El departamento de La Paz se ubica en la zona central de Honduras. Cuenta con más de 200 mil habitantes y su población es descendiente de la etnia lenca. Su riqueza natural ha atraído la voracidad empresarial.

Sus ríos vistos como mercancía están casi prohibidos para sus habitantes. El establecimiento de hidroeléctricas propiedad de la diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López y su esposo, han acaparado el vital líquido, el cual según defensores y defensoras de derechos humanos en el futuro cercano será un sueño.

La persecución, amenazas, crímenes y hostigamiento contra quienes defienden los territorios ha generado el silencio en el sector. Los periodistas y comunicadores sociales en su mayoría han optado por callar para no tener problemas, solo unas pocas voces se escuchan, algunas de ellas han querido ser silenciadas con querellas o amenazas de juicios por funcionarios estatales o empresarios con el fin de generar el temor.

“Aquí no se respeta la libertad de expresión e información, hay autocensura limitando ese derecho más cuando se realiza cobertura independiente”, dijo otro comunicador social del municipio de La Paz, que solicitó reserva de la fuente por temor a represalias.

Se incluye en las estrategias contra la prensa independiente la desacreditación en redes sociales. Lo que más les preocupa a quienes ejercen el periodismo es que está prohibido abordar temas como el de la minería, hidroeléctricas, actos de corrupción, entre otros, los que se convierten en temas delicados y peligrosos.

El cierre de espacios informativos no es nada nuevo ya que la libertad de expresión está condicionada en parte por el premio o castigo a través de la publicidad oficial.

Según informaron varios de los entrevistados solamente hay dos medios de comunicación, una radio local y un canal de televisión. La información sale de La zona por medio de comunicadores sociales que la transmiten hacia la capital del país, generalmente sin recibir una remuneración, lo que precariza la vida de éstos, y además puede o no difundirse dependiendo si toca intereses de gente poderosa.

En un conversatorio realizado por la Asociación por la democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, sobre la situación de la Libertad de expresión e información en La Paz, los trabajadores de la comunicación manifestaron que se suman a esos obstáculos la falta de acceso a la información.

El cierre de fuentes informativas dificulta asimismo la labor periodística, según los denunciantes los diputados de este departamento no le dan entrevista a todos los comunicadores, hay alguna prensa tarifada y no pueden tener acceso a la información quienes no son afines al gobierno de turno.

En este departamento la mayoría son comunicadores sociales que ejercen el periodismo  a través de espacios independientes que pagan en esos medios, pero hay un  peligro latente de cierre por hablar lo que pasa y que afecta a la población. 

A pesar de estar divididos por el tema de la política , se sienten oprimidos por no poder expresarse con toda libertad y el temor a las amenazas les lleva a hacer malabarismos para poder informar en mínima medida a la población.

En este municipio fue querellado el comunicador social Gilberto Gálvez, por la alcaldesa Gilma Ondina Castillo, por haber publicado en su página de Facebook críticas del mal uso de fondos públicos. Al final un tribunal desestimó la causa por la argumentación del área legal de la ASOPODEHU que apoyó jurídicamente al afectado.

La falta de protección estatal para los periodistas y comunicadores sociales de la zona está dejando prácticamente sin la información vital a la sociedad de La Paz, lo que violenta el derecho a la libertad de expresión e información, y coloca al ejercicio periodístico en un escenario de arenas movedizas.

El problema es que cuando denuncian ante las instancias estatales sobre amenazas que están viviendo,  la información se filtra o los casos son engavetados dejando en completa indefensión a los periodistas.

El Mecanismo de Protección en Honduras entró a funcionar  en el 2016,  después de que se aprobara en mayo de 2015 la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia, ha atendido 325 solicitudes de medidas de protección.

De esas solicitudes 46 corresponden a periodistas y 27 a comunicadores sociales pero fueron cerradas 6 y están en proceso 67, según una investigación de pasosdeanimalgrande.com.

Otra medida que se ha anunciado es la creación en marzo de 2018 de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia,(FEPRODDEHH), pero todavía no se le ve acción, supuestamente no cuenta ni siquiera con mobiliario para operar, aunque según información de fuente creíble, para el presupuesto de este año se había negociado la inclusión un millón de dólares para su funcionamiento, pero no se sabe dónde fue a parar ese dinero pues ahora se aduce falta de recursos.

Vea investigación reciente de pasosdeanimalgrande.com sobre la situación de los periodistas aquí en este Link