En el documento que se dio a conocer ante el parlamento estadounidense se percibe la preocupante situación en Honduras sobre el aumento de los ataques en contra de los defensores de derecho humanos y periodistas, como en el caso de los siete comunicadores asesinados en este año.

También se menciona la decisión del tribunal federal de Manhattan que condenó a Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, y sobre la existencia de evidencia del uso de dinero proveniente del narcotráfico para el financiamiento de la pasada campaña electoral del presidente Hernández, así como la del 2013.

Asimismo el comunicado menciona que las autoridades de Honduras están implementando leyes y políticas que limitan a los defensores de los derechos humanos, a periodistas y a los y las activistas anticorrupción, mientras que en estas leyes eliminan los obstáculos para seguir con los casos de corrupción.

Cabe mencionar que quienes exponen a los corruptos y quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en Honduras están en peligro constante.

En el testimonio de Haugaard hace la recomendación al gobierno de EUA a distanciarse inmediatamente del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La misma recomendación se la envió a otros miembros de la comunidad internacional y los incita a brindar apoyo a los y las defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción que luchan incansablemente por defender los derechos de la población hondureña.

La organización LAWG publicó dos informes que señalan cómo la política exterior de los Estados Unidos en la región centroamericana se enfoca en detener la migración y cómo cierra las puertas a quienes solicitan asilo, sin importarles el crecimiento de los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos tanto en Honduras y Guatemala.

Este informe, “Abriendo el espacio para la corrupción” (Making Way for Corruption, por su título en inglés), explica cómo las estructuras ejecutivas y legislativas en Guatemala y Honduras obstaculizan los esfuerzos en materia anticorrupción en estos dos países centroamericanos. La mención es puntual en cuanto a cómo luchan los y las defensoras de derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas para dar a conocer los actos de corrupción y cómo estas estructuras se favorecen con legislaciones para seguir delinquiendo.

El segundo informe proporcionado por LAWG y organizaciones de sociedad civil, “Retorno forzado al peligro: preocupaciones de la sociedad civil con los acuerdos firmados entre los Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador (Forced Return to Danger por su título en inglés) “           resaltan los efectos inquietantes de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras, conforme a la protección y bienestar de quienes solicitan asilo, como también la probabilidad que se violente la ley de refugiados estadounidenses e internacional.

Cabe mencionar que en Honduras existe en este año 2019 un incremento en los asesinatos de los defensores de los territorios y de los bienes comunes.

Lea este informe en este link