Para medir la precepción de corrupción, Transparencia Internacional encuestó a  mil 200 personas en distintos lugares de cada país y estableció un rango del 0  y 100. En esta categoría,el cero representa ser altamente corrupto y el 100 muy transparente. Eso quiere decir, que un país donde las autoridades trabajan contra la corrupción se mantiene alejado del cero, como es el caso el Canadá, considerado el más transparente de América, con 88 puntos.

Pero lejos de Canadá se ubica Honduras, que cada año empeora su situación, porque según el IPC  en el año 2017 la percepción de corrupción en este país centroamericano fue de 29 puntos desmejorando su situación con relación al 2016 que tenía 30 y la del 2015 que era de 31 puntos.

En los últimos tres años Honduras ha bajado tres puntos que lo sitúan más cerca del cero indicativo de mayor corrupción. 

Comparado con el resto de Centroamérica con 29 puntos Honduras se ubica en tercer lugar, aventajado únicamente por Nicaragua que alcanzó 26 puntos y Guatemala con 28.En mejor perspectiva se encuentra El Salvador con 33 puntos y muy distante con 59, Costa Rica.

Eso indica que Costa Rica es el país más transparente de Centroamérica y Nicaragua el más corrupto. Honduras se ubica en el centro, pero muy pegado a Nicaragua y bastante lejos de Costa Rica.

A nivel del continente, según el IPC Canadá es el más transparente con 82 puntos, lo sigue Estados Unidos con 75 y Uruguay con 70. Contrariamente, como los más corruptos se sitúan Venezuela con 18 puntos, Haití con 22 y Nicaragua con 26 puntos.

La impunidad alimenta a la corrupción

Haciéndole mérito a su nombre, Honduras cada día se profundiza más a causa de la corrupción que cabalga a pasos agigantados, sin que los operadores de justicia escuchen el clamor popular de justicia, que los deja en la impunidad.

Son muchos los casos de corrupción que desde tiempos de la colonia se han cometido contra la administración pública, pero que la debilidad o complicidad de los operadores de justicia se mantienen sin castigo.

Entre los más recientes se pueden mencionar el robo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, elTrans 450, el saqueo de medicinas del almacén central de medicamentos, la venta de las pastillas de harina y las denuncias por corrupción contra los últimos dos presidentes, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, diputados y los alcaldes capitalinos Miguel pastor y Ricardo Álvarez, entre otros, que se encuentran engavetados en el Ministerio Público. 

Pero nadie olvida el robo millonario realizado por funcionarios de la Secretaria de Salud en el año 2006, la construcción de aulas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando era rectorada por Ana Belén Castillo y el Gasolinazo, que también involucra a varios líderes del Partido Nacional, incluido Ricardo Álvarez, acusados por defraudación fiscal. 

Más lejano en el tiempo todavía se habla de las siete acusaciones por corrupción contra Rafael Leonardo Callejas, pero la justicia le otorgó las respectivas cartas de libertad. El Bananagate, ocurrido en 1974 cuando la empresa estadounidense, United Brands sobornó con 2.5 millones de dólares a los más grandes funcionarios del gobierno de Oswaldo López Arellano por disminuir el pago de impuestos.

La cadena sigue, hasta caer al periodo  de 1866 cuando el presidente de facto, José María Medina, quien obtuvo de un banco inglés 27 mil libras esterlinas como préstamo para construir un ferrocarril interoceánico, que nunca se hizo, porque del dinero fue desviado para beneficio propio de los mismos funcionarios del régimen de aquel entonces.