La declaración la realizaron en contra del Comisionado de policía Leonel Sauceda y del ex Comisionado de Policía Félix Villanueva, quienes dieron la orden de proceder a rociar en sus caras, gas pimienta, bajarlos de un bus en donde se transportaban y posteriormente a golpearlos e insultarlos, según han denunciado las víctimas.

El hecho se produjo luego de un desalojo de estudiantes que mantenían una toma de las instalaciones universitarias, donde ocho estudiantes y cuatro defensores de los derechos humanos se transportaban en un bus del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh) y fueron atacados por policías al mando de los comisionados de la Policía Preventiva, Félix Colindres, Marlon Palma y Juan Manuel Aguilar-

Al MP

A las oficinas de la Fiscalía de los Derechos Humanos se presentó Carlos Del Cid, una de las víctimas de los graves abusos, quien presentó su declaración sobre la participación de los Comisionados Sauceda y Villanueva.

“La declaración que tenía interés la Fiscalía de los Derechos Humanos era saber si los oficiales a cargo del operativo, entre ellos Félix Colindres, Palma y Aguilar, actuaban de manera independiente o si ellos estaban obedeciendo órdenes que les giraba algún alto mando policial”, expresó Del Cid.

Según el afectado “nosotros confirmamos esa situación, porque durante todo el operativo que sabemos se realizó de manera irregular, se hicieron cosas totalmente torpes de parte de los tres oficiales, quienes estaban permanentemente usando sus teléfonos celulares, de una forma nerviosa comunicándose con personas, que ahora sabemos eran de altos mandos de la policía, en este caso conversaban con el Comisionado Leonel Sauceda y arriba de él, el ex comisionado de la Policía Félix Villanueva, en ese momento era el director de la policía”.

Del Cid confirmó que los altos oficiales “estaban girando órdenes de usar toda la fuerza necesaria, para sacarnos del bus, no importara el grado de violencia, el grado de daño que nosotros recibiéramos, a pesar de que ellos tenían las pruebas fehacientes de que estaban frente a defensores de derechos humanos y a estudiantes universitarios, entonces nosotros declaramos que existe culpabilidad y responsabilidad de parte del ex director de la policía y del comisionado Leonel Sauceda ante la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público”.

20 organizaciones detrás

De acuerdo a Carlos Del Cid la denuncia en contra de los altos mandos de la policía la presentaron ante el MP, unas veinte organizaciones de los derechos humanos, representadas en la Mesa de Derechos Humanos.

“Ellas supieron del caso y estuvieron en las afueras de la Universidad intentando entrar, suplicando, llamando por teléfono a las autoridades policiales de la Secretarías de Seguridad y a los altos mandos en el país, para que se pudiera realizar una inspección, se evitara ese grado de violación de los derechos humanos, en la que incurrieron estos oficiales policiales contra nosotros”, detalló.

Villanueva será llamado

Para Del Cid existe complicidad de parte de los comisionados Leonel Sauceda y el ex comisionado Félix Villanueva en el caso y tendrán que declarar . A su criterio el MP debe presentar requerimiento fiscal contra ellos .

“Félix Villanueva tiene que ser llamado a declarar al igual que Leonel Sauceda, porque ellos eran los dos jefes inmediatos y superiores de los tres oficiales: Colindres, Palma y Aguilar que estaban al mando del desalojo de estudiantes”, señaló el defensor.

En cuanto a las acciones del MP después de la declaración presentada, los organismos de los derechos humanos esperan que “ese requerimiento fiscal se emita lo más pronto posible en contra de los oficiales que causaron el daño a los ocho estudiantes y a los 4 defensores de los derechos humanos.

“Contra los tres policías que actuaron directamente contra nosotros tardó casi 5 meses en que la Fiscalía de los Derechos Humanos elaborara el requerimiento, lo sustentara y lo presentara. Esperamos que el requerimiento fiscal contra Villanueva y Sauceda no tarde 5 meses, sino que sea lo más pronto posible, para que a finales de este mes de abril estén siendo requeridos y se inicie un proceso judicial en su contra”, exigió.

A criterio de Del Cid, los comisionados: Sauceda y Villanueva, incurrieron en los delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos, abuso de autoridad y co-partes de los delitos de tortura, detención ilegal y lesiones”.

Dilatoria

Una de las fuertes críticas que hacen los organismos de derechos humanos y los estudiantes afectados, es la dilatoria que se le da al caso que se lleva en los juzgados de lo penal de Francisco Morazán, es la dilatoria que se le ha dado al caso de parte de la juez.

“Estamos preocupados y hemos estado denunciando una táctica dilatoria utilizada por la Juez Gabriela Gallo, responsable del juicio en contra de los tres oficiales de la policía, quienes agredieron a los estudiantes y los defensores de derechos humanos”, dijo Carlos Del Cid.

“Decimos que son tácticas dilatorias, coludidas casi con una acción de complicidad entre el Poder Judicial y en este caso la Secretaría de Seguridad que protege a los policías, porque la audiencia inicial en la que están siendo sometidos los tres oficiales, comenzó el 13 de marzo y ya en esta semana, entre el jueves y viernes 12 y 13 de abril, se está cumpliendo un mes de haber iniciado la audiencia inicial, cuando por lo general, las audiencias iniciales como máximo, tardan una semana. Normalmente tardan tres días en evacuarse y como máximo llegan a los cinco días”, explicó.

Para el también miembro del Observatorio Ecuménico Internacional en Derechos Humanos, “todo lo anterior nos dice que se le está dando todo tipo de beneficio a los policías agresores, a la Secretaría de Seguridad, a los abogados de los policías para que elaboren sus estrategias de defensa, para que protejan a sus defendidos y en cambio nos están dañando a todas las víctimas, porque nos mantienen en una zozobra, ya que estos oficiales de policía, pueden hacer desde sus posiciones de poder, daño hacia nosotros”, aseguró.

Recusar a la Jueza

Según Del Cid, las organizaciones de los derechos humanos analizan la posibilidad de solicitar una recusación en contra de la juez que lleva el caso y hasta pedir que sea sancionada por la tardanza que le está dando al caso.

“Las víctimas estamos ya en el punto de exigirle a la Fiscalía quien lleva la voz cantante y acusatoria en el caso, que recuse a la juez y si este viernes Gabriela Gallo suspende la audiencia o sencillamente se da una audiencia de 3 a 4 horas, cuando debieran ser audiencias de 8 horas, nosotros pediremos a nuestros abogados privados y la Fiscalía, que la recusen, para un cambio de juez y se le someta a un proceso de acusación”, concluyó.

Para el próximo viernes 13 de abril de 2018, a las diez de la mañana ha llamado la juez a las partes en conflicto para que se continúe con la audiencia de declaración de pericias o pruebas documentales en los juzgados de paz de lo criminal.