El 19 de septiembre se viralizó a través de redes sociales en el país una protesta de isleños de Crawfish, Roatán, en el departamento de las Islas de la Bahía, cuando autoridades de la región leyeron un artículo de expropiación con autorización del Estado para la creación de una ZEDE.

En junio de 2013 fue aprobada por el Poder Judicial la Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE), que ejerce la tercerización de Justicia como un mini Estado autónomo que se entrega para atraer presuntos inversionistas, con la finalidad que otorguen al país beneficios económicos, contemplando que seguirá bajo la Constitución y los derechos internacionales que el país contempla, lo demás será dispuesto de acuerdo a su estructuración.

Estas ZEDE, surgen de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), que se quiso aprobar durante el Golpe de Estado en el 2009, confirmada cuando en el mes septiembre del 2012, Honduras firmó una carta de entendimiento con el empresario estadounidense Michel Strong, con anterioridad de informaciones proveniente del Poder Legislativo, se filtró la información que la primera RED conocida también como “ciudad modelo” abarcaría desde la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, incluyendo de esta forma 24 comunidades garífunas, a las cuales nunca se les informó sobre las pretensiones del Estado al respecto, pero no fue admitida y se volvió a presentar cambiando el nombre y maquillando sus funciones para ser aprobada y publicada bajo el decreto 120-2013.

Según la normativa las ZEDE, tienen carácter inalienable donde no es territorio que se pueda ceder o vender a otros, pero les autoriza tener personería jurídica, su propia normativa y política con el propósito de acelerar la inserción en los mercados mundiales en la cual el país puede ser un socio o aliado.

En 2014 el Observatorio de Los Derechos Humanos De Los Pueblos Indígenas Y Negros De Honduras (ODHPINH), realizó un ensayo sobre el Estado de Honduras y las afectaciones a los derechos humanos, principalmente a los pueblos miskitos y garífunas, como afectados en su entorno, desde su principal fuente de ingreso alimenticio como es la pesca.

La mayoría de los proyectos de desarrollo que han surgido después del golpe de Estado, se han convertido en intervenciones que no han tomado en cuenta el derecho a la consulta para el consentimiento previo libre e informado (CPLI), tal como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El informe detalla que un problema es que el Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en desarrollo (Programa ONU-REDD),al no existir una garantía sobre los territorios, como consecuencia de la Ley de Propiedad vigente, la cual permite diluir la propiedad comunitaria además de efectuar contratos sobre los territorios, apertura su posible entrega.

Como cómplices en la mayoría de los casos están el Instituto Nacional Agrario, (INA), el Instituto de la Propiedad, (IP) y las municipalidades que se encuentran involucrados en titulaciones anómalas a favor de foráneos, utilizando la violencia común y la ejercida por el narcotráfico como un mecanismo de terror.

El ODHPINH destacó que a través de la historia tolupanes, miskitos y garífunas han sido asesinados por el afán de promover el proyecto, mientras el Estado maneja un discurso bochornoso de que los indígenas no son tan inocentes como parecen, ya que en algunos casos se les ha vinculado al crimen organizado.

Varias personas han compartido a través de redes sociales un no a las ZEDE, donde no se permita en el país la implementación de un Estado autónomo dentro de otro, como una manera de vender el territorio.