La sentencia ha causado revuelo en los círculos sociales y políticos que reconocen en la parlamentaria el valor para referirse en los medios de comunicación sobre ese tema espinoso en Honduras, por el económico que representa esa familia.

Prevaricato y abuso de autoridad

La Red Nacional de Derechos Humanos, organismo que agrupa a diversas organizaciones sociales, en conferencia de prensa realizada este miércoles 30 de enero se solidarizó públicamente con la diputada Borjas y exigió investigar de manera urgente al Presidente de la CSJ, Rolando Argueta, por abuso de autoridad y prevaricato.

Mediante un comunicado elaborado para tal fin, la Red de Derechos Humanos, afirma que el fallo dictado por Argueta no es jurídico sino político, porque según ellos, previo al juicio de María Luisa Borjas, hubo acuerdos de los cuales aseguran tener información.

Sostiene la Red que el fallo carece de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e incluso de la resolución emitida por esa misma Corte, en el caso del también diputado de Libre, Jorge Calix, querellado por difamación y calumnia.

Para ellos las expresiones vertidas por la diputada María Luisa Borjas, no constituyen ataques conscientes ni intensiones de dañar el honor de Camilo Atala, sino de abrir el debate sobre la participación de policías, militares y empresarios, en las muertes violentas de Berta Cáceres, el fiscal Orlan Chávez y Alfredo Landaverde.

Para el defensor de los derechos humanos y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), doctor Juan Almendarez Bonilla, en este país las autoridades mantienen un sistema punitivo, persecutorio y militar, por lo que María Luisa Borjas ya estaba condenada desde el momento en que mencionó a los militares y policías.

Sostuvo, que el fallo no obedece a un acto constitutivo de difamación ni de acallarla como defensora de los derechos humanos sino que es un tema transversal que golpea a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos y a la ciudadanía que denuncia las irregularidades de los grupos de poder.

En el mismo sentido también se ha pronunciado el Director del Centro de Promoción de los derechos Humanos,(Ciprodeh), Wilfredo Méndez, quien califica la situación como una política de terror.

El fallo de María Luisa es otro de los tantos que se han dictado en Honduras contra periodistas y defensores de los derechos humanos que han sido acusados por difamación, calumnia o injurias, tres figuras delictivas contenidas en el Código Penal hondureño y contra las que ya se han pronunciado organismos nacionales y extranjeros que solicitan que estos delitos sean manejados a instancias jurídicas de lo civil.

Y ante tal situación, el director del Comité de la Libre Expresión (C-Libre),Edy Tábora, le apuesta a la conformación de una red que permita la ejecución de acciones de presión para separar la difamación, la injuria y la calumnia del Código Penal.

Quieren asesinarla políticamente

A la conferencia llegaron al menos diez de los treinta diputados que conforman el Colectivo Parlamentario del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), al que pertenece la diputada Borjas, y a juicio de ellos lo que buscan las autoridades es inhabilitarla políticamente.

Edgardo Castro, diputado del departamento de Cortés de ese partido político dijo que la dictadura quiere arrebatarle la diputación a su compañera de cámara, porque no le perdonan que en el pasado haya vinculado funcionarios de la policía y de la Secretaría de Seguridad con actos de corrupción y de narcotráfico.

María Luisa Borjas es una ex comisionada de la Policía Nacional de Honduras, que se graduó en la escuela de Carabineros de Chile y que estando en sus funciones policiales llegó a ocupar la Dirección de Asuntos Internos donde tuvo la oportunidad de investigar y denunciar a funcionarios de esa entidad, involucrados en corrupción y crimen organizado.

Por las denuncias que realizó a inicios de la década del 2000 fue separada de esa institución armada.

Y ahora la quieren asesinar políticamente, dijo la diputada de Libre e hija de Berta Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, asegurado que María Luisa cuenta con el respaldo y la solidaridad de su familia y del COPINH como organización.

“María Luisa fue la primera que tuvo el valor de develar ese informe de la ATIC y en ese momento mi familia se sintió respaldada”, dijo la hija de Berta Cáceres.

Criticó que si la información que dio a conocer María Luisa se desprende de un informe de la ATIC y a ella la condenan por difamación por qué no investigan a la ATIC y meten a la cárcel a los responsables del informe.

Sostuvo que ella se encargará de realizar un lobby internacional para defender a su compañera de los atropellos que es víctima por parte de la justicia hondureña y de los poderes económico y político.

Por su parte la diputada y ex comisionada de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, sostiene que solo le dio lectura a un informe de la Policía y que no se retracta de lo que en su momento dio a conocer.

Aseveró que el informe tenía toda la apariencia de formalidad y legitimidad, como sellos, folios, logotipos y firmas. “Y no me podía quedar callada ante la magnitud del informe”, reiteró.

Para ella era un tema de interés público por tratarse del asesinato del Fiscal, Orlan Chávez, el de Alfredo Landaverde y Berta Cáceres.

Lamentó la actitud del Presidente de la Corte, Rolando Argueta, a quien se le ve la intensión de dañarla, pese a que en ese poder del estado se ventilan casos de mayor relevancia como el de la Caja chica de la Dama, el Pacto de Impunidad, Caso Pandora y la Red de Diputados, entre otros.

La Coalición contra la Impunidad emitió el siguiente comunicado de solidaridad con la afectada:

Comunicado

Las organizaciones presentes expresamos 
a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

1. Reconocemos la trayectoria de la Comisionada en condición de Retiro María Luisa Borjas, quien se ha destacado por su labor de denunciar públicamente hechos de trascendencia nacional e internacional relacionados con corrupción y abusos cometidos por altos funcionarios policiales y militares, así como por particulares relacionados a acciones delictivas de criminalidad organizada. Dicha denuncia pública ha conllevado la persecución y amenazas a muerte contra ella y su familia.

 2. Consideramos que el fallo dictado por el magistrado presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, en su calidad de juez natural en el proceso penal contra María Luisa Borjas, fue político. ¿Por qué político? Porque el acuerdo de condena fue incluso previo al desarrollo del juicio, según información proporcionada por personas cercanas al poder fáctico.

3. Denunciamos que el señor Argueta no tomó nota de los aportes probatorios ni de los planteamientos realizados en las conclusiones de las partes durante todo el juicio. Esta labor fue realizada por el abogado Selvin López, quien consideramos participó en la redacción de la resolución, lo cual amerita una investigación administrativa y penal.

4. El fallo está alejado de los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diversas cortes nacionales de la región e, incluso, de la resolución emitida por el también magistrado Avilio Serrano en el caso contra el diputado Jorge Calix, por una querella incoada por delitos de calumnias por difamación.

5. Como fue acreditado en el juicio, las expresiones vertidas por la Comisionada Borjas no constituyeron ataques conscientes e intencionales al honor del señor Camilo Atala, ni tenían la malicia de provocar una afectación por sí mismas. Como defensora de derechos humanos, su intención fue colocar en el debate nacional la situación de impunidad y la participación de funcionarios policiales, militares, profesionales del derecho y empresarios en el asesinato de Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y la reconocida lideresa indígena Berta Cáceres. Para ello, la Comisionada utilizó un medio pertinente y proporcionado, como es la denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

6. Esas denuncias se enmarcan en los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, de manera que el magistrado Argueta o la persona que haya redactado la resolución debió aplicar una eximente de responsabilidad penal. A la luz de la doctrina de la real malicia, no es suficiente que la información

difundida por la Comisionada María Luisa Borjas hubiese sido errónea o falsa, sino que, además, la parte querellante debió  demostrar que la información, se difundió a sabiendas de su falsedad y con la única intención de dañar al punto que el demandante no acudió a ninguna etapa del proceso

7. La grave situación de secretividad oficial impuesta por el Estado para toda la información de las instituciones públicas, socaba el derecho de la ciudadanía para participar de los debates públicos y la exigencia de justicia. En el caso particular de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y el poder judicial impusieron secretividad aún para las víctimas,  por lo que se hace necesario que  las personas que se atreven a divulgar información, sean protegidas en vez de ser sancionadas.

8. Consideramos que la actual precariedad del principio de independencia judicial en Honduras provoca que ningún juez o magistrado del Poder Judicial se atreva a revocar una sentencia condenatoria emitida por el Presidente de la Corte Suprema, por lo que los recursos procesales de vuelven inefectivos.

9. Citando al magistrado Serrano Villanueva: “imponer sanciones a informadores o denunciantes que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar, en forma fehaciente, todos los aspectos de la información difundida, además de vulnerar el estándar de veracidad aplicable a la información de interés público, incitaría a ocultar la misma, socavando el debate”  sobre temas de tan importantes como la lucha contra la impunidad.

Las organizaciones de derechos humanos demandamos:

1. Al Estado hondureño que  cese con la censura judicial contra los periodistas y toda persona que denuncia u opina sobre hechos de interés nacional.

2. Que se proceda a investigar de manera urgente e inmediata al magistrado Rolando Argueta y al asesor legal Selvin Lopez, por abuso de autoridad y prevaricato.

3.  Que se le garantice a la Comisionada en Condición de Retiro María Luisa Borjas el respeto a sus libertades públicas y la integridad física de ella y su familia, además de promover seguridad jurídica para las personas que denuncian hechos tan delicados como lo que de manera permanente ha realizado nuestra acompañada.  

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de enero de 2019