Al llegar a Estados Unidos las mujeres fueron detenidas por las autoridades de migración y después de un proceso violatorio de los derechos humanos, las obligaron a firmar sus deportaciones.

La mayoría de estas mujeres son oriundas de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, seguidos de Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro y con mucho esfuerzo llegaron a Estados Unidos sin conocer los procedimientos de refugio, una situación que ubicó en situación vulnerable ante los engaños y falsedad de información que les dieron las autoridades migratorias norteamericanas.

Por ejemplo, una de las cosas más comunes de escuchar es que los migrantes detenidos deben de pagar una fianza en dólares. Pero esa fianza solo es el requisito para que la persona detenida pueda salir de la cárcel mientras dura un proceso legal que le sigue la justicia norteamérica.

Es mala la comparación pero es parecido a la fianza que pagó la ex presidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, por el caso de las pastillas de harina o la que han pagado varios diputados y funcionarios de gobierno por el robo de los fondos públicos. Ellos sí cometieron delito.

En otras palabras, si usted está preso por entrar sin permiso a Estados Unidos, las autoridades le abren un proceso legal en el que tiene derecho a defenderse en libertad si paga la fianza o dentro de la cárcel si no lo hace. Eso indica que la fianza no es obligatoria porque el proceso judicial debe continuar si se paga o no.

Y al final es un tribunal de justicia el que determina si le concede al imputado o no el asilo político solicitado.

Cabe mencionar que en Estados Unidos se criminaliza la migración y las autoridades del ramo hacen todo lo posible para que la gente que entra sin permiso a su territorio regrese su país de origen.

Una de las estrategias que utilizan es ocultarles a los migrantes que estando en la cárcel y sin pagar la fianza también pueden seguir su proceso migratorio con posibilidades ganar su caso en la corte. Tampoco les dicen a los detenidos que esa fianza que les piden pagar solo es para defenderse en libertad.

El simple hecho de pagar esa fianza no les garantiza a los migrantes detenidos que el juez dictará sentencia favorable para ellos.

Otra situación irregular que se suma a la falta de información es el sometimiento al encierro y a las presiones psicológicas por parte de las autoridades migratorias. Quienes emigran de Honduras son los pobres al verse aterrorizados por no contar con los fondos de la fianza, terminan firmando la deportación.

“Y cuando vienen y se les explica como en realidad son las cosas, ellos se lamentan y dicen, si hubiera sabido me hubiera quedado allá, preso tres años y no venirme para acá donde me pueden matar”, dijo a pasosdeanimalgrande.com una persona cercana al Consejo Noruego para Refugiados.

Sostuvo que 50 de las 324 mujeres en riesgo atendidas por la institución, habían formado parte de la primera caravana de migrantes que salió de Honduras para Estados Unidos, en abril del año pasado. Ellas huían de las amenazas de muerte, de la extorsión y del riesgo a que sus hijos fueran reclutados por grupos de crimen organizado y de las maras y pandillas.

El Centro Noruego para Refugiados también registró en el 2018 el desplazamiento forzado interno de 617 personas dedicadas en su mayoría al transporte y comercio, que reportaron violencia de género, amenazas del narcotráfico y de las maras y pandillas.