El referido Decreto aprobado por iniciativa presentada en el Congreso Nacional, por el diputado nacionalista, Ricardo Antonio Díaz, le quita 217 hectáreas de la zona núcleo, al Parque Nacional, Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, territorio que coincidentemente le fue entregado en concesión, a la hija de Miguel Facussé, Ana Facussé y a su esposo, Lenir Pérez, dueños de la empresa minera, Inversiones Los Pinares.

Ramón Barrios, uno de los abogados que llegaron a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, a interponer el recurso de inconstitucionalidad, explicó que el área dada en concesión a la hija de Miguel Facussé para la instalación de la empresa minera, es la zona donde nacen todas fuentes de agua que abastecen al municipio de Tocoa, Colón.

Sostuvo que ante tal situación los pobladores se han organizado y hacen uso del derecho constitucional de la protesta, a fin de que esa reserva ecológica le sea devuelta a la comunidad. Sin embargo, hasta ahora, el Estado les ha respondido con represión y cárcel.

“Los ha metido presos”, dijo el Barrios, refiriéndose a una docena de pobladores de la Comunidad de Guapinol, 11 varones y una mujer, a quienes un juez con jurisdicción nacional envió a la cárcel, luego que el Ministerio Público los acusara de incendio, robo agravado, privación injusta de la libertad y asociación ilícita. Ellos forman parte de 32 defensores del ambiente criminalizados en esa región, y para quienes ya se han librado órdenes de captura por oponerse a la instalación de la empresa minera en mención.

Las doce personas que hoy están en prisión se presentaron voluntariamente ante el tribunal, “pero los jueces actuaron como apoderados legales de las empresas”, cuestionó Barrios. Para él, la defensa por mala que sea, no ha necesitado argumentos, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial les han ayudado.

Asimismo dijo que el Ministerio Público en lugar de andar persiguiendo a los pobladores que luchan en la defensa de los recursos naturales debería estar investigando al diputado, Ricardo Díaz, promotor de este Decreto, que afecta el medioambiente y mantiene enfrentados a toda una población con los empresarios que les destruyen las fuentes de agua.

Barrios espera que la Sala de lo Constitucional resuelva favorable el recurso de inconstitucionalidad a fin de anular el Decreto 252-2013 porque de esa manera también desaparecería el delito imputado a los pobladores de Guapinol.

Entre tanto Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, una de las organizaciones perseguidas por el acompañamiento que les brindan a las comunidades, llamó a la comunidad nacional e internacional debe a estar alerta por los hechos que se están presentando no solo en la zona de Colón, sino en todo el territorio nacional.

Aseguró que las organizaciones sociales están siendo objeto de criminalización, de difamación, de levantamiento de calumnias y amenazas, por parte de los proyectos extractivos.

Además dijo que el gobierno y los empresarios no están cumpliendo con la consulta previa, sino como lo que ellos denominan socialización, que no es más que una reunión de 3 a 4 personas, líderes de algunos patronatos, a los que les ofrecen ayudas y que de esa manera compran sus voluntades.

Repudió el comportamiento de los gobiernos municipales que pese a tener autonomía se hacen ciegos, mudos y sordos ante las realidades que viven en sus municipios.” La población de Tocoa ha estado demandando un cabildo abierto y no ha habido respuesta”, criticó Esquivel.