La comunidad denunció desde el año 2016 que dicha minera obtuvo un licencia ambiental fuera de la Ley y  que hay varios funcionarios estatales responsables a quienes el Ministerio Público debe deducirles responsabilidades penales, pero no lo ha hecho y mantiene engavetadas todas las denuncias que ha interpuesto  el Comité pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

Estado y criminalización

La lucha por defensa del Río Guapinol ha dejado como consecuencia la criminalización de los defensores y defensoras de Guapinol, sumando hasta ahora 31 personas a quienes el Ministerio Público les mantiene un expediente penal abierto.

De las 31, las primeras 12 personas decidieron presentarse voluntariamente en el mes de febrero, pero fueron enviadas a prisión porque el Ministerio Público a última hora incluyó el delito de Asociación Ilícita. A principios de marzo fueron dejadas en libertad después de varios días que duró la audiencia inicial, pero un juez decretó sobreseimiento definitivo el cual fue apelado por la Fiscalía y aún la Corte de Apelaciones no lo ha resuelto.

Mientras el 26 de agosto otras siete personas se presentaron voluntariamente, pero fueron enviados a presión. Se les asignó un juez de jurisdicción nacional, el cual fue recusado por la defensa, luego la Corte nombró otro el que también fue recusado esta vez por la minera y al final una jueza conoció del caso el 31 de agosto y 01 de septiembre.

En la Audiencia Inicial esta jueza los envió a prisión por Incendio Agravado, Daños y Retención Injusta de la Libertad contra el jefe de seguridad de la Minera Inversiones Los Pinares, en un juicio con graves faltas al Debido proceso.

Presos de Guapinol sufren tortura psicológica

El Estado tiene el compromiso de proteger a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren bajo el sistema penitenciario, pero en el caso de los siete presos de Guapinol ha sucedido todo lo contrario, según lo denunciaron en conferencia de prensa la semana pasada.

Edwin Espinal y Raúl Álvarez, dos ciudadanos que han sufrido persecución por el Gobierno de Honduras se solidarizaron con los defensores ambientales de Guapinol que fueron enviados al Centro Penitenciario La Tolva donde ellos también sufrieron las tortura, las cuales describen como “trato especial”.

Raúl Álvarez explicó “es muy difícil,  es una vivencia muy dramática que es degradante a la moral de uno, yo creo que hay que exigir que se dé justicia en favor de ellos y que por lo menos los trasladen a un lugar cerca para que puedan ver a sus familias o defender en libertad”.

Como lo publicó PasosdeAnimalGrande.com  el 8 de septiembre del presente año, un coronel habría ordenado que los siete defensores de Guapinol fueran trasladados ilegalmente a la cárcel de máxima seguridad "La Tolva", y  se les mantuviera  en ropa interior, según información de fuente creíble.

Edwin Espinal expresó que es “arbitrario e  inconstitucional que privados de libertad en proceso de judicialización estén con los que ya tienen sentencia en una cárcel de máxima tortura, que es física, psicológica y emocional, y se realiza de forma constante ”.

También añadió que esos tratos crueles no se le desea a nadie, que están en contra de los derechos humanos desde el momento que se les separa en los módulos donde están los presos de crimen organizado solamente argumentando que son una amenaza.

“Dentro del centro penitenciario las estructuras criminales se dejan en grupos de 20, 30 0 hasta 50 reos en un solo módulo,  mientras que cuando uno es de oposición al gobierno lo separan,  como fue en caso de los tres que estuvimos que nso dividieron a cada uno”, describió Espinal.

También explicó que cuando se hacen las denuncias respectivas de tortura a instituciones como el Comisionado Nacional Derechos Humanos,(CONADEH), Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura,(CONAPREV) y la Fiscalía de Protección no se ve un proceso de investigación.

La esperiencia de Juana Zúniga en  la Tolva

Juana Zúniga quien es la esposa de uno de los defensores del río Guapinol,  relató a PasosdeAnimalGrande.com  su experiencia en la visita en el Centro Penitenciario La Tolva. "Desde el momento que les dijimos que íbamos con el caso Guapinol y a visitar a los compañeros,  ellos -los guardias-,  empezaron a secretearse y nos dijeron si nosotros las conocemos son de Tocoa hemos estado ahí, lo cual nos provocó un poco de intimidación".

Desde el momento que uno entra a ese lugar todo le implica miedo y temor a ser agredido porque sabemos que todos los que están ahí andan una vestimenta negra de pies a cabeza y pueden hacer con uno lo que quieran, cómo los identifica uno?. Tuve la oportunidad de estar con los siete,  ellos tienen miedo,  nos pidieron que los saquemos de allí, ese no es ambiente para defensores del agua y la vida".

Somos una de las familias afectadas por este sistema que no entendemos por qué los defensores sí pueden ser juzgados, encarcelados y criminalizados mientras los verdaderos delincuentes, los saqueadores, pueden andar en libertad, he sentido una impotencia tan grande al ver cómo los han tratado, denunció.

Describió que tiene su compañero en La Tolva y tres hijas desamparadas por el calor de su padre. "Una de dos añitos que lo único que me pregunta es ¿Cuándo va a venir mi papá?, es lamentable y no hay argumentos para que ellos estén presos".

Con mucha preocupación relató que les costó mucho entrar a La Tolva y que solamente les permitieron estar con los defensores unos 10 minutos, "ellos, -los guardias-  sí andan encapuchados para no identificarse, pero si lo hacen los defensores, es un delito. Les pido que nos apoyen porque ellos son inocentes para la pronta liberación de los compañeros que son inocentes".

Sequías y contaminación

A causa de la minería las comunidades que se abastecen de la fuente  han sufrido sequías y escasez porque no pueden utilizar el agua para las cosechas, lo que deja a la población en un estado de crisis de supervivencia en especial para los de más bajos recursos.

Juan López, Coordinador del Comité pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio explicó que “el Estado de Honduras a través del Congreso Nacional ha hecho un acto de corrupción en el manejo de las leyes en el acomodamiento de la ley de manera que está beneficiando a grandes empresas extractivas tanto mineras como energéticas y tiene que ver el asentamiento de las fuentes de agua con  las condiciones ambientales y a una crisis en las  comunidades”.

A pesar que hay dos vías de agua potable en la zona,  una se desvía del Rio Guapinol y la otra de la cuenca o fuente de diversos ríos que también se ven afectados por la contaminación de las empresas.

Juana Zúniga, miembra  de la comunidad de Guapinol expresó “sin agua no somos nada y lo que hacíamos era comprar el botellón y las personas que no podían dejaban que se asentara el agua para beberla que incluso ni los animales querían beberla”.

Agua contaminada puede tener graves secuelas

La doctora Ligia Ramos, de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación explicó que las consecuencias por consumir agua contaminada pueden ser la deshidratación, enfermedades infecciosas, bacterianas y gastrointestinales por no poder lavar bien los utensilios o verduras,  o sea que ese tipo de agua tiene un impacto grande en la salud.

También mencionó que inclusive cuando hay agua contaminada con metales pesados que se utilizan en la minería a largo plazo puede ocasionar enfermedades como linfo proliferativas que puede ser el tipo de cáncer en la sangre o enfermedades neurológicas, tumores, leucemia y otras degenerativas.

Suyapa Figueroa, de la misma Plataforma argumentó que “los riesgos y el abuso es indescriptible, lo que se hace es un daño para nuestros ciudadanos, creo que es una realidad que indudablemente tiene que ver con el derecho a la salud y la vida que está siendo violentado por esta compañía minera”.

Ambas entrevistadas manifestaron preocupación porque no se ha realizado una investigación por las instituciones de salud y protección con respecto al tema que tiene una gran responsabilidad legal por los daños a la población y eso debe ser indemnizado por la empresa.

Según Ramos los niños son los que tienen más posibilidades de tener enfermedades crónicas relacionadas con agua contaminada con los metales que se usan en la minería,  por ejemplo arsénico, el plomo y varios metales que pueden dejar secuelas en el transcurso del tiempo.

A su criterio se debe analizar el agua e investigar qué contaminantes puede tener,  y en base a los resultados exigirle al gobierno que se proteja la salud,  los recursos de las comunidades, el agua y cancelar  la ejecución de estos proyectos extractivo.