Argumentaron que el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo es un bien jurídico tutelado por la Convención Americana que cuenta con dos artículos que protegen la familia y la vida familiar de manera complementaria.

Es así como la Corte interamericana ha considerado que las posibles vulneraciones a este bien jurídico tutelado, deben analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar de las personas LGTB, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, artículo 17.1 de la convención, destacaron.

También elevaron la petición ante la Corte Suprema de Justicia para que reconozca que las personas LGTB tienen el derecho a contraer matrimonio y a una familia.

Mientras que al Ministerio Público solicitaron que le deduzca las responsabilidades a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución por no respetar la Ley.

Señalaron que El 09 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), emitió una opinión en las que exhorta a las 20 naciones que reconocen su competencia garantizar a las parejas homosexuales todas las facultades de ley, sin ningún tipo de discriminación.

En enero de 2018 La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a todos los países miembros del Pacto de San José que aprueben inmediatamente el matrimonio igualitario.

Este organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoció que algunos Estados deberán vencer dificultades institucionales para extender a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, y señaló que muchas veces la oposición a esa unión se basa en criterios religiosos.

Este es el comunicado completo del Comité de la Diversidad Sexual en Honduras: 

El Matrimonio Igualitario es un derecho Humanos

El derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo es un bien jurídico tutelado por la Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la familia y la vida familiar de manera complementaria. Es así como la Corte interamericana ha considerado que las posibles vulneraciones a este bien jurídico tutelado, deben analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada y familiar de las personas LGTB, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, artículo 17.1 de la convención.

El 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión en las que exhorta a las 20 naciones que reconocen su competencia garantizar a las parejas homosexuales todas las facultades de ley, sin ningún tipo de discriminación. Como ejemplo de ello Costa Rica anunció de inmediato que acatará los dictámenes.

Honduras reaccionó con los siguientes pronunciamientos tanto del presidente Juan Orlando Hernández, así como el presidente y vicepresidentes del Congreso Mauricio Oliva y Antonio Rivera, advirtieron que la Constitución del país no reconoce el matrimonio homosexual, y que las instrucciones de la Corte Interamericana no resultan vinculantes y que como cristianos no permitirían los matrimonios entre personas del mismo sexo, y aún más sorprendente el decadente Ministerio Público afirma lo mismo con argumentos retrógrados y discriminantes aduciendo que las personas LGTB no somos sujetas de derechos pero sí de la exclusión y de tratos desiguales.

En este sentido nosotras las organizaciones miembras del Comité de la Diversidad Sexual de Honduras expresamos nuestra firme posición de lucha con valentía y dignidad porque Honduras respete los convenios y tratados internacionales que como Estado a suscrito y a ratificado en materia de derechos humanos, que el derecho a contraer matrimonio es un derecho humano y que la Constitución de la República reconoce en su artículo 59- La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humanos es inviolable. Artículo 60- todos los hombres nacen libres en igualdad y derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Y todos los hondureños somos iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.

por lo que exigimos al Estado Hondureño lo siguiente:

1. 1. A la Corte Suprema de Justicia que resuelva de manera pronta, oportuna basada en los estándares Internacionales de derecho, los recursos de Inconstitucionalidad número SCO-0942-2018 y SCO-233-2018, En lo referentes a las reformas de los artículos 112 y 116 de la constitución de la Republica emitidos por el congreso nacional a través del decreto 176-2004 del 28 de octubre 2004, y publicados en el Diario Oficial la Gaceta número 30,586 del 3 de enero 2005y ratificados por el decreto 36-2005 del 29 de marzo del año 2005. Y que reconozca que las personas LGTB tenemos el derecho a contraer matrimonio y la familia.
   2.  Que el Congreso Nacional de la República genere los marcos legislativos que garanticen el pleno goce de los derechos humanos y la no discriminación para las personas LGTB en Honduras.
   3. El Congreso Nacional legisle una ley de protección de reconocimiento a la identidad de género de las personas Trans con el fin de ir eliminando todas las barreras que dificultan el pleno desarrollo de las personas Trans en Honduras.
   4. A la Secretaría de Derechos Humanos que acompañe y promueva el cumplimiento de las 33 acciones recogidas en la política pública y el Plan nacional en derechos humanos.
   5. Al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos que investigue y deduzca las responsabilidades penales por la irresponsabilidad de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución donde literalmente dice “la igualdad ante la ley no impide otorgar un trato desigual a los ciudadanos de acuerdo a determinadas circunstancias o condiciones” que las disposiciones contenidas en los artículos 112 y 116 de la constitución de la República “ cumplen con una finalidad razonable y admisible desde la perspectiva de preceptos, valores y principios constitucionales” donde hay una evidente discriminación hacia las personas LGTB por considerar que las personas LGTB no somos sujetas de derechos pero sí de la exclusión y de tratos desiguales, lo que ambos casos son delitos de discriminación a razón de la orientación sexual, identidad y expresión de género.
   6. Al CONADEH que realice las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGTB en relación a al derecho al matrimonio igualitario.
   7.  Por lo que exigimos al Estado hondureño que genere el marco normativo legal y que genere el respeto irrestricto a los derechos humanos de la comunidad LGTB hondureña.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 24 días del mes de octubre de 2019