El derecho asociación corresponde a la libertad individual de unirse o no a un determinado grupo, como las Organizaciones de Sociedad Civil, asociaciones de trabajadores, vecinos, asociaciones, religiosas, políticas, defensa de tierra y territorio, prensa, entre otros, que se contempla en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y en la Constitución de la República de Honduras en los artículos del 78 al 80.

Edvin Salas, ex líder estudiantil y militante del Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), explicó que en Honduras no se respeta el derecho de asociación, principalmente cuando es una lucha común donde el gobierno actúa dejando que se organicen hasta cierto punto, para observar si les beneficia o no, pero en cuanto empiezan a ejercer presión en contra de sus intereses, interviene con represión u otras formas.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), la problemática se acrecentó porque no aceptaron las asociaciones elegidas por estudiantes e impusieron desde las autoridades a educandos seleccionados a conveniencia en el Consejo Universitario para que tomaran decisiones a su favor.

Desde el 2014 que se intensificó la protesta social de la UNAH, se criminalizaron a más de 200 estudiantes a nivel nacional, que provocó la articulaciones de organizaciones derechos humanos, abogados y otras instituciones que defendieron y salvaguardaron no solo el derecho de asociación sino la vida y a un proceso judicial justo.

Para el Ingeniero Salas la diferencia de las asociaciones comunes de la población es que tienen una meta por la que regirse mientras que los partidos políticos comparten una misma ideología y se unifican para llegar a ser representantes de una mayoría para obtener el control del poder.

En Honduras el irrespeto para las asociaciones de sociedad civil, que usan la autonomía y descentralización del Estado para ofrecer servicios y acompañamiento, defensoría de derechos humanos, asistencia humanitaria, entre otras actividades, son afectadas por diferentes estrategias promovidas desde el gobierno como el divisionismo a través de campañas, criminalización, agresiones y asesinatos.

El trabajo permanente de las asociaciones en un país contribuye brindando resultados positivos en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas familias, destacando la importancia social de las personas jurídicas que fomentan el desarrollo social y económico por lo cual el Estado debe promover programas donde éstas coadyuven con las políticas del país.

Sin embargo para los partidos políticos se reconocen en la Constitución de la República de Honduras como instituciones de derecho público, que deben establecer sus estatutos en función de los derechos democráticos de participación en equidad y oportunidad, sin discriminación en ningún ámbito.

Miles de personas se unen a diario para luchar por derecho en el país más violento contra este tipo de actividades. Por ejemplo en la actualidad hay siete defensores del ambiente que se unieron decenas en la comunidad de Guapinol para defender su Río que está siendo contaminado por la Minera Inversiones Los Pinares, pero el poder económico y político ha prevalecido y hay varios recursos presentados por sus abogados para que les dejen en libertad pero ha sido imposible.

Otros seis están con un proceso penal y la Corte de Apelaciones de lo Penal ha echado abajo un sobreseimiento definitivo aplicado en el 2019 y ordenó auto de formal procesamiento para que vayan nuevamente a la cárcel.

Así existen innumerables casos de represión contra el derecho de asociación en diferentes partes del país.

Con la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM- 21-2020 se suspendieron garantías constitucionales en Honduras, pero hubo grupos de sociedad civil que no fueron reconocidos entre las excepciones para no obstaculizar su trabajo, como a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han presionado con insistencia desde marzo en que inició la aplicación de esta disposición ejecutiva, pero no han obtenido respuesta a pesar que hay hasta salvoconductos turísticos para que las personas vayan de vacaciones.

Eso denota la falta de importancia que tiene este sector que defiende los derechos humanos en Honduras, violentando con ello convenios internacionales que protegen su labor y mandan a los Estados a facilitar el trabajo por los derechos fundamentales y proteger a las personas defensoras de estos derechos.