Es por eso que un aproximado de 50 organizaciones que representan los 10 sectores, se reunieron este 06 de noviembre de 2018 en un Hotel de Tegucigalpa para trabajar en la elaboración del primer borrador de lo que pretenden sea la Ley de Igualdad y Equidad.
La propuesta de Ley tendrá el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, así como promover y garantizar que la dignidad, la libertad, la igualdad y la equidad de todas las personas sean reales y efectivas para evitar toda forma de discriminación que impida el pleno desarrollo de las personas en el disfrute de sus derechos humanos en la vida política, económica, cultural y social del país.
Se entenderá por discriminación toda distinción, postergación, exclusión o restricción y/o preferencia que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, género, edad, capacidades especiales, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones ideológicas, opción de trabajo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, estado civil, apariencia física o cualquier otra lesiva a la dignidad humana, tenga por efecto limitar, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos, la igualdad real de oportunidades y de trato digno de las personas.
Mesas de trabajo
Kevhin Ramos:"No es fácil para nosotros enfrentar el poder y la influencia del clero, ellos representan una de las barreras más grandes para la democracia". |
Los insumos se recogerán a través de mesas de trabajo que enlistarán las necesidades y exigencias de cada sector, mismas que serán documentadas por facilitadores, para impulsar que sus derechos sean constitucionalmente reconocidos, así lo expresó Kevin Ramos, Gerente de Participación Política de Incidencia del Centro para el Desarrollo y la Cooperación de LGTBI (C.D.C).
Explicó Ramos que se reunieron para capacitar a estos facilitadores y así a partir del 07 de noviembre de este año comiencen a trabajar con cada mesa, de esta forma es más fácil entender cuáles son los puntos de vulnerabilidad que necesitan ser jurídicamente reforzados, cada quien desde su ángulo en el que enfrente desventajas ante el sistema.
Además de ésto, Ramos expresó su satisfacción ya que casi el total de las organizaciones, un aproximado de 50, atendieron la convocatoria y se mostraron comprometidas a que este proyecto se vea culminado.
¿Qué pretende esta Ley?
El ante proyecto de ley va encaminado a que se legisle en favor de la no discriminación de grupos vulnerables entre ellos niños, defensores, mujeres, grupos étnicos, adultos mayores, entre otros, por eso es indispensable que cada mesa exponga sus necesidades y que queden plasmadas en este documento, apuntó el entrevistado.
Asimismo indicó que ya han tenido avances en conversaciones con diferentes sectores del gobierno como la Secretaría de Derechos Humanos y la de inclusión Social “donde hemos encontrado receptibilidad en especial de la Designada Presidencial Olga Alvarado, quien nos ha facilitado todo el apoyo necesario y asesoría en materia de inclusión para llevar a cabo estas jornadas de capacitación”.
Luchan contra la corriente
No obstante expresó que han encontrado obstáculos en el camino, uno de los más grandes y que hace que sean excluidos por el Estado es la Iglesia, “no es fácil para nosotros enfrentar el poder y la influencia del clero, ellos representan una de las barreras más grandes para la democracia ya que no reconocen nuestros derechos, bajo la mesa influyen para que no se nos escuche.
Citó como ejemplo a la Confraternidad Evangélica de Honduras con sus máximos jerarcas, el pastor Mario Tomas Barahona y el pastor Alberto Solórzano, “quienes a través de los medios de comunicación hacen mofa de nosotros, manipulan las creencias religiosas de la gente para menospreciar nuestras exigencias. Sabemos que la población en nuestro país es muy religiosa y de eso se aprovechan, ellos constituyen uno de los factores que juegan en contra de nuestras aspiraciones para ser tomados como iguales ante el Estado”.
Presentaron una denuncia contra Juan Orlando Hernández
Aseguró el dirigente LGTBI que se vieron en la obligación de interponer ante los juzgados una denuncia en contra del mismo Presidente Juan Orlando Hernández, quien dijo que como cristiano estaba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, “lo que representa un discurso de odio y discriminación para nosotros, el sector social que no comulgamos con esa idea, él como presidente está en la obligación de cuidar el principio de laicidad del Estado y no debe expresarse de esa forma so pena de entender que está siendo manipulado por el poder que detentan los grupos religiosos”.
Ramos expresó que si así actúa la cabeza entonces se entiende por qué esta comunidad recibe ataques y son relegados socialmente a las sombras donde se cree que no existen, “nosotros los grupos LGBTI somos víctima de acoso, no tenemos derecho a expresarnos ya que recibimos amenazas”.
Denunció que existe un patrón de ataque contra el sector LTGBI, al extremo que se introducen a sus organizaciones y sustraen información, destruyen los sistemas de cámaras.
Refirió que han recibido ataques a los liderazgos como David Valle, Victoria Hernández y Alex Osorto, quienes han sido los referentes para que se lleven a cabo los procesos de inclusión. “Es por eso que como grupos organizados, estamos emprendiendo este tipo de proyectos para que la ley les recuerde a los gobernantes que aunque no pensemos igual y no comulguemos con sus ideas, existimos y tenemos derechos, y demandarlos no nos convierte en delincuentes”.
También están los ataques directos contra Donny Reyes, Director de la organización LGTB, Arcoiris, quien además denunció que su oficina ha sido objeto de reiterados intentos de supuesto asalto siempre que han hecho actividades a favor de los y las integrantes de esa entidad.
Mientras Kukulcán también perteneciente al sector LGTBI está siendo víctimas de reiterados ataques, entre ellos patrullas policiales que se aparcan cerca de sus oficinas como una forma de amedrentamiento y hostigamiento, así como amenazas contra los integrantes de esta institución y aunque han interpuesto las denuncias en tiempo y forma ante el Ministerio Público, no tienen respuestas.