Honduras aparece en el informe con 5 muertes violentas el año pasado, ubicándola en orden descentente en el octavo lugar, por debajo de Brasil con 57 personas muertas, Filipinas con 48, Colombia 24, México 15, Congo 13, India 11 y Perú con 8 personas ligadas a la lucha del medioambiente.
La lista dada a conocer por Global Witness de asesinatos registrados en el 2017, tambien detalla que en Nicaragua las muertes por la defensa de la tierra y ambiente alcanzó a 4 personas, en Guatemala a 3, Argentina, República Dominicana, Kenia, España, Myanmar y Turquía con 2 personas muertas en cada país y Liberia, Mozambique, Tanzania, Venezuela y Zambia con 1 deceso en cada uno.
En el informe se muestra claramente que la agroindustria es el sector más vinculado a los asesinatos por su creciente desarrollo que ha mostrado en los países en donde se han registrado las muertes de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Según Global Witness, 2017 es el peor año en cuanto a los registros de muertes en los últimos años, al contabilizar la muerte de “cuatro personas por año”, cifra record que preocupa tanto a los defensores de los derechos ambientales y de las organizaciones internacionales.
Igualmente la muerte de los 207 defensores de la tierra y el ambiente ha desatado la ira de muchas personalidades en el mundo, entre actores, escritores, defensores y organizaciones internacionales que han hecho llamados enérgicos a los países para que paren la ola de violencia contra los defensores en los países donde se han registrado las muertes y castiguen a los responsables, en su mayoría empresas extractivas de metales, madera y siembra de palma africana, café, entre otras.
Entre los activistas ambientales de alto perfil que señala en su informe Global Witness están Yuri Herrera, Margaret Atwood, Lily Cole, George Monbiot, Ben Fogle, Paloma Faith y Martin Freeman.
La información proporcionada por Global Witness vincula claramente a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año pasado, y a actores no estatales, como bandas criminales, con 90 asesinatos.
El informe "¿A qué precio?" expone que la agroindustria ha superado a la minería como el negocio más asociado a estos ataques y muertes de ambientalistas en los 22 países en referencia.
Anque la cifra de muertes dadas a conocer en el informe no son exactas porque probablemente “sea mucho mayor”, de destaca que “el asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales”.
Otro factor y no menos importante es la relación que tienen los productos que se fabrican en las tierras que se les quitan a los sectores campesinos e indígenas en los países afectados, donde el informe relaciona dicha violencia “con los productos que encontramos en nuestras alacenas: agricultura a gran escala, minería, caza ilegal, tala, en donde todos producen componentes e ingredientes de productos de supermercado, como aceite de palma para champú, soya para carne y madera para muebles”.
El caso de Honduras
Aunque se señala que en Honduras hubo una gran disminución en los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, deja claro que “empeoró la represión a la sociedad civil”, precisamente por los reclamos a las empresas y al gobierno en el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación de energía renovable a través de construcción de represas y proyectos mineros en varios sectores del país.
“En los últimos años se ha observado un mayor reconocimiento y acción por parte de los gobiernos y las empresas; pero se debe hacer mucho más y con urgencia para abordar este problema”, señala el informe.
En opinión de Paloma Faith, música y activista quien se refiere sobre Honduras dice que "a pesar de las protestas internacionales, todavía no hemos visto a nadie enfrentar la justicia por el brutal asesinato de la activista Berta Cáceres, quien recibió un disparo en 2016 durante una campaña para detener el desarrollo de la represa de Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Honduras”.
Y agrega que “su familia sigue luchando para que los responsables de este ataque sean llevados ante la justicia. Todos deberíamos sumar nuestras voces para apoyar su lucha y ejercer presión sobre el gobierno hondureño, para garantizar que el caso de Berta y las violaciones de derechos humanos contra muchos miles de activistas en el país sean debidamente investigados", concluye Faith.
Una elección contenciosa detonó una represión aún mayor de la sociedad civil en Honduras, uno de los países más peligrosos per cápita para las y los defensores.
La corrupción es la causa de gran parte de la violencia perpetrada contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Cuando las personas tienen un gran interés en que un proyecto avance, tienden a no mostrar muchos escrúpulos a la hora de asegurarse de que así sea, como lo demuestra el caso de la represa de Agua Zarca en Honduras.
La represa, propiedad de Desarrollo Energético SA (DESA), se asienta sobre el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas Lenca del occidente de Honduras. La líder indígena Berta Cáceres se opuso ferozmente a la represa y recibió amenazas de muerte durante años. Posteriormente, en marzo de 2016, fue brutalmente asesinada.
Los dueños de la represa utilizaron acciones legales para intimidar a quienes exigían una investigación adecuada sobre su asesinato. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2017, Suyapa Martínez, defensora de los derechos de las mujeres, fue citada a presentarse a la Corte, acusada de divulgar información inexacta y perjudicial sobre DESA. Luego, el caso fue retirado por el tribunal.
Fue un grupo internacional de abogados independientes (GAIPE), el que arrojó luz sobre quién fue el responsable del asesinato de Berta. La investigación del GAIPE concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento de su asesinato. El director ejecutivo de DESA, David Castillo, fue acusado de planificar su muerte y permanece arrestado, desde la publicación del informe - un acontecimiento bien recibido en medio de un panorama sombrío.
La investigación también expuso que, en el mejor de los casos, se estaba ante un alarmante nivel de negligencia o, en el peor de los casos, frente a omisiones deliberadas por parte de los investigadores oficiales del Estado. El GAIPE examinó 40.000 páginas de evidencia, que habían estado en posesión de los fiscales hondureños durante al menos 18 meses. Esta información crucial podría haberse utilizado antes para investigar a Castillo y sus cómplices como sospechosos del asesinato de Berta.
Existen claros vínculos entre el gobierno y DESA, los cuales sugieren un posible encubrimiento. Entre los jerarcas de la empresa se encuentra una serie de ex funcionarios del gobierno; por ejemplo, el propio Castillo trabajó para la inteligencia militar, mientras que cuatro de los enjuiciados por el asesinato de Berta tienen vínculos con el ejército. Incluso, el gobierno, junto con DESA, presentó cargos legales contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización a la que pertenecía y la cual lideraba Berta, y no protegió a sus integrantes cuando fueron amenazados.
Además, la MACCIH, un panel internacional contra la corrupción en Honduras, está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del partido gobernante y las empresas que ganaron licitaciones para construir proyectos hidroeléctricos, incluida la represa de Agua Zarca. El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, renunció en febrero de 2018 señalando la persistente resistencia del gobierno frente a sus investigaciones.
DESA insiste en que Agua Zarca no está vinculado a ningún acto de violencia, que el proyecto siempre ha actuado de acuerdo con la ley hondureña, y que el informe del GAIPE es un documento fabricado, que contiene interpretaciones falsas basadas en conversaciones seleccionadas, que han sido sacadas de contexto.
El asesinato de Berta y la búsqueda de justicia se produjeron en medio de la agitación política y los niveles alarmantes de violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En nuestro informe de enero de 2017, “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”, revelamos que más de 120 personas fueron asesinadas entre 2010 y 2016, una cifra per cápita mayor a la presentada en cualquier otro lugar del mundo durante el mismo período. Demostramos cómo empeoró la situación en un contexto de impunidad, corrupción y la supremacía de los negocios a cualquier costo, lo que caracteriza al régimen del presidente Juan Orlando Hernández. El informe provocó una reacción hostil por parte de las autoridades, que amenazaron a nuestro personal con el arresto, en medio de una sofisticada campaña en línea para desacreditar nuestro trabajo y el de muchos otros activistas.
Si bien el número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente parece haber disminuido en 2017, en general las personas defensoras de derechos humanos enfrentan una mayor represión. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores.
Las elecciones del año pasado ofrecieron una posibilidad de cambio, pero esas esperanzas se desvanecieron cuando las protestas callejeras por el presunto fraude electoral, dejaron un saldo de más 30 personas asesinadas. La ONU encontró que, al menos 16 de ellas, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno. El presidente Hernández fue declarado ganador el 17 de diciembre de 2017. Pero el resultado fue cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que hizo un llamado a que se realizaran nuevas elecciones, declarando que “el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias (...) y carente de integridad”.
Las amenazas y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente siguieron siendo habituales en 2017. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2017, Martín Fernández, coordinador del MADJ, una organización que trabaja temas de derecho a la tierra y corrupción, fue agredido por hombres armados. Fernández había estado inspeccionando el daño ambiental causado por un plan hidroeléctrico en el norte de Honduras. Otro miembro del MADJ, Luis Mejía, recibió una nota debajo de su puerta después de que su casa fuera baleada el 12 de octubre de 2017. La nota decía:
Luis no te queremos matar, pero si no te desapareces en tres días, sí te vamos a matar.
Luis, quien se ha opuesto muy activamente a la tala ilegal en sus tierras ancestrales, dejó su casa, temiendo por su vida.
El río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas locales y el sitio de la controvertida represa de Agua Zarca.
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Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016.
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Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas.
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La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE HONDURAS
- Abordar las causas fundamentales. Garantizar que la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) opere de manera efectiva, independiente y que se implementen completamente sus recomendaciones.
- Apoyar y proteger a las personas defensoras. Asegurar que el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos tome acciones para prevenir ataques contra personas defensoras, y que sus medidas de protección se determinen según un análisis de riesgo completo, que evalúe de forma integral las necesidades de la persona defensora en riesgo.
- Garantizar la rendición de cuentas. Establecer una comisión internacional independiente que investigue los abusos contra los derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales de 2017 y sus consecuencias.
Global Witness finaliza señalando que los defensores de la tierra nunca se extinguirán a pesar de las acciones violentas de las sectores poderosos y de la confabulación de los gobiernos, sin embargo apoyarán para que sus voces se escuchen y puedan ser factores de cambio y a la vez se les respeten sus derechos y decisiones de defender la tierra y el medio ambiente.
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