Informaron que las compañías mineras utilizando a la población a quienes les pagan o trabajan con ellos, iniciaron una campaña de estigmatización en contra de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG), del Centro de Investigación y Protección de los Derechos Humanos (CIPRODEH), y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), con una manifestación pidiendo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos abandoran la zona que se encuentra en conflicto.

Varios empleados y pobladores afines a las empresas mineras salieron con pancartas descalificando el trabajo de acompañamiento a las víctimas de los efectos de la contaminación ambiental que hacen las organizaciones arriba indicadas. 

Cabe destacar que la policía no llegó a desalojarlos tal como lo hace cada vez que la población del sector y de otros lugares del país donde hay explotación minera, sale a las calles a protestar, resultando en detenciones ilegales , heridos y afectados por los gases de las bombas lacrimógenas.

Graves daños en la población 

Las organizaciones afectadas culparon al Gobierno de Honduras por el impacto negativo que las campañas puedan tener en ellas y en las personas que realizan trabajos en las zonas a favor del respeto de los derechos humanos y de los pobladores afectados.

Los pobladores de Azacualpa piden a las compañías mineras que respeten el cementerio en donde tienen enterradas a sus familiares, sin embargo las empresas insisten en despojarlos de sus tierras ya que la zona es de gran potencial para la extracción de metales como el oro, plata, zinc, entre otros, y se encuentran en grandes cantidades.

Minerales de Occidente ,MINOSA, una empresa canadiense subsidiaria de  la compañía Aura Minerals,desarrolla un proyecto de explotación de oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras.

La explotación se realiza a cielo abierto en la mina de San Andrés, ubicada en el municipio de La Unión, Copán y ocasiona graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondureña.

Campaña contra defensores

Víctor Fernández del MADJ, indicó a pasosdeanimalgrande.com, que la campaña de despretigio “es el patrón histórico de las empresas que son parte del modelo extractivo y saqueador de la riqueza en el país, que cuando encuentran oposición de organizaciones y comunidades, el primer recurso que utilizan es el ataque y en el caso particular de MINOSA tiene que ver con que hace muchos años vienen desarrollando una serie de comportamientos que han constituido notorias violaciones a los derechos humanos”.

Fernández explicó que la campaña de estigmatización se da porque “aquí ninguna organización les había hecho una oposición en el territorio con un proceso organizativo importante con un grupo de pobladores de Azacualpa, pero además no les habían hecho oposición en la institucionalidad del sistema de administración de justicia en el país y como ahora se les está haciendo eso, sienten que el mundo se les viene abajo y por eso desarrollan este tipo de campañas de mentiras o sobre la base de la mentira”.

Fernández dijo que como abogado de profesión y defensor de los derechos humanos, a través del MADJ realizan acciones de amparo a favor de varios ciudadanos del municipio de La Unión, en Copán, “para evitar de que se explote el cerro de El Cementerio porque explotar esa zona, cerrar el cementerio implica la violación de varios derechos humanos fundamentales”.

“Dentro de esos derechos están el derecho a la soberanía popular, porque ese municipio en cabildo abierto decidió que no van a cerrar el cementerio y esa es la voluntad soberana de la comunidad, luego somos del criterio que imponer el cierre del cementerio significa violar el derecho a la cultura que tiene la comunidad, el derecho a la integridad personal, física y moral de los habitantes y el tribunal que conoce la causa, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, admitió el amparo y ordenó a la municipalidad de La Unión, que está coludida con la Empresa MINOSA, que parara las exhumaciones y evitara la explotación del recurso minero”, explicó.

El apoderado legal de los afectados indicó que no hay ninguna acción en contra de ellos que pare las actividades que están realizando en la zona en defensa de las personas de ese espacio fundamental, sagrado para quienes tienen enterrados en la zona a sus familiares.

Pretender explotar el cementerio atenta contra la obligación que tiene el Estado de proteger la familia, esa acción de exhumación de cuerpos para trasladarlas a otro sector de parte de las compañías mineras tiene confrontada a muchas familias allí en Azacualpa, subrayó.

“Ellos creen que pagándole a todo mundo están salvados, pero hay gente con la suficiente moral para no aceptar lo que las empresas están haciendo en ese lugar y dentro de esa campaña sucia, envidiosa sin ningún fundamento y dentro de ese conflicto, salimos afectados nosotros, donde la empresa u otro tipo de personas desarrolle esta campaña contra nosotros”. Denunció.

Gobierno está confulado con mineras

Para el entrevistado el Gobierno es el principal responsable porque se ha coludido con una serie de instituciones como COPECO, la Región Sanitaria de Copán, el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,(CONADEH), la Presidencia de la República, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que han estado dispuestos a otorgarles todos los caprichos y las ilegalidades en que operan estas empresas mineras”, agregó.

Para Fernández en el ataque contra las organizaciones se utiliza a los trabajadores de la empresa para realizar campañas en las redes sociales, a desarrollar agresiones en la zona, donde ya se han presentado acciones contra empleados de ASONOG y CIPRODEH, quienes ya fueron retenidos por empleados de la empresa MINOSA en un acto de fuerza contra ellos con intentos de ataque.

“La Empresa MINOSA ha hecho campañas a nivel de los financiadores de estas organizaciones de derechos humanos, para que no les sigan financiando su trabajo y allí también les han mentido, señalándoles que al ser financiados también están financiando a grupos criminales en la zona, con una campaña falsa y eso es una rabieta porque MINOSA tiene años de saquear esa zona y de sólo dejar migajas en las comunidades y al hacerles un poco de contrapeso se sienten que son afectados en su confort”, concluyó.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitió el siguiente comunicado donde adquierte del clima de tensión y de las acciones que realizan las compañías mineras para realizar la extracción de minerales en varias zonas del país:

COMUNICADO

La delegación gubernamental integrada por INHGEOMIN, MIAMBIENTE y Secretaria de Derechos Humanos bajo la facilitación del gobernador departamental y el Comité Municipal abordamos en reunión durante dos días el conflicto abierto impuesto por el Estado de Honduras al concesionar proyectos mineros violentando derechos fundamentales de las comunidades en el Municipio de Tocoa.

La conversación incluyo dos propuestas. La Estatal que promueve la minería como proyecto de desarrollo económico y oportunidad para las comunidades de obtener beneficios, aunque destruya las fuentes de agua, y la segunda que sale del movimiento social y es un rechazo a la minería a cielo abierto porque está destruyendo los ríos San Pedro y Guapinol y se aproxima a destruir el rio Tocoa, constituyendo violación al derecho humano al agua, al ambiente, al territorio y la paz. Además los proyectos estan en una área protegida de parque nacional.  

La postura de rechazo a la minería y el hecho de responsabilizar al Gobierno el haber creado la situacion dramática que vivimos, es fuerte e insoportable. Pero las implicaciones de la minería sobre el agua son muy fuerte, y no cabe la negociación.

Puede haber puntos de acuerdo para avanzar en la garantía de los derechos según lo expresa la constitución de la Republica y el derecho internacional. El gobierno no se puede conculcar un derecho tan esencial argumentando semejante barbaridad. Estaban definido siete puntos para avanzar al dialogo manteniendo el campamento durante el proceso. Sin embargo, el Dr. Carlos Izaguirre manifestó que las comunidades a favor de la minería se sienten agredidas y van a explotar, acusó al movimiento social de tener secuestrada a las comunidades pro minería y responsabilizó al Comité de lo que ocurriera entre grupos.

Desde el Comité lamentamos lo expresado por el responsable de la delegación gubernamental, por la forma en que lo dijo el Dr. Carlos Izaguirre tiene información de lo que planean los habitantes de las comunidades bajo influencia de la empresa minera. En reunión con los habitantes durante su visita de inspección visual al proyecto minero, recibió denuncias que no son ciertas, nosotros hemos reiterado que nuestra lucha no es contra los habitantes del Municipio. El campamento tiene un objetivo, exigir al gobierno la inmediato resolución para el retiro de las empresas mineras en el Municipio.

El Dr. Carlos Izaguirre dijo que como gobierno no responde por hechos violentos entre ambos grupos en pugna y responsabilizó al Comité, eximiéndose de capacidades, análisis y trabajo con Caritas. El gobierno tiene reponsabilidad de proteger la vida humana de todos los habitantes pero el Dr Izaguirre y su equipo se levanto y se fue de la reunión en clara evidencia de olvido de sus responsabilidades administrativas. Desde ya responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda ocurrir en el campamento de la asamblea popular  y en cualquier lugar que se encuentren compañeros que participan en exigencia de su derecho al agua. Igualmente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse ante tal decisión gubernamental en clara violación a los derechos del ser humano.

Tocoa, 15 de agosto 2018

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Publicos.