A mediados del 2015 después de que fuera hackeado el sitio web de la empresa italiana, Hacking Team, se filtraron documentos reveladores de que Honduras compró por 355,000 Euros, equivalentes a 11 millones de lempiras un sistema espía, que le permite al gobierno controlar las comunicaciones de los usuarios de la telefonía y el internet.
Con ese sistema, la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC), adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) puede descifrar archivos y correos encriptados, grabar llamadas y otras comunicaciones.
Un informe publicado en marzo de 2016 por la abogada mexicana y activista de los derechos humanos Gisela Pérez de Acha, indica que de acuerdo con los correos electrónicos filtrados, en el 2012, meses después de haberse aprobado la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, más conocida como Ley de Escuchas, el gobierno de Porfirio Lobo conversaba con Hacking Team para la adquisición de sus servicios.
Sin embargo, fue hasta el 20 de marzo de 2014, ya en el gobierno de Juan Orlando Hernández, el director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligenci, (DNII), firmó el acuerdo de licencia de software e hizo el primer pago para el programa Galileo.
El informe señala que en el negocio, quien sirvió de intermediario fue Ori Zoller, ex militar israelí dedicado a la venta de armas AK-47 a grupos paramilitares de Colombia.
Los riegos que trae Galileo
Galileo es una herramienta de espionaje que ya existía hace años, pero que fue descubierta hasta mediados del 2015 por un grupo de hackers que filtró 400 GB de información extraídas de la base de datos de la compañía Hacking Team.
Como ventajas a los gobiernos represores Galileo, de Hacking Team, ofrece la capacidad para descifrar la información considerada segura, como los correos encriptados que sin esta herramienta no sería posible leer, pues los correos encriptados traen una codificación como esta:hQIMA4Cd+7BuQnIDARAAqQGA6ubXe18S4H8Rac2NT+OrezsS0UfKRG4KIOzLXYFjizr3KuecFRn7bGNg1fNEDJaFkGY9Uq/+K1Q0DR6YiRQ6hCTqIQ3x6mr3gA6YoNvzD/3NIWieeby5D/sFDsqsK1aTdcsoIvcvsZMEK7FZTdAr2B8aOHYsr
Hackin Team ha sido criticado por vender este sistema a gobiernos con bajos niveles de protección de los derechos humanos, como Sudan, Bahréin, Arabia Saudita, y Honduras, que en los últimos años se sitúa en los primeros lugares de criminalidad en el Mundo.
Capacidades
Galileo tiene la capacidad de ocultar listados de correos electrónicos, mensajes de texto historiales de llamadas telefónicas y agendas de contactos, vulnerar datos del historial de búsqueda y tomar pantallazos (fotos de pantalla). También puede grabar audios de llamadas telefónicas, activar cámaras de teléfono o computadora y sistemas telefónicos de GPS para monitorear la ubicación de personas.
Además, puede infectar computadoras, extraer contraseñas de wifi, extraer monederos de bitcoin y otras criptomonedas para recoger datos de cuentas, contactos e historias de transacciones.
En Honduras, Galileo, de Hacking Team, utiliza el software en el control de la computadora o teléfono celular seleccionado y con la capacidad de rastrear los movimientos de un individuo, registrar sus teclas e incluso activar su cámara.
El gobierno hondureño compró este servicio por 355,000 euros. “Las conversaciones entre las partes tuvieron lugar a lo largo de 2013, en medio de una elección presidencial hondureña marcada por la violencia”, dice el informe de Gisela Pérez.
El informe señala que el Partido Nacional ayudó a instigar el golpe de Estado de 2009 que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya y que lo largo de los años, este régimen y sus partidarios se han relacionado con asesinatos de abogados, periodistas, así como de activistas LGBT y trabajadores agrícolas.
De igual forma, señala que este con sistema se elaboran perfiles de periodistas, defensores de derechos humanos, de los líderes estudiantiles y personas ligadas a la oposición del gobierno.
Detalla, que aparte de Honduras, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Panamá compraron licencias para el uso de este software de espionaje. Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela contactaron la empresa y negociaron precios, pero no hay evidencia de que hayan adquirido licencias. En el 2012 la instalación de esta herramienta costaba 600.000 euros.
Violaciones a derechos humanos
Expertos en la defensa de los derechos humanos consideran que el uso de este programa en violatorio de la libertad de expresión y de privacidad de las personas.
Hasta ahora se considera que el cliente más importante de Hacking Team es el gobierno de México, que pagó 5 millones 808 mil 875 euros por el sistema que es utilizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Y en Puebla el software se utilizó para espiar a periodistas, opositores políticos y estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
En Chile, la Policía de Investigaciones ha manifestado que la vigilancia se hacía con fines estrictamente legales y bajo orden judicial, pero las órdenes judiciales no son suficientes para garantizar el uso legítimo del software de espionaje.
La filtración de los documentos de Hacking Team reveló que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), intercepta todas las comunicaciones de los ciudadanos colombianos.
El 12 de diciembre de 2012, siendo Presidente del Congreso, el actual Presidente de la República, con la oposición de varios sectores de la sociedad, se puso en vigencia la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, un mecanismo que legalmente está concebido como excepcional de investigación criminal, pero nadie puede negar, que por muchos años, de ilegal esta fue una práctica recurrente de los órganos de inteligencia del Estado, no para reducir los índices de impunidad que imperan en el país, sino de persecución contra personas oponentes al régimen.
Por ejemplo, el uno de marzo del 2010, basado en un supuesto informe de Inteligencia Militar, el ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, acusó a los movimientos campesinos del Aguan de estar organizando una célula guerrillera para desestabilizar su gobierno. Y bajo ese argumento militarizó la zona.
Fue desde el mismo Estado que sin sustento alguno se levantaron campañas de difamación contra los movimientos campesinos, aduciendo que ellos estaban siendo financiados por la guerrilla colombiana y por carteles del narcotráfico. Ocho años después no existe un informe que afirme o niegue los señalamientos, pero la zona fue militariza y allí se produjeron decenas de asesinatos contra campesinos y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Pero la fijación del gobierno para espiar a los ciudadanos no se queda allí, The Guardian, un prestigiado periódico del Reino Unido, publicó en febrero anterior una noticia sobre que el gobierno británico vendió a las autoridades hondureñas sofisticado material de espionaje que se pudo poner en uso antes de las protestas masivas contra el fraude electoral.
Este equiamento estaba valorado en 400 mil dólares y puede usarse para rastrear llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea, según The Guardian.
Con el nuevo contexto de violencia tras las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017, la intervención en las comunicaciones se ha incrementado de tal manera que hay datos concretos donde defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos son pinchados en todas sus formas de comunicación.
La creación de perfiles falsos, activación de las cámaras de los celulares y laptop, así como adelanto en la contestación de llamadas por desconocidos que están al otro lado del teléfono interceptando las llamadas, es tan común que ya no se puede ni hablar de nada.
De acuerdo a varios sectores esta situación irá en incremento a medida que el régimen de Juna Orlando Hernández se empecine en consolidarse a pesar de la oposición de diversos sectores por considerar que es ilegal por haber llegado tras la ilegal figura de la reelección y de elecciones no certificadas por la observación internacional y la nacional.
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Links de interés
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