al Ministerio Público a actuar sino que se ha hecho de la vista gorda con los abusos, pero sí tiene procesos criminales contra manifestantes a quienes ha acusado de diversos delitos entre ellos terrorismo; daños agravados, atentados, uso indebido de indumentaria policial, entre otros, acumulando varios de los supuestos delitos para que los criminalizados no puedan defenderse en libertad.

“La OACNUDH hace un llamado al Ministerio Público a que avance de forma rápida y concreta en la investigación de numerosas alegaciones de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad física por parte de las fuerzas de seguridad, que se han dado en el contexto de las protestas post-electorales a nivel de todo el país”, dice el comunicado.

Este organismo también se pronunció sobre el uso excesivo de la fuerza, de gases lacrimógenos, así como la utilización de bastones por parte de la fuerza policial en la protesta del 12 de enero de 2018 que dejó varios heridos.

Este es el texto completo del comunicado: