La acción en contra de los tres comisionados de la Policía la realiza la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, a través de una denuncia presentada por la Mesa de Derechos Humanos contra los imputados, ya que actuaron en perjuicio de la administración pública, la libertad y la seguridad del Estado de Honduras, la seguridad interior del Estado de Honduras, de Carlos Del Cid, María Morales, Ariel Díaz, Hedme Castro, Mario Silva, Cristián Sanabria, Santos Ruiz, Nahún Portillo Bryan González, Edwin Salas, Andi Villanueva y José Bustillo.

Hechos

El caso que se conoce como los acontecimientos del 08 de septiembre de 2017, donde agentes de la Policía Nacional acorralaron a estudiantes en un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y los afectados se fueron a refugiar a un micro bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), en compañía de defensores de derechos humanos, fueron torturados, golpeados y rociados con gas pimienta en sus rostros, por parte de los comisionados a cargo de la orden de desalojo de las instaciones del Alma Mater.

Continúa audiencia inicial

La abogada Kenia Oliva de la organización C-LIBRE en compañía de representantes de varias organzaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), además de familiares de los 8 estudiantes de la UNAH, indicó que la audiencia de este viernes 20 de abril es para evacuar las pruebas materiales como videos, entre otros.

“Se han evacuado hasta ahora 20 videos, los cuales fueron aportados como evidencia por parte del Ministerio Público, unos fueron registrados por las cámaras de la Universidad, la policía y también los hay grabados por los estudiantes”, afirmó.

Oliva señaló que “los videos lo que muestran claramente es que los policías torturaron y procedieron a tirarles gas pimienta a los defensores de los derechos humanos y a los estudiantes dentro del bus”.

Asimismo, “comprueban que los defensores de los derechos humanos lo que estaban solicitando en ese momento era que la policía les mostrara la orden de captura para los estudiantes que estaban dentro del vehículo del CONADEH, el cual había sido autorizado su ingreso a la universidad por los miembros de la policía que también estaban en ese momento dándole resguardo a las instalaciones”.

Oliva detalló que “los videos captan con claridad a los estudiantes que ya habían desalojado los predios de la Univeridad y que habían sido desalojado por la policía, pero que los tenían con candados. En las tomas hechas por los sectores queda claro que los policías abusaron de su poder y procedieron a tirar el gas pimienta a los defensores de los derechos humanos y a los estudiantes, lo cual los convierte a los oficiales de policía en delincuentes y de haber cometido el delito de tortura”.

Según la apoderada legal, también se realizó la inspección de un expediente en donde consta que el desalojo de los estudiantes en la UNAH ya había terminado a la hora en que los defendores de los derechos humanos ingresaron a la universidad a rescatar a los estudiantes que habían sido acorralados por la vigilancia interna del centro educativo.

En la audiencia de este viernes participaron los tres miembros acusados de la policía, algunas de las víctimas del hecho, apoderados legales y representantes de las organizaciones de los derechos humanos, además del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, además de Brigadas Internacionales de Paz, PBI, quienes verifican se respete el debido proceso en la causa que se les sigue a los comisionados de la Policía Nacional, quienes observan la audiencia.

Represión

Por su parte el abogado Alejandro Mairena del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, indicó que en los videos no se puede ocultar el tipo de represión del que fueron objeto los defensores de los derechos humanos y los estudiantes en el microbús del CONADEH.

“Fue un acoso permanente, existió la amenaza y una fuerte represión por parte de la policía”, aseguró.

Mairena expresó que en la audiencia se van a evacuar las pruebas de inspección del expediente en donde se analizará la expulsión que fueron objeto los defensores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Muestras de apoyo

A los tribunales de justicia se presentó en apoyo a los estudiantes y defensores de derechos humanos la diputada por el Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), María Luisa Borjas, quien fungió también como Comisionada de la Policía en la sección de Asuntos internos. Lamentó el comportamiento de la Policía Nacional contra los Defensores de los Derechos Humanos.

“La Policía fue creada para velar por la integridad física y la vida de los ciudadanos y no para violentarles sus derechos y para torturarlos, en la forma en que estos oficiales de policía lo hicieron contra los universitarios indefensos y contra defensores de derechos humanos”, afirmó.

Para la parlamentaria y ex miembra de la Policía Nacional, “los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, son personas que tienen protección en todos los Estados en todo el Mundo y no es posible que en nuestro país se violenten las garantías constitucionales de los defensores de los derechos humanos”, destacó.

“Ellos (los policías), deben ser mandados a prisión al igual que los que les dieron la orden de proceder, aunque para ellos es más difícil porque no dieron una orden escrita, conocen la ley y no pueden alegar ignorancia, saben que su misión es velar por la integridad física de las personas y que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos, los cuales no pueden violentarlos e interferir con las garantías constitucionales y mucho menos agredir a personas indefensas y que sólo están en una protesta legal”, concluyó.

Los delitos por los cuales se persigue a los policías violadores de los derechos humanos están: lesiones, abuso de autoridad, tortura, detención ilegal, entre otros, los cuales conllevan a una condena de aproximadamente de 120 años de cárcel por la acumulación de delitos, según los expertos, ya que la mínima ronda los 10 años de cárcel y son 12 delitos los que se les acreditan a los acusados, pero sumando los otros ilícitos serían unos 200 años.