Tras el golpe de Estado Roberto Micheletti, presidente interino de Honduras ordenó el cierre de los medios de comunicación que cumplían con la labor de informar en cuanto a las arbitrariedades y múltiples violaciones de derechos humanos que se cometían en contra de la población hondureña, que decidió salir a las calles en todo el país a manifestarse por la salida violenta de la presidencia del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, misma que fue provocada por militares de las Fuerzas Armadas de Honduras. Con el apoyo de los Estados Unidos.

Para este entonces Cholusat Sur, Radio La Catracha y Radio Globo, se convirtieron en medios de comunicación opuestos al gobierno de Micheletti y éste ordenó “por medio de una resolución administrativa de CONATEL el cierre de los mismos.

La memoria histórica

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus Observaciones Preliminares sobre su visita a Honduras en mayo de 2010 describe quiénes ejecutaron las acciones ilegales de los cierres de los medios.

"De acuerdo a la información recabada, el Teniente Coronel del Ejército José Arnulfo Jiménez tomó las instalaciones de Canal 36 el 28 de junio de 2009 en horas de la mañana, mientras que el Teniente del Ejército Darvin Ismael Ardón tomaba el control de los transmisores de Radio Globo y Radio La Catracha.

Ambos fueron acusados de los delitos de ‘destrucción o daño del servicio telecomunicaciones’ y ‘abuso de autoridad’. En el proceso, iniciado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los acusados alegaron tener órdenes de superiores y haber actuado en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que habría ordenado secuestrar los materiales propagandísticos y relacionados con la votación por la llamada “cuarta urna” .

Los militares sostuvieron que tenían sospechas de que en los medios de comunicación mencionados había material relacionado. Tal como reconocieron los propios acusados en la audiencia inicial, dicho material nunca fue encontrado. Sin embargo, la toma del edificio de Canal 36 se extendió durante ocho días. La jueza Marta Murillo resolvió dictar el sobreseimiento definitivo en esta causa, por considerar que los militares habían actuado siguiendo una orden legítima. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos apeló el 13 de enero de 2010 y, de acuerdo a la información recibida, el recurso todavía no había sido resuelto", según el texto de la información recabada por la CIDH.

Qué dice el abogado sobre lo que pasó en los cierres

“En esta resolución se ordena el desmantelamiento, disposición que se remite a la Secretaría de Seguridad y a las Fuerzas Armada, en el cual se ejecutó la decisión administrativa de cerrar el canal por miembros de la policía y técnicos de la empresa de las telecomunicaciones” explicó el apoderado legal de Radio Globo, Marco Zelaya.    

Cabe mencionar que en esta misma orden incluía el traslado del equipo de los medios de comunicación al Primer Batallón de Infantería de la aldea el Ocotal, Francisco Morazán. Posteriormente las partes afectadas se presentaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos, para denunciar los hechos acontecidos en su contra, los cuales violentaban el Derecho a la Libertad de Expresión e Información.

Asimismo el abogado Zelaya especifica que en la fase investigativa se determina que hubo Abuso de Autoridad, Allanamiento de Morada, delitos contra medios de Comunicación y Daños.

También comentó que el Congreso Nacional emitió un decreto en cual todos los delitos cometidos en el periodo del golpe de Estado serían perdonados penalmente a través de una amnistía, por esta razón el juez que conoció la causa, no penalizó a los responsables, añadió.

Sin embargo, la parte acusadora, la fiscalía y la defensa de los miembros de CONATEL, no aceptó la resolución emitida y el proceso legal transcurrió hasta el Recurso de Apelación, en el cual la Corte confirmó la sentencia, explicó el togado.

El abogado señaló que el Recurso de Amparo se da porque las partes no estaban de acuerdo con la forma como se redactó el documento y se pidió que se ampliaran algunas situaciones en las que no se mencionaba por qué se responsabilizaba a los miembros de CONATEL de manera civil y no penalmente sobre las atribuciones que se tomaron en ese momento.

Después de nueve años, la Sala de lo Constitucional, resolvió el Recurso de Amparo número 11 que se interpuso el 07 de enero del 2011 y otro bajo el número 13, que se introdujo el 10 de enero del mismo año, por parte de la fiscalía en conjunto con el acusador privado, en el cual ambos recursos se acumularon y se resolvieron en uno solo, detalló el apoderado legal de Radio Globo.

Una vez concluya el proceso y la Corte de apelaciones cumpla con lo que manda la Sala de lo Constitucional y se remitan los antecedentes a los Juzgados de Letras de lo Penal de la Granja, se tomará la decisión de continuar con una demanda o lo que decidan las víctimas, finalizó el apoderado legal Marco Zelaya.