Diego García-Sayán, Relator Especial Sobre la Independencia de los Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, concluyó en una visita oficial a Honduras en el 2019, que concentrar la toma de decisiones en un órgano presidido por el Ejecutivo puede plantear serias preocupaciones en cuanto a la separación de poderes y a la independencia y autonomía del Poder Judicial, dado que es competencia del Ministerio Público y el Poder Judicial investigar y sancionar los delitos perpetrados en violación de las políticas nacionales de seguridad y defensa nacionales diseñadas por ese Consejo.

Fanny Bennett Calderón, jueza y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD), explicó a pasosdeanimalgrande.com que la afectación que han señalado en el Consejo Nacional de Defensa, es esa conformación de directrices unilaterales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, no tendría que estar en ese espacio para garantizar la separación de los poderes, mismo a quien el Poder Legislativo por medio del Congreso Nacional le otorgó la concentración de toma de decisiones.

Bennett Calderón agregó que la AJD en su momento ya lo había señalado que en la selección de los magistrados de la CSJ se debía garantizar que las personas que se escogieran tuvieran los méritos y las cualidades necesarias para cumplir ese rol, además que estuvieran libres de cualquier presión o interés político.

Por ello los miembros de la Asociación, que tiene al menos 100 jueces agremiados, deben denunciar inmediatamente si tienen amenazas, agresiones o cualquier tipo de intimidación interno o externo, donde se deben usar los mecanismos de protección nacionales y en el caso que no funcionen acudir a los internacionales para garantizar los derechos humanos.

A los jueces y magistrados se les debe garantizar el acceso a la justicia y a la defensa, que para ello debe existir el Consejo de la Judicatura cuya estructura tendría que ser integrada por las dos asociaciones de jueces, la estatal y la AJD, pero esta última fue discriminada y excluida de ese proceso arbitrario, por intervenciones de carácter político, dijo Bennett Calderón.

Antecedentes de injerencias en la independencia judicial

García Sayán y Bennett Calderón, citaron algunos casos en que las intervenciones en el acceso a la justicia provocaron un resultado diferente, que irrespetaron la independencia de cada uno de los poderes del Estado.

En el 2009 durante el Golpe de Estado, por oponerse a esas actuaciones fueron destituidos tres jueces y una magistrada, quienes asistieron a una movilización popular que esperaba el retorno al país del presidente constitucional Manuel Zelaya. En 2014 el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), y el 05 Octubre 2015 esta instancia emitió la sentencia en la que ordena al Estado de Honduras el reintegro de las personas afectadas, marcando un antecedente importante para los casos futuros de la independencia judicial.

En el 2017, el caso de la “Red de Diputados”, donde fueron señalados 60 diputados por malversación de fondos públicos transferidos del Poder Ejecutivo a organizaciones de sociedad civil y luego a las cuentas bancarias.

Después del inicio de las investigaciones por la entonces Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, el Congreso Nacional aprobó una serie de modificaciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, que exige al Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), que realice auditorías preliminares e investigaciones donde estén implicados miembros del parlamento teniendo un plazo de tres años para concluir su examen.

Algunos de los puntos que el relator señaló en el informe de acuerdo a la independencia del Poder Judicial en Honduras están la injerencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no hay independencia de la Judicatura.

Trabajadores del sistema judicial comentaron a García-Sayán en su visita que por la falta de interés del Estado en brindarles protección preferían renunciar, y también que el marco jurídico e institucional presenta graves lagunas y no basta su forma actual para proteger y promover la independencia del Poder Judicial.

Recomendaciones del Relator al Estado

Asimismo el relator agregó una serie de recomendaciones al Estado, entre ellas adoptar la aprobación de legislación para regular todos los aspectos de la carrera judicial, donde toda injerencia o amenaza a la independencia del Poder Judicial debe evaluarse y abordarse con carácter urgente.

Además aprobar con carácter prioritario, una nueva ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, dicha ley debería elaborarse teniendo en cuenta las recomendaciones de los órganos internacionales y regionales pertinentes, como el Comité de Derechos Humanos y las instituciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto debería revisarse, a fin de evitar cualquier injerencia de los partidos políticos y los grupos económicos en la selección de los altos cargos del sistema de justicia.

Establecer sin más demora las unidades de protección previstas para los jueces y fiscales en situación de riesgo y asignar recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para proteger a los jueces, fiscales y abogados que sean objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación e injerencias como resultado de sus actividades profesionales.

Aunque el Código Procesal Penal y el Código Penal contengan disposiciones destinadas a alentar la colaboración de las personas acusadas de delitos complejos u organizados para que puedan proporcionar información de interés a cambio de ventajas en cuanto a las sanciones y el trato que se les apliquen, éstas no son un componente integral de la estrategia y los procedimientos nacionales destinados a combatir la corrupción.

El Relator expresó que reviste suma urgencia que el Congreso Nacional considere la posibilidad de debatir y aprobar una ley que introduzca la negociación de los cargos y la condena y garantice la colaboración efectiva con la fiscalía, en particular en las investigaciones penales sobre corrupción y delincuencia organizada.

Honduras también debería considerar la posibilidad de cooperar de forma más eficiente y sistemática con otros países sobre la base de las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, agregó

García Sayán dijo lamentar profundamente la decisión de las autoridades estatales de poner fin al mandato de la MACCIH y de suspender el funcionamiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción.

Recomendó a las autoridades estatales que asignen recursos humanos financieros y técnicos adecuados a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.