Se trata de los siete defensores Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, por defender el Río Guapinol, pero el Ministerio Público junto a la empresa minera Inversiones Los Pinares abrió un juicio por incendio agravado y privación injusta de la libertad de un empleado de la empresa de seguridad . Ellos están presos desde el 26 de agosto de 2019.
Recomiendan revisión urgente de la medida de prisión preventiva
"El MNP-CONAPREV realizó visita el día de hoy al centro penal de Olanchito, Yoro, con el fin de constatar las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias de este centro, en en marco de la emergencia sanitaria del COVID -19, de igual manera se constató las condiciones en las que los 7 privados de libertad del caso Guapinol, se encuentran cumpliendo la medida cautelar de presión preventiva, en un espacio reducido y con limitaciones de material de aseo, hogar con poca ventilación y en condición de hacinamiento como el resto de la población privada de libertad", informó ese organismo.
Agregó que "estas condiciones generan un trato indigno e inhumano, por lo que este comité de prevención recomienda a las autoridades judiciales la revisión urgente de la medida cautelar de prision preventiva por una menos lesiva en el marco de la emergencia y ante las condiciones de alojamiento".
La defensa de los ambientalistas ha presentado una serie de recursos ante el sistema de justicia hondureño para que se revise la medida de prisión y puedan defenderse en libertad, pero no ha habido respuesta.
Cabe recordar que los defensores de Guapinol permanecieron en la cárcel de máxima seguridad "La Tolva", en Morocelí, El Paraíso, al Oriente de Honduras, en septiembre de 2019, en contra de la decisión de una jueza de jurisdicción Nacional que lo envió a la Penitenciaría Nacional, pero por órdenes del Instituto Nacional Penitenciario, INP, a través de un coronel quien ordenó que se les mantuviera en ropa interior. Sus abogados defensores y la presión nacional e internacional logró que se les sacara de allí y se les trasladara a la cárcel de Olanchirto Yoro, en noviembre de ese mismo año.