La CIDH recomendó al Estado como medidas inmediatas fortalecer la institucionalidad democrática; garantizar que en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas.

Riesgo agravado presentan defensores de Honduras

La CIDH destacó su preocupación por procesos penales de usurpación, injurias y calumnias, atentados, o la amenaza de presentar demandas civiles en contra de las personas que defienden los derechos fundamentales de la población, como método para obstaculizar su labor, la de periodistas, Indígenas y estudiantes.

También manifestó que durante la visita se reunió  con varios organizaciones de sociedad civil que informaron que en país  se da una “justicia selectiva” que por un lado actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte acciona para favorecer  los intereses de diversos actores vinculados al poder público, económico y empresarial.

Entre el 2016 y el 2017 unas mil personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos fueron atacadas.

Restricción de la expresión por privar el flujo de ideas

También resaltó  que el uso del derecho penal para sancionar discursos especialmente protegidos como aquellos referidos a los funcionarios públicos no sólo es una limitación directa de la libertad de expresión sino también puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por su efecto de coartar el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones que puedan resultar críticas u ofensivas.

La CIDH advirtió que ese tipo de restricciones solo puede darse en casos excepcionales que en el caso de Honduras son incompatibles ya que cohíbe ideas que no incitan a la violencia, lo cual violenta el derecho a la libertad de expresión que es un derecho pluralista y democrático en la vida de la población hondureña.

Durante la visita, la CIDH observó que en el contexto de las protestas por el cuestionamiento hacia el proceso electoral, periodistas y medios de comunicación fueron objeto de amenazas y agresiones tanto por parte de agentes estatales como de partidarios de los grupos políticos en pugna.

Asimismo, fue informada sobre presiones a directores de medios y periodistas con la finalidad de influenciar en las coberturas de las elecciones y sobre otros sucesos de interés público. De acuerdo con la información recibida, esta polarización se extendió a las redes sociales, donde prevaleció un discurso estigmatizante hacía el trabajo de los periodistas.

Asimismo, la CIDH observó con preocupación un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que derivó en numerosas muertes, detenciones y heridos. Por otro lado, la CIDH enfatizó que la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este aspecto estructural hay que sumar los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales. La CIDH analiza estas cuestiones en este apartado sobre la libertad de expresión en Honduras.

La CIDH también fue informada por organizaciones de la sociedad civil de una práctica implementada por las autoridades para identificar y sancionar a personas opositoras al gobierno a través de allanamientos ilegales a domicilios; seguimiento y vigilancia a líderes comunitarios; desplazamientos de autoridades a barrios con la finalidad de capturar a personas determinadas que previamente han sido víctimas de campañas de desprestigio; utilización indebida del derecho penal para criminalizar la protesta social; aumento de presencia militar y policía en colonias con mayor oposición a los resultados electorales.

Durante los últimos años, la CIDH ha recibido información consistente de la sociedad civil que apunta a una creciente concentración de poder del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.

Como ejemplo, la CIDH destaca la composición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), creado en 20115. En este sentido, dicho Consejo está conformado por el Presidente de la República, quien lo preside, así como por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Fiscal General, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

 Este Consejo es “el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia6”. La Comisión recibió testimonios de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que expresaron que la institucionalidad estatal está cooptada por el Ejecutivo.

Adicionalmente, la Comisión observó debilidades en la normativa institucional en Honduras que ponen en entredicho la autonomía de los poderes públicos en el país. El proceso de elección del Fiscal General llevado a cabo en 2018 ilustró dicha debilidad y la necesidad de regular la normativa aplicable. La Comisión fue informada que el proceso de elección de Fiscal General estuvo marcado por una falta de transparencia.

Vea el informe completo en este link 

CIDH preocupada por presiones contra periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos