La A611 nació en el año 2017, cuando un grupo de organizaciones sociales preocupadas por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de un nuevo Código Penal, se reunieron en Tegucigalpa para analizar su contenido y hacer propuestas de reforma antes de su aprobación y puesta en vigencia, pero sus propuestas fueron desoídas por ese poder el Estado que aprobó una legislación a espaldas de las organizaciones y de la Sociedad en su conjunto.

Jessica Sánchez, Directora del Grupo de Sociedad Civil, una de las organizaciones que conforma la A611, expresó en rueda de prensa la preocupación del grupo por la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el próximo 10 de noviembre de este año, ya que dicho texto legal contiene muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña.

“Desde hace dos años hemos venido denunciando que este nuevo Código Penal no contó con la suficiente divulgación ni con una efectiva participación de la sociedad civil hondureña”, afirmó Sánchez.

Por su parte Mery Agurcia, de COFADEH otra de los integrantes de la A611, manifestó su preocupación por los alcances sociales que puede tener algunos artículos al posibilitar la persecución, represión y criminalización de la protesta social en Honduras e incluir penas desproporcionadas en comparación a otros delitos de mayor gravedad como el tráfico de drogas o lavado de activos.

“Aun en contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos como la CIDH u OACNUDH, el código incluye el delito de asociación terrorista con una ambigua redacción que puede ser usada como potencial herramienta contra movimientos sociales y sus financiadores nacionales e internacionales”, afirmó Agurcia.

La plataforma de organizaciones también externó su preocupación por el aumento de la pena de los delitos de coacciones y de instigación de la sedición, cuya aplicación está muy vinculada a los conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales.

Asimismo dicha legislación contiene la tipificación penal de los delitos de injuria y calumnia, incluyendo su modalidad agravaba por el uso de redes sociales, lo que representa una “clara amenaza a la libertad de expresión.

En esta misma línea, representantes de organizaciones de mujeres como Visitación Padilla, El Centro de Estudios de la Mujer y Calidad de Vida, mostraron además su preocupación por la drástica reducción de penas a varios delitos que protegen los derechos de las mujeres y las niñas, en especial los delitos relacionados con violencia sexual e intrafamiliar y trata de personas, contraviniendo las convenciones internacionales en materia de derechos de las mujeres .

Mientras tanto las organizaciones de la comunidad LGTBI se mantienen en alerta al eliminarse la figura de los crímenes de odio, dejando en estado de indefensión a las víctimas de estos delitos.

Corrupción y crimen organizado

Los miembros de la A611 también señalaron como este nuevo instrumento legal carece de penas ejemplarizantes para frenar los delitos relacionados con las lucha contra la corrupción, como el de malversación de fondos, fraude o lavado de activos.

“Este es un código que no solo baja las penas, sino que también están abriendo la puerta para que quienes cometen delitos relacionados con la corrupción queden impunes si devuelven lo sustraído antes de un requerimiento fiscal”, añadió Sánchez.

También mostraron su preocupación por “la drástica disminución de las penas por tráfico de drogas y lavado de activos, restándole así capacidad punitiva a los operadores de justicia que tan persiguen estos delitos.

Se ha incluido también la figura “del principio de justicia universal”, en el artículo 9, que de aplicarse impediría la extradición a Estados Unidos de personas involucradas en narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, entre otros delitos.