El 25 de enero se conmemora en Honduras el Día Nacional de la Mujer , según Decreto número 29, aprobado en la administración del presidente Julio Lozano Díaz, el 25 de enero de ese año.

Este 25 de enero de 2018

A tempranas horas de la mañana a los transeúntes ensimismados en sus pensamientos, les llamó la atención el hecho de que empezaron a llegar comandos del ejército que transportaban cientos de militares con sus escudos antimotines, las bombas lacrimógenas adornaban sus uniformes, algunos con fusiles y armas reglamentarias y los famosos toletes que se han convertido en parte de los hombres uniformados, eran como 500 los que solícitamente adoptaron sus posiciones resguardando los alrededores del Congreso Nacional.

Hubo un llamado para los militantes de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que este año se debía acompañar a la acostumbrada movilización de protesta que las mujeres realizan cada 25 de enero, hoy serían seguidas por los compañeros que en otros tiempos, quizás indiferentes, solo enviaban felicitaciones por las redes sociales.

Ellas caminaron como en procesión, blandiendo sus machetes en el suelo con un grito de batalla, en símbolo de luto por las cientos de mujeres que a diario sobreviven a los tipos de violencias a las que son sometidas, con las cruces a cuestas y los nombres en el epitafio de las que yacen en el mundo inmaterial, enviadas allí por una mano criminal.

Durante años han observado con tristeza como se diluyen sus derechos con la profundización de múltiples discriminaciones a través de las estructuras sistemáticas.

Como mujeres plenas, lucharán por ejercer sus derechos para lograr paulatinamente la eliminación de las violencias entre ellas los femicidios, ya que según el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad , “cada 14 horas asesinan a una mujer en Honduras”.

Exigieron la desmilitarización de los cuerpos femeninos y territorios, para proclamar “no más militares en las calles”, puesto que consideran que su participación en la represión en contra de las movilizaciones en las comunidades, barrios y áreas rurales, al lado de la policía, agudizan la violación a los derechos humanos de las mujeres que se enfrentan a una dictadura ilegal instalada y presidida por el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Por ejemplo, el asesinato de Dilcia Esmeralda López, en el departamento de Choluteca, el secuestro de Abigail Gutiérrez, que más tarde la encontraron desmembrada en la Colonia Nueva Suyapa, y la ejecución de Kimberly Fonseca, en la colonia Villa Nueva, de Tegucigalpa, por ende es de su exigencia que paren los actos represivos en las calles.

Un cese a los desalojos violentos en los territorios contra las mujeres campesinas e indígenas, debido a que ya van  mil 700 criminalizadas, enjuiciadas, y otras asesinadas, como Margarita Murillo, Berta Cáceres, Marilú Miranda,Teresa López, Alma Yamileth Díaz, Eva Erlinda Castellano, entre otras.

Dijeron este día no más impunidad por las muertes con saña y femicidios, pues en el año 2017 hubo 400 asesinadas, la gran mayoría no han sido investigados sus casos y se encuentran en la impunidad.

Asumieron la entereza de combatir la invisibilidad de las mujeres en la economía nacional y mundial, su aporte a la sostenibilidad de la vida de los y las ciudadanas a través de los trabajos de cuidado y medio ambiente, en su lucha por el acceso a la tenencia de la tierra, a los bienes colectivos (agua, tierra, flora y fauna), a una vida libre de violencia, al acceso a los recursos financieros (crédito solidario, asesoría tecnológica), eliminación de la pobreza, la despenalización del aborto, el acceso a las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia, PAE,  y contra la corrupción e impunidad de los crímenes de mujeres y femicidios.

En su posicionamiento se manifestaron en contra de la profundización del modelo neoliberal, patriarcal, capitalista, excluyente y a la dictadura inconstitucional instalada y avalada por las instituciones del Estado, las cúpulas religiosas, las élites económicas que se han beneficiado de la acumulación de riquezas, acelerando la implementación del dicho modelo, en contubernio con la clase política, la supremacía empresarial y grupos fundamentalistas.

Emitieron una fuerte crítica al radicalismo religioso que ha incidido en las decisiones que se refieren a la problemática de las mujeres, provocando que el Estado hondureño violente los derechos sexuales y  reproductivos plenamente reconocidos en las Convenciones y Tratados internacionales de los que forma parte el país.

No más violencia estatal

Una de las violencias que sufren las mujeres es provocada por el Estado mismo, es que éste no garantiza su seguridad y el pleno goce de sus derechos, esto se ve en la ineficacia o poca voluntad política para resolver los principales problemas.

Reclamaronn al Ministerio Público que actúe con eficacia, transparencia y prontitud en la investigación de las violencias y los asesinatos contra mujeres.

A la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,(OACNUDH), le demandaron que intervenga de acuerdo a sus facultades, para que el gobierno de Juan Orlando Hernández no continúe con el uso excesivo de la fuerza a través de la Policía Militar del Orden Público,(PMOP), hacia las mujeres, niñas y jóvenes que participan en las protestas contra la dictadura.

De igual manera, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, (CONADEH), que cumpla con el mandato por el que fue creado, que es ser garante de la protección a los derechos humanos de la población.

Que el Consejo Nacional de Protección para Defensores, defensoras, periodistas y comunicadoras sociales y operadores de justicia,  cumplan con el precepto de salvaguardar la integridad física y la vida de las mujeres defensoras de derechos humanos.

Asimismo, a la Policía Militar que deje de ensañarse con las golpizas que le propina a las mujeres, niñas, niños y jóvenes, y que abandone la práctica de ejecutarlas por ejercer su derecho a manifestarse.

A  la cúpula religiosa y eclesiástica que no se metan más en las decisiones del Estado respecto a las políticas públicas que se refieren al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Finalmente, al Poder Judicial que amplíe la cobertura de los Juzgados Especializados en Violencia Doméstica, mejore la calidad de atención y deje de imponer reglas para con las sobrevivientes de violencia, al referirse al vestuario, porque no les permiten la entrada con camisas escotadas, colocando con esto una barrera que limita el acceso a la justicia.

Aglutinadas en la Plataforma 25 de Noviembre, Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna-Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla,  y las Redes Locales de Mujeres del Distrito Central, este 25 de enero recordaron que durante seis décadas de la conquista de su participación en el sistema democrático liberal por medio del sufragio, que fue el primer paso para lograr cambios estructurales a la política hondureña, pueden desafiar de manera eficaz situaciones de discriminación en los cargos de elección popular en los partidos políticos, parlamentos, poderes del Estado y organizaciones sociales y políticas.