La agenda de los represores está full para detener el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en un contexto de violencia, represión contra la protesta social y criminalización en los tribunales de la República.

El 27 de septiembre de este año la periodista londinense Nina Lakhani y la defensora internacional de derechos humanos Annie Bird fueron objeto de una campaña de desprestigio y de odio por una supuesta organización campesina del Aguán que llamó al Estado de honduras a investigarlas por vinculación con grupos criminales y narcotráfico. Esto se dio en el contexto del inicio del juicio contra ocho de los autores materiales del crimen contra Bertha Cáceres.

En la semana anterior fueron emitidas unas 18 órdenes de captura emitidas por un juzgado con jurisdicción nacional que conoce casos de crimen organizado, contra igual número de personas defensoras de derechos humanos que se mantienen en un campamento de resistencia en la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, en demanda del retiro de las operaciones de la minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, yerno e hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé. Esta empresa está ocasionando daños ambientales contra las fuentes de agua de varias comunidades del sector.

Vínculos y ataques

El día 09 de octubre de 2018 un sujeto desconocido agredió con puñal a los jóvenes Raúl Hernández Hernández y Santos Manuel Hernández Lazo que el Movimiento Indígena Lenca de la Paz, MILPAH, había invitado para participar en un evento de Radios comunitarias en la ciudad de La Paz.

De acuerdo al parte policial emitido Nelson Geovani Castro Castillo de 48 años de edad, originario y residente en el municipio de Siguatepeque Comayagua, habría herido de gravedad a cuatro jóvenes con arma blanca tipo puñal. 

Los muchachos fueron atacados de manera sorpresiva por el detenido provocándole varias heridas de gravedad en su espalda. Tras la acción  varios ciudadanos lograron capturar al hechor y, tras atarlo, fue entregado a funcionarios de la Policía Nacional para su respectivo procedimiento legal. Según informe preliminar de los médicos que atendieron a los jóvenes, ellos,  presentan heridas en la espalada y abdomen las cuales produjeron  perforaciones en sus pulmones siendo trasladados al hospital Roberto Suazo Córdoba de la ciudad de La Paz, describe el informe de la policía de La Paz.

Sincronización o coincidencia

A eso de las cuatro de la tarde de este 10 de octubre de 2018 Ians Rivera, voluntario del MADJ en la ciudad de Tela, fue secuestrado por desconocidos cuando viajaba de San Pedro Sula hacia Tela. Él fuera víctima de torturas en el marco de la crisis por el fraude electoral, por los cuerpos represivos estatales.

Según una publicación del MADJ , él se encontraba en el  baúl de una camioneta negra. Esta organización ha sido víctima en las últimas semanas de una campaña de estigmatización y de odio en redes sociales hacia sus dirigentes hace escasos días.

De acuerdo a la versión de la Policía Nacional-UMEP número 11, de El Progreso, Yoro, a través de un comunicado de prensa señaló que el joven Rivera fue liberado tras una acción de respuesta rápida de varias unidades de patrullas y motorizadas que dieron persecución a los responsables hasta la aldea de Urraco Pueblo, en el Progreso Yoro.

Posteriormente Ians fue llevado a Medicina Forense para su respectiva evaluación. Curiosamente la policía no informó de capturas contra los secuestradores a pesar que señala en su comunicado que hubo desplazamiento de varias unidades que le dieron persecución al vehículo donde lo llevaban.

Este hecho se produjo en un contexto del involucramiento de Lorgio Oquelí Mejía Tinoco,  jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional, en bandas delincuenciales,de acuerdo a lo que ha publicado el Ministerio Público y que tiene cobertura mediática.

Mientras este mismo día a horas cercanas, en la ciudad de Choluteca hombres desconocidos llegaron hasta donde se encontraba la madre del defensor de los derechos humanos Henry Rodríguez a quien le manifestaron que éste debía callarse de cosas que sabía de personas de la zona o de lo contrario la matarían a ella y a toda la familia.

Rodríguez junto a la defensora de derechos humanos Nivia Vargas y otro defensor fueron objeto de un ataque a mediados de septiembre de este año cuando hombres armados entraron al apartamento donde los tres se encontraban llevándose una computadora, un celular y documentos con datos de casos abordados desde el trabajo que realizaba Henry Rodríguez cuando laboraba en ese entonces en  la organización ACI-Participa, que tiene una oficina en Choluteca.

El joven ha sido víctima de otros ataques en las semanas anteriores y aunque interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, no se tiene resultados ni avances en las investigaciones.

Henry Rodríguez está acogido al Mecanismo de Protección y es acompañado ante esta instancia y en sus acciones de demanda de justicia por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.