Asimismo, la realidad de riesgo que atraviesan estas mujeres por dedicarse al trabajo sexual es constante, sobre todo porque en su gran mayoría lo hacen en las calles. La prohibición de dicha actividad deja sin acceso a la salud por no contar con un seguro médico, como también la vulneración de derechos por el inexistente asidero jurídico.

Por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en un comunicado emitido el año anterior repudió los actos de violencia en contra de las personas trans en Honduras.

La CIDH  le señaló al Estado hondureño que debía “ investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual; expresión, identidad de género”. La violencia orientada por la identidad de género es un problema en todo el país, según organismos internacionales.

Cabe mencionar que el año anterior se dieron dos ataques de odio en contra de mujeres trans, resultando con graves agresiones una de ella y la otra fue asesinada. Los dos actos se realizaron en la zona norte de Honduras y hasta el momento no se ha castigado a los victimarios, manteniendo estos dos casos en impunidad, como otros que se dieron en la última década.

La Comisión advierte que estos actos de violencia no son aislados. Durante la visita in loco realizada en 2018, la CIDH pudo observar que las personas LGBTI viven en un contexto caracterizado por la frecuente violencia física, psicológica y sexual en su contra, además de la impunidad generalizada en esos casos. La Comisión ha recibido información según la cual presenta que, desde el inicio del presente año hasta el 9 de julio de 2019, han ocurrido 21 muertes violentas de personas LGBTI en el país. Ante este contexto, la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI recuerda que “Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI sujetas a su jurisdicción y, además, tienen la obligación de erradicar la impunidad frente a los crímenes perpetrados contra esas personas; de lo contrario, se transmite el mensaje social de que estos actos son condonados o tolerados”.