Ambas figuras serán seleccionadas por el Congreso Nacional, (CN), para un período de 5 años, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

La Junta de Proponentes es presidida por la Corte Suprema de Justicia,(CSJ), a través de su titular, Rolando Argueta y Reina Auxiliadora Hércules, además del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), Roberto Herrera Cáceres; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), con Ramón Rosa Martínez; el Colegio de Abogados de Honduras ,(CAH) y su representante, José María Díaz; las universidades privadas con la representación de Gustavo Lanza y; por la sociedad civil, Melissa Magdalena Elvir.

Actualmente el Ministerio Público está liderado por el la Fiscal General de República Oscar Fernando Chinchilla Banegas y el Fiscal General Adjunto Rigoberto Cuellar Cruz. Ambos electos mediante las influencias del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, precisamente por su vinculación al Partido Nacional y al Partido Liberal de Honduras.

CONADEH se mantiene pendiente

La Junta Proponente hará la convocatoria oficial a los aspirantes para Fiscal General y Adjunto y de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “la selección de los candidatos debe resultar de un proceso eminentemente abierto, en el que todas las personas que llenen los requisitos legales y de idoneidad, puedan presentar su aspiración y autoproponerse”.

Según el Conadeh, las autopropuestas “deben ser en libertad y con toda responsabilidad, de abogados y abogadas que llenen el perfil idóneo y que deseen presentar sus candidaturas”, sin importar su origen, procedencia pero con idoneidad.

Herrera Cáceres explicó que la Junta de Proponentes se debe regir por un código de ética, adoptar el reglamento de procedimientos y medios para alcanzar los resultados de la nominación de las 5 personas, los cuales serán seleccionados para ser electos por el Congreso Nacional.

Informe

Aunque no se descarta una autopropuesta de parte del Fiscal General del Ministerio Público, Oscar Fernando Chinchilla Banegas, para una reelección de su cargo, es evidente que ya se inicaron acciones mediante la presentación de un informe de hechos relevantes sobre su gestión del 2013 al 2017, entregado el 22 de febrero de 2018 a los difrentes sectores del país, donde destaca sus logros, pero oculta sus fracasos.

En presencia del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández; el Subdirector General de Fiscalía, José Mario Salgado; el Director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal,(ATIC), Ricardo Castro; el Subdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, (DLCN), Jaime Quintanilla; además de los Fiscales Especiales, Jefes Regionales e invitados especiales del cuerpo diplomático, organismos internacionales, instituciones públicas y sociedad civil; el Fiscal General expuso lo que consideró sus logros durante su gestión al frente del MP.

 Algunos detalles

De acuerdo a las autoridades del Ministerio Público, se diseñó e impulsó más de 50 operaciones de alto impacto en el combate al crimen organizado, la corrupción y los delitos contra la vida.

Chinchilla Banegas djo que les “obligó a crear una verdadera política criminal, para conocer los fenómenos delictivos, sus áreas geográficas, las bandas criminales y su mercado ilícito y esto nos permitió priorizar la investigación”.

Además logró fortalecer las políticas públicas de persecución penal, se potenció el área fiscal y pasó de 500 Agentes de Tribunales a 940.

“Pasamos de 56 detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) a 243 y con la Agencia Técnica de Investigación Criminal,(ATIC), comenzamos con 98 agentes y en la actualidad tenemos 338 y aún así, sabemos que no es suficiente”, agregó.

En el 2017 se atendieron a casi 13 mil víctimas vulnerables, lo que fue posible gracias a la labor que se coordina con Fiscalías de Mujer, Niñez, Adulto Mayor, Etnias y Delitos Contra la Vida, entre otros Despachos Fiscales.

Por su parte, el Coordinador de la Oficina de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad,(OPEGEC), Juan Carlos Romero, dio a conocer el novedoso Modelo de Gestión Fiscal por Resultados y mencionó que “esta nueva etapa de liderar la política contra la criminalidad ha roto paradigmas”.

Romero agregó que “subimos un 12 por ciento más la presentación de Requerimientos Fiscales, en sentencias condenatorias y procedimientos de juicios un 36 por ciento y se redujo el tiempo en la resolución de casos, cerrando con una gestión fiscal 38 por ciento con servicios de calidad y calidez”.

Por otro lado, se destacaron los avances en la aplicación de Procesos Expeditos, lo cual ha permitido tener un sistema de justicia más eficiente, ya que las causas donde el Ministerio Público cuenta con la carga probatoria suficiente en flagracia se presentan por esta vía y en 30 días se llega a una resolución y esto ha logrado obtener 1,132 sentencias condenatorias.

La puesta en marcha de esta medida de simplificación procesal, ha permitido 2,835 Requerimientos Fiscales que se han interpuesto por diversos delitos.

Entre los logros también se destacan la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

Impunidad y verdades

Por :Dina Meza

Diversos sectores de la sociedad no coinciden con las apreciaciones de Chinchilla Banegas que obvió explicar por qué la impunidad está galopante y ha rebasado los niveles, sumando un 96 por ciento en los casos, y desde el propio Estado a través del CONADEH se señaló que ronda el 91 por ciento.

Los fracasos del ente acusador son insostenibles, las denuncias en búsqueda de justicia por parte de sectores importantes del país están engavetadas y no se han movido ni un milímetro.

Igualmente se ha negado el acceso a la justicia en casos muy graves como el de la defensora Berta Cáceres, declarado el expediente en secretividad y escondido a los familiares y abogados de la víctima, evitando de esa forma que se conozcan las actuaciones precarias de los fiscales que más se coluden con la complicidad de los actores del crimen.

Por otro lado, asesinatos como los relacionados con la defensa de la tierra y los territorios están en la completa impunidad, los familiares de las víctimas siguen llorando a sus parientes y ven cómo las investigaciones ni siquiera han comenzado.

Y qué decir en lo relacionado con los femicidios en Honduras, cada 12 horas una mujer es asesinada en el país y los responsables gozan en un fango de impunidad, a pesar que se ha creado una unidad para la investigación de estos crímenes, los resultados son irrisorios.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, denunció de forma reiterada que presentó denuncias permanentes por contaminación al medio ambiente por parte de empresas hidroeléctricas y mineras en la zona atlántica del país y los casos no son investigados, provocando impunidad para quienes están destruyendo el medio ambiente. Los responsables gozan del apoyo de los operadores de justicia cuando inician acciones contra los defensores y defensoras que se oponen a perder sus fuentes de agua vitales para su existencia, las actuaciones son a la velocidad de la luz para mandar a prisión a quienes debería de protegerse.

En el caso de crímenes contra periodistas las resultados son funestos, apenas cuatro medias sentencias por igual número de casos, algunos de los gatilleros guardan prisión pero los autores intelectuales se mofan de la justicia.

Se suma en este sector las amenazas, torturas y represión en la cobertura periodística. En enero este año 2018 fueron golpeados al menos una docena de comunicadores sociales cuando ejercían su profesión y aunque presentaron la denuncia el siguiente día de los hechos hasta ahora la justicia en mantiene tan lejos como las estrellas.

Ministerio Público el impulsador

El Pozo y la Tolva son prisiones de máxima seguridad que se están llenando de la disidencia política contra el régimen de Juan Orlando Hernández. Fue el Ministerio Público el que se encargó de fabricar las pruebas las cuales en un Estado de Derecho no pasarían ni la Audiencia de Imputado porque laceran gravemente el Debido Proceso.

En la actualidad hay más de 30 personas que han sido acusadas por protestar contra el fraude electoral, no tuvieron acceso a defenderse en libertad sino que fueron enviados a esas prisiones.

En contraste los altos oficiales de la Policía Preventiva Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y a ocho estudiantes, el 08 de septiembre de 2017, están defendiéndose en libertad a pesar que pesan sobre ellos 12 delitos de torturas, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, lesiones y detención ilegal, sumando más de 200 años cada uno si el Ministerio Público actuara con diligencia, sin embargo los oficiales siguen ejerciendo influencia sobre el caso y las víctimas están siendo hostigadas por desconocidos.

Mientras las actuaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, han sido nefastas. Tres estudiantes sentenciados a prisión el año pasado; 75 con requerimientos fiscales oscuros en el 2016; unos 34 juicios penales en curso contra estudiantes que lo único que hicieron fue hacer uso del derecho a la protesta, dejan muy mal parada la administración del Fiscal General Oscar Chinchilla Banegas.

Las órdenes de captura contra jóevenes, requerimientos fiscales y demás acciones penales impulsadas por la ex rectora Julieta Castellanos, subieron los ascensores, en cambio las denuncias presentadas por abuso de autoridad contra ella y por campañas de estigmatización contra los estudiantes duermen un sueño tan plácido que quizá nunca tenga un despertar.

En cuanto a denuncias por violación de la constitución de la República en relación a la reelección de Juan orlando Hernández no se les dio curso en esa institución de justicia, tampoco las relacionadas con el fraude electoral del 26 de noviembre de 2017 que ha provocado una de las peores crisis políticas y abusos a los derechos humanos tan descarados por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Lo anterior solo para mencionar algunos de los casos donde el fracaso del Ministerio Público, y por ende del Fiscal General, es tan radical que para ocultarlo necesitaría muchas montañas empinadas.