Los acusados por el Ministerio Publico,(MP) y organismos de derechos humanos son los oficiales de policía Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, quienes están sindicados de cometer violaciones a derechos humanos como torturas, detención ilegal, lesiones, violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

Los afectados en los predios de la Universidad son los defensores de derechos humanos: María Tomasa Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); Hedme Castro de ACI-Participa; Ariel Díaz de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), además de ocho estudiantes de la UNAH, quienes realizaban una toma pacífica.

El acto fue condenado por la Mesa de Derechos Humanos, por la existencia de una asociación del Estado de Honduras, con todas sus instituciones del sistema de justicia que están protegiendo a los altos mandos policiales,que torturaron y cometieron los delitos contra la integridad física de los defensores de derechos humanos y los estudiantes.

Un triste relato

Pasosdeanimalgrande.com conoció el relato de Carlos del Cid, una de las víctimas de abuso policial del 08 de septiembre del 2017. Él fue sometido a vejámenes, torturas y lesiones.

“Estábamos en el bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en una acción de acompañamiento a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma y en la salida fuimos interceptados por 4 a 5 patrullas policiales, con muchos contingentes fuertemente armados, entre ellos habían hombres vestidos de civil, pero eran policías armados y nos retuvieron allí unas tres horas, exigiéndonos salir del bus porque supuestamente los estudiantes eran delincuentes”, expresó.

Del Cid apuntó que los detenidos “les exigimos que presentaran las órdenes de captura y no las presentaron. Rechazamos salir del bus y pedimos que nos llevaran o que nos acompañaran a un centro policial, donde podríamos dar las declaraciones, como un lugar seguro y no la misma Universidad, la cual estaba totalmente tomada por policías, pero ellos se ofuscaron, nos rosearon gas pimienta por dentro del bus desde las ventanas, dejándonos sometidos y una vez que nos intoxicaron con gas pimienta nos hicieron salir y a cada uno cuando bajamos, nos rociaban más gas pimienta en la cara”, destacó.

El defensor de los derechos humanos, víctima del abuso, recordó que ellos pasaron un proceso de casi 38 horas en cautiverio, los ficharon, golpearon y no les dieron atención médica inmediata cuando estaban en las celdas de la Policía Metropolitana Número Uno.

“A pesar de que íbamos graves, no se nos dio la lectura de nuestros derechos. Los estudiantes fueron juzgados como delincuentes y de que se habían apropiado de las instalaciones de la universidad. A los defensores de los derechos humanos nos acusaron de complicidad con los estudiantes”, indicó.

De acuerdo a Del Cid, ellos pasaron un proceso difícil, “estuvimos dos noches en las celdas de la Dirección de Investigación Policial (DPI) y en las celdas del CORE 7 en condiciones inhumanas, sufrimos daños en nuestros cuerpos, al final fuimos dejados libres con medidas sustitutivas”.

Agregó que a los estudiantes se les ratificó el formal procesamiento, con medidas de libertad y ahora las víctimas junto a organizaciones de derechos humanos están acusando a los oficiales que les hicieron los atropellos.

“En este proceso ya ellos pasaron una audiencia de declaración de imputados, en la cual fuimos sorprendidos porque la jueza a pesar de que los policías están acusados de cinco delitos, donde el más grave de ellos es la tortura y que suma entre 10 a 15 años de prisión , la jueza los dejó defenderse en libertad cuando la ley señala que deben ir a prisión.

Según Carlos del Cid los tres altos oficiales tienen cargos de importancia en la policía y desde sus puestos de poder, con las medidas otorgadas por la juez, pueden obstruir las investigaciones, “como efectivamente lo estaban haciendo, al investigar el quehacer personal de muchos de nosotros y de las instituciones con las cuales trabajamos, puesto que presentaron informes relacionados con eso lo que nos mantiene a nosotros en situación de vulnerabilidad”.

Sobre el caso del 08 de septiembre, ya los estudiantes y los defensores de los derechos humanos han declarado en la audiencia inicial.

“Estamos pidiéndole a la jueza a través de nuestros abogados, que les declare un auto de formal procesamiento, pero con medidas de prisión, por el nivel de peligrosidad que ellos tienen”, concluyó.

Hasta este momento se han hecho las declaraciones de ambos sectores, presentado las pruebas y el mismo continuará el próximo 06 de abril de 2018.

Los organismos de derechos humanos esperan que cuando termine la audiencia con las declaraciones y las conclusiones presentadas por la defensa y la acusación del Ministerio Público y de las organizaciones de derechos humanos, los culpables se defiendan en prisión, de lo contrario seguirán apelando al sistema Nacional y al Internacional, para que se haga justicia.

Daños a la salud

Carlos del Cid fue una de las personas que más daños sufrió en su salud, fue rociado con gas pimienta que le quemó el 80 de la córnea del ojo izquierdo y el 25 por ciento de la córnea del ojo derecho y eso lo obligó a estar en un proceso severo e intensivo de curación y atención médica por oftalmólogos del Seguro Social y en clínicas privadas.

La acción en su contra lo mantuvo incapacitado dos meses, durante los cuales fue a ocho consultas médicas. Lograron rescatarle las córneas de ambos ojos, perdió el dos por ciento de visión en el ojo izquierdo, lo cual se considera como un daño permanente e irreversible.