En este ciclo el Estado será sometido a revisión de las recomendaciones y compromisos que se responsabilizó a cumplir conforme a los derechos humanos, en mayo de 2015. Esta examinación estaba programada para mayo anterior, pero debido a la pandemia se ha retrasado.

La CCI entregó el informe en el Consejo de los Derechos Humanos con las peticiones de diversos temas como Libertad de Expresión, derechos de las mujeres, comunidad LGTBI, bienes comunes y territorio, tortura y desplazamiento forzado, derechos humanos, niñez y juventud.

Preocupaciones que llevan al EPU sobre sistema penitenciario

Melissa Escoto del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura destaca la situación de crisis en el sistema penitenciario en Honduras .

La coalición presentó las críticas a las recomendaciones incumplidas con ánimo de impulsar y contribuir a cambiar la situación de país como la crisis humana en las que se encuentra la nación lo que representa una emergencia nacional en materia de derechos humanos.

La militarización absoluta de la seguridad ciudadana, la administración agraria y un estilo de gerencia estatal que arrasa con las libertades públicas, los derechos individuales y colectivos, y privilegia la impunidad, son algunos de los puntos señalados por la CCI.

Las recomendaciones al Estado de Honduras en el EPU 2015

Adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la legislación que regula el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.

Continuar la búsqueda de la promoción de los derechos humanos, en particular a través de la consolidación de las instituciones democráticas, la libertad de expresión, la protección de las mujeres, y la asistencia a los pueblos indígenas y afro-hondureños.

Adoptar medidas para poner fin a las amenazas y el hostigamiento de defensores de derechos humanos, periodistas y jueces, de acuerdo con la declaración de la Asamblea General sobre los defensores de derechos humanos, tales como el establecimiento de un mecanismo para la aplicación efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Aumentar los esfuerzos para proteger a los periodistas

Tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los periodistas, defensores de los derechos humanos , llevar a cabo investigaciones independientes y creíbles de los asesinatos de siete periodistas , amenazas contra varios otros que se produjeron en 2010 y llevar ante la justicia a los autores de esos actos condenables.

Proporcionar suficientes recursos financieros y humanos para el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Oficina del Fiscal Especial de Derechos Humanos, para que puedan realizar su función de prevenir y una efectiva investigación de los casos de violaciones de los derechos humanos, en particular los cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Continuar reforzando los recursos de investigación y enjuiciamiento a fin de llevar a cabo investigaciones prontas, transparentes, creíbles y efectivas de los asesinatos de periodistas desde marzo de 2010, y enjuiciar efectivamente a los responsables de estos crímenes.

Continuar para investigar los casos de violencia contra los periodistas y enjuiciar efectivamente a los responsables de tales actos.

Continuar las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos y de la oposición.

Intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes recientemente denunciados cometidos contra periodistas.

Mejorar su capacidad de investigación para resolver los casos de mujeres asesinadas, periodistas y defensores de los derechos humanos, y llevar ante la justicia a los responsables.

Aplicar plenamente la ley de transparencia y acceso a la información pública.

Continuar para proteger, a través de actos jurídicos y administrativos, la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como el acceso a la información.

Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas.

Llevar a cabo una política de prevención activa contra la violencia y los actos de intimidación contra medios de comunicación y miembros de la oposición política, y dar a los mecanismos establecidos los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en el ámbito de la protección de los derechos humanos.

Adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de los periodistas hondureños, así como el ejercicio de la libertad de expresión, de adoptar todas las medidas posibles para llevar a cabo investigaciones con el fin de acabar con la impunidad por el asesinato de periodistas.

Adoptar medidas urgentes para hacer frente a la creciente vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en el país, incluso en el plano jurídico - ver delitos de prensa - y protegiéndolos de la represión y la impunidad.

Garantizar la libertad de expresión, de conformidad con las obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en relación con los periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la oposición.

Restablecer plenamente la libertad de los medios de comunicación, protegiéndolos de cualquier acoso o intimidación, de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Asegurarse que los periodistas, formadores de opinión, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos puedan expresar sus críticas y opiniones libremente y en paz, y poner fin a los actos de hostigamiento contra los opositores al golpe de Estado y en contra de los jueces, en vista de la separación de poderes.

Garantizar la libertad de expresión, en particular mediante la lucha a los ataques contra periodistas y garantizar que éstos, formadores de opinión y miembros de la oposición política son libres de expresar sus puntos de vista.