A partir de los hechos suscitados por el descontento popular en una de las crisis más profundas consideradas así por expertos, la población hondureña que mantenía manifestaciones pacíficas, fue disuadida por policías y militares mediante el uso excesivo de la fuerza en todo el país.

La grave violación a los derechos humanos y la impunidad que impera, blinda de toda responsabilidad a quienes asesinaron alrededor de 22 personas durante el periodo de protestas, según el informe presentado el 22 de enero de 2020, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH.

Cabe mencionar que en el informe de la OACNUDH se menciona también la falta de cooperación por parte de las FFAA, significando un obstáculo para los avances de las investigaciones en las cuales tiene como finalidad juzgar y castigar a los militares y policías que dispararon en contra de los protestantes.

En este período de represión en el país, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, FFAA, era el general de brigada, Francisco Isaías Álvarez Urbina, que ocupó el cargo desde el 2015 al 2018, mismo que sustituyó al actual secretario de defensa, el general Fredy Santiago Díaz Zelaya.

De cara al nuevo proceso electoral, en el cual se tienen los comicios en marzo de 2021 y en noviembre de ese año la población elegirá a la persona que administrará los destinos del país, no hay garantías que se respeten los derechos fundamentales.

Sumado a ello la represión podría incrementarse a todos los niveles, en las vísperas de las elecciones internas y generales del 2021 porque existe la posibilidad que el presidente Juan Orlando Hernández pueda optar a otro periodo de gobierno.

No obstante, el panorama para la sociedad hondureña en materia de derechos humanos es oscuro por la impunidad, la relación cercana entre el Ejecutivo las FFAA, la cúpula policial y por último y no menos preocupante es la vigencia del nuevo Código Penal que se aplicará a partir de mayo de 2020.

Cabe destacar que de acuerdo a la recomendación de la OACNUDH, debe evitarse el despliegue de las fuerzas Armadas y de la Policía Militar durante las protestas, en virtud de los hechos de 2017, de lo contrario habrán más crímenes, presos políticos, perseguidos y golpeados.