Para tal fin las diversas organizaciones magisteriales y el gremio médico se han unido en la llamada Plataforma Social para la Defensa de la Educación y la Salud, organismo que desde inicios de mayo le ha solicitado al gobierno, la derogación de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.

Para los maestros y los médicos, declarados en resistencia, esta legislación golpea a los hondureños más pobres que reciben educación en las escuelas y colegios oficiales y atención médica en los centros de salud y hospitales públicos del país.

Entre otras cosas consideradas lesivas mediante un decreto de emergencia, aprobado por 24 meses prorrogables, la ley autoriza a los ministros de educación y de salud a despedir y contratar trabajadores, apoyados en las Comisiones Especiales, que se encargarán de elaborar los reglamentos y manuales para la selección, contratación y reasignación del personal.

Y por tal razón los gremios no solo exigen la derogación de Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, sino también  los decretos, PCM 026-2018, PCM 027-2018, PCM 005-2019 y PCM 008-2019, que determinan y ratifican los estados de emergencia, en las dos secretarías de Estado.

También en estos decretos están contenidas las creaciones de las Comisiones Especiales en Salud y  Educación, conformadas por personas afines con el presidente Juan Hernández.

Entre los miembros de estas comisiones figuran los representantes de varias organizaciones civiles; pastores de iglesias; la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y la ex ministra de educación, Rutilia Calderón, entre otros colaboradores del gobierno.

Recientemente la Plataforma Social emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo para la derogación de esas leyes, pero los funcionarios del gobierno central y diputados oficialistas anunciaron que no lo van a hacer. Y a la vez, llamaron a los gremios a integrarse a sus labores y a un diálogo que según ellos, los conduciría a resolver el problema.   

Mediante un comunicado de fecha 06 de mayo, la Plataforma Social, emplazó al gobierno para que en un término de 48 horas procediera a derogar esos decretos, pero al vencerse el plazo, sin resultados el pasado lunes 13 de mayo, se reincorporaron a las acciones, manteniendo solo  la atención médica a los pacientes de los diferentes centros asistenciales, y los maestros estableciendo asambleas informativas en los diferentes centros educativos del país. 

Dictador abusivo

En la asamblea realizada la mañana de este miércoles, en las instalaciones del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras,(COPEMH), la Presidenta del Colegio Médico de Honduras,(CMH), Suyapa Figueroa, calificó de “dictador y abusivo”, al presidente Juan Hernández. Para ella, el mandatario, declara emergencias para eliminar los estatutos profesionales, garantías fundamentales de los hondureños y para hacer compras y contrataciones de manera directa.   

“Y no nos podemos sentar a dialogar con corruptos, primero que deroguen los decretos porque el pueblo está con nosotros”, indicó Figueroa.

Esta posición ha sido respaldada por el presidente del COPEMH, Leonel Escoto.

Según Escoto los maestros  no pueden sentarse a negociar con un gobierno que no ha demostrado voluntad para tratar temas tan sensibles como lo son la educación y la salud, dos sectores que en la última década han estado olvidados y limitados en sus partidas presupuestarias. “Los decretos de emergencia tienen que ser derogados y después sentémonos”, sostuvo.

Al culminar la asamblea en Tegucigalpa, al filo del mediodía, los docentes marcharon desde el COPENH hasta las oficinas del Instituto de Previsión del Magisterio,(INPREMA), otra de las entidades de previsión, quebradas por el saqueo de recursos que han provocado los gobiernos surgidos después del golpe de Estado, en junio del 2009.