El 25 de enero se conmemora el “Día de la Mujer Hondureña”, dicho acontecimiento se debe renombrar históricamente por ser la primera conquista de las mujeres hondureñas, ya que lograron que se les reconociera sus derechos políticos a través del Decreto número 29 del año de 1955 durante el gobierno de Julio Lozano Díaz, lo que permitió que gozaran el derecho a ejercer el voto y a participar en la actividad política del país, consiguiendo así ir más allá del espacio doméstico a un campo público y electoral.

Peligro para hondureñas

“Solo en el 2019 fueron asesinadas 390 mujeres a pesar que en ese mismo año se le aprobó al Ministerio Público, liderado por el Fiscal General Oscar Chinchilla para investigar los femicidios, unos 50 millones de lempiras, y qué ha pasado con ese dinero, absolutamente nada” , e pregunta Ana Ruth García, de la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir.

Según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en el 2017 fueron asesinadas 389 mujeres y 350 en el año 2018, lo que demuestra que cada año que pasa la ola de violencia arrecia contra la vida de las hondureñas a vista y paciencia de los entes encargados de erradicar este flagelo, los cuales denotan incapacidad en las investigaciones generando un alto índice de impunidad que favorece a los perpetradores.

Alrededor de 4 mil 231 mujeres hondureñas denunciaron entre 2017 y 2018 haber sido víctimas de agresión sexual y 31 mil 732 de violencia doméstica, según cifras del Centro de Derechos de Mujeres, CDM.

El 96 por ciento de los casos de mujeres asesinadas se mantiene en la impunidad debido a la corrupción y falta de investigación.

En cambio Celeste Toro opinó que “en vez de ayudarnos a que nuestros derechos mejoren se nos están quitando, es insólita la opinión de muchas mujeres al referirse a que los gobiernos de los países decidan por ellas, por eso existen los derechos humanos y si nosotras como mujeres no los exigimos los hombres no lo van a hacer en este sistema patriarcal en que vivimos, así que yo insto a todas las mujeres a que seamos unidas y solidarias”.

De igual manera se puede mencionar las grandes desigualdades que sufren las mujeres en el sector público y privado, porque continúan soportando situaciones de inequidad en los diversos espacios de la vida política, social y económica.

En los últimos años se les puede encontrar participando de manera activa en las tareas de producción del país, pues se han visto en la necesidad de dejar los hogares e incorporarse a los trabajos fuera de casa, debido al alto costo de la vida, porque se convirtieron en madres solteras por diversas circunstancias y en un porcentaje menor por empoderamiento.

Participación política

La representación política de las mujeres ha sido históricamente escasa en América Latina, su ausencia en los procesos de toma de decisiones, en las instituciones democráticas y en la elaboración e implementación de políticas públicas ha evidenciado fallas en el funcionamiento de los sistemas de poder de las naciones.

Esto no es una cuestión menor, dado que la participación de mujeres políticas comprometidas con las demandas de inclusión sustantiva perfecciona la dinámica democrática, permite la inclusión de múltiples visiones y defensa de intereses, equipara las condiciones de igualdad entre los sexos y hace más inclusivas a las instituciones y a las políticas públicas, según Bareiro y Soto 2015; ONU Mujeres 2012.

Debido a que las mujeres exigieron un camino legal para mejorar las condiciones políticas, se aprobó la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que en el artículo 105 establece que al menos 30 por ciento de los cargos en la contienda electoral deben ser ocupados por mujeres.

Recordando que el país ha suscrito diversos convenios internacionales para garantizar cuotas de género, en la primera generación de reformas en el 2000 y luego aprobó la paridad de género en las candidaturas en el 2017, pero las reglas no han facilitado la representación de las mujeres a cargos de elección popular.

Violencia estatal

Brigadas Internacionales de Paz, PBI, en su Informe para el Examen Periódico Universal a Honduras 2020 respecto a Mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, indica que las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Mencionan que durante el EPU 2015 Honduras aceptó recomendaciones importantes referidas a la impunidad, la militarización y el uso de la fuerza, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la participación de la sociedad civil.

PBI constata que estas recomendaciones no están siendo implementadas atendiendo a la especial situación de las mujeres defensoras de los Derechos Económicos Sociales y culturales, DESC.

En 2016, Honduras fue considerada el país más mortífero del mundo para este sector, en ese contexto es particularmente preocupante la situación de vulnerabilidad de las mujeres defensoras.

En los últimos dos años seis fueron asesinadas, además se registraron 1 mil 232 agresiones contra mujeres defensoras, sus familias y sus organizaciones. Entre el 2016 y el 2017 el 52por ciento fueron ejecutadas por actores estatales y 36por ciento dirigida hacia mujeres defensoras de los DESC. Asimismo de cada 100 mujeres 86 no tienen acceso a la tierra, lo que conlleva un gran porcentaje de mujeres involucradas en procesos de recuperación de tierras.

En una entrevista de una mujer a la que se le dio el nombre ficticio de Ana en Radio Progreso, plasma la cruda realidad que viven muchas mujeres en el país y que las obliga a engrosar las filas de las “Caravanas” que migran con rumbo a los Estados Unidos.

Ana responsabilizó directamente al mandatario Juan Orlando Hernández de la situación en la que tiene hundida a Honduras, por lo que muchas mujeres son obligadas a abandonar el territorio hondureño.

Aseguró que “cuando uno sale de su lugar conocemos los riesgos, claro que no es esa la fe, pero definitivamente nosotros vamos dispuestos a morir en el intento o Dios nos guarda y nos ayuda”.

Prosiguió diciendo que “si habían tantos medios y tantas cámaras cubriendo la caravana, se pueden dar cuenta que nosotros no portábamos más que una oración, perdón a México por ellos entender nuestras necesidades, que tenemos derechos a ser respetados no tratados de perros y mucho menos de cerdos, aun así no hemos faltado el respeto de ninguna manera”.

La diputada Doris Gutiérrez del partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) comentó que “Honduras no tiene políticas públicas para proteger la vida y prevenir la violencia contra las mujeres, viven en una sociedad patriarcal y machista y son vistas como un objeto, no como una persona sujeta de derechos”.

La cultura de violencia contra las mujeres es imparable, la ola de violencia en sus expresiones más dramáticas y brutales, la viven día a día las mujeres a quienes la sociedad ha colocado en uno de los grupos más vulnerados de la sociedad hondureña, carentes de derechos, debido al patriarcado arraigado en las raíces históricas.

La lucha de las mujeres y feministas por la igualdad continúa, como dijera la actriz Ema Watson, en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas,(ONU), “Feminismo, por definición es creer que tanto hombres como mujeres deben tener iguales derechos y oportunidades, es la teoría política, económica y social de la igualdad de sexos”.

Dos leyes recientes

El Decreto número 106, crea la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en el Ministerio Público, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación,(ATIC), la cual se identifica como UMVM y Femicidios y que le corresponde la investigación de los delitos estipulados en el Artículo 118-A  del Código Penal y de los delitos contra mujeres del Artículo 184 numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal.

Asimismo en este decreto en su artículo dos crea la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios a fin de mejorar los procesos de rendición de cuentas y coordinación interinstitucional.

Otro de los instrumentos jurídicos en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada mediante Resolución número DGN PA 01-2015, del 17 agosto del 2016. Esta Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, considera a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.

Implica obligaciones para el Estado hondureño dirigidas a respetar, proteger y cumplir tales derechos. Las dos primeras obligaciones se objetivan en el papel del Estado y sus funcionarios, en no interferir, no discriminar y no ejercer coerción contra las personas titulares de derechos.

La obligación de cumplir, se relaciona con la creación y mantenimiento de políticas públicas, servicios y suministros en el campo de la salud sexual y reproductiva, conocida como obligaciones positivas, así como el diseño y la implementación de la política responde a los lineamientos de la Ley Marco de Protección Social.