La Coalición Contra la Impunidad, (CCI), destacó que un total de 117 Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos, agrupadas en redes, Coaliciones, Plataformas y Grupos de Base Comunitaria, presentaron una Declaración del Informe Alternativo del EPU, sobre el cumplimiento de recomendaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en los últimos cinco años.
Las pre sesiones del EPU se incorporaron en el segundo ciclo después del 2012 ya que el Consejo notó que la estructura formal limitaba el alcance y participación civil para facilitar a las delegaciones diplomáticas información sobre la situación de los derechos humanos en los países objeto de examen y asegurar que las recomendaciones de los Estados sean específicas y cuenten con un propósito bien definido.
La CCI mediante una conferencia de prensa unas horas después de las pre sesiones informó sobre que entre los temas abordados figuran la desigualdad social, el aumento de casos de tortura, violación de los derechos fundamentales a grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad como la niñez, juventud, discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.
Presencia militar permanente
Asimismo señaló que "La cultura de militarización es impulsada como política del Estado. La presencia militar se observa en tareas de seguridad ciudadana, en centros educativos a nivel nacional y en el sistema penitenciario nacional, con la agravante de un uso excesivo de la fuerza y estricto control de la población privada de libertad, sin que exista un marco jurídico claro en relación con el papel de los militares en la seguridad pública. La desproporcionalidad de los presupuestos destinados a las Secretarías de Defensa y Seguridad, que superan los 364 millones de dólares, ubicándonos entre los países con mayor inversión militar impactando directamente en la violación de los derechos humanos".
Además esta red de organizaciones destacó que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se criminaliza la protesta social, el derecho de reunión y de asociación, a defender los derechos humanos, contiene restricciones a la libertad de expresión por la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos.
Este es el documento con el posicionamiento ante el EPU 2020
“Honduras, ante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos"
El Estado de Honduras, será sometido por tercera vez a una evaluación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Un total de 117 Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos, agrupadas en redes, Coaliciones, Plataformas y Grupos de Base Comunitaria, participamos este martes 13 de octubre en la 36 Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), presentando una Declaración del Informe Alternativo, del Examen Periódico Universal (EPU), sobre el cumplimiento de recomendaciones y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en los últimos cinco años.
El Informe Alternativo, incluye entre otros temas, desigualdad social, el aumento de casos de tortura, violación de derechos humanos a grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad como la niñez, juventud, discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.
Relevamos nuestra preocupación por el aumento del militarismo y el establecimiento de los tribunales de jurisdicción nacional, la falta del combate efectivo a la corrupción, el resquebrajamiento del Estado de derecho y la violencia sistemática que el Estado de Honduras ejerce a través de sus políticas institucionales, contexto empeorado en la actual pandemia por COVID-19.
Nuestro país es hoy el más desigual de América Latina y se encuentra dentro de los seis más desiguales del mundo, con casi el 70% de la población viviendo en condiciones de pobreza y más del 40% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. La pobreza es una condicionante que, sumada al desempleo y la falta de oportunidades, generan la migración de familias enteras, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados.
En 2020, entre enero y septiembre han retornado al país 31,321 personas, de los cuales 3,954 son menores de edad no acompañados. Del 27 de marzo al 07 de octubre, durante el distanciamiento social por la COVID-19 han retornado al país 1,937 Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. El gobierno de Honduras no ha cumplido con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, y esto coloca a menores de edad en mayor riesgo de ser víctimas de este flagelo.
La cultura de militarización es impulsada como política del Estado. La presencia militar se observa en tareas de seguridad ciudadana, en centros educativos a nivel nacional y en el sistema penitenciario nacional, con la agravante de un uso excesivo de la fuerza y estricto control de la población privada de libertad, sin que exista un marco jurídico claro en relación con el papel de los militares en la seguridad pública. La desproporcionalidad de los presupuestos destinados a las Secretarías de Defensa y Seguridad, que superan los 364 millones de dólares, ubicándonos entre los países con mayor inversión militar impactando directamente en la violación de los derechos humanos.
Desde el año 2014, el gobierno a través de las Fuerzas Armadas ha implementado el Programa “Guardianes de la Patria” que promueve una cultura castrense y viola los estándares internacionales queprotegen a la niñez para ser educada en condiciones de paz.
El Estado debe asignar presupuesto a las políticas relativas al acceso a la educación, salud y prevención de violencia hacia la niñez. Además, debe fortalecer el marco normativo y los sistemas de monitoreo que generen la información suficiente para tomar las medidas necesarias en respuesta a la niñez y juventud.
Honduras es también uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de derechos humanos, la situación de criminalización, violencia, estigmatización y persecución de defensores y defensoras hondureñas es alarmante.
Según registros de los observatorios de sociedad civil, once defensores y defensoras de derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017, entre 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a personas defensoras, seis de las cuales fueron asesinadas.
Entre 2001 y 2020, se han asesinado a 85 personas que trabajaban en medios de comunicación. A pesar de que el Estado no cuenta con una lista oficial de casos que investiga en relación a su quehacer periodístico, según el Ministerio Público, a julio del 2018 se han judicializado 17 casos, se han obtenido seis condenas y se encuentran en investigación 20 casos, pero ninguno de ellos involucra a los autores intelectuales.
Por otro lado, entre 2001 y 2018, 6,265 mujeres fueron asesinadas, alcanzando un 98% en la tasa de impunidad. El Estado no brinda información completa sobre los derechos de las mujeres en el caso de continuar con la denuncia, ni sobre las medidas de protección disponibles. Es urgente que el Estado se responsabilice por la poca justicia que proporciona a estos casos.
De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Este aumento del desplazamiento forzado es el resultado de patrones de violencia, alimentados por desigualdad social, impunidad, corrupción y violaciones generalizadas a los derechos humanos. La respuesta del gobierno hondureño a las Caravanas y al incremento de las personas deportadas ha sido la criminalización, sin estrategias de atención, protección e integración.
Esto se ha hecho más flagrante en tiempos de COVID, en los cuales el Estado ha arriesgado la salud y la vida de aproximadamente 18 mil personas deportadas, de los cuales casi 2 mil han sido menores no acompañados.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se criminaliza la protesta social, el derecho de reunión y de asociación, contiene restricciones a la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a defender derechos humanos. Esto incluye, la criminalización por la utilización de sitios web o redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos, produciendo afectación a jóvenes por ser su principal plataforma de expresión. Los delitos de trata y otras formas de explotación contra la niñez no guardan armonía con los estándares internacionales, algunos tipos penales se derogan y en su mayoría se disminuyen las penas.
Otra normativa restrictiva es la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, denominada “Ley de Secretos”, que sigue siendo un obstáculo en el acceso a la información pública, especialmente para aquella que tiene que ver con la persecución de delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y policiales.
Otros elementos relacionados con la igualdad de derechos, es la postergada ratificación el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones.
En los últimos cinco años, se presentó el proyecto de ley para implementar educación sexual integral en centros educativos. Sus decisiones fueron poco fundamentadas en la ciencia y sin considerar el bien común de la población, pese a la creciente tasa de embarazo en adolescentes y violencia sexual.
Igualmente, urge que el Estado derogue el Acuerdo Ministerial número 2744, que prohíbe la venta, promoción y uso de los anticonceptivos de emergencia (PAE), que se apruebe el Protocolo de Atención Integral para Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual y que elimine de la legislación actual la penalización del aborto.
Se debe reconocer plenamente la igualdad de derechos a nivel legislativo mediante la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario. Asimismo, debe implementar una ley de Identidad de Género y/o reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas, que permita a la población LGTBI la adopción legal del nombre asumido en razón de identidad y expresión de género.
Conforme a cifras que hace públicas el “Observatorio de muertes violentas de personas LGBTI”, del 2015 hasta mediados del 2020 se han producido más de 150 casos de muertes violentas contra personas LGTBI, en promedio 30 muertes por año.
Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la independencia del Estado hondureño de las religiones, evitando que prácticas y doctrinas religiosas interfieran en el reconocimiento de derechos en materia de derechos humanos, retirando de las esferas formales de decisión en materia de derechos de las mujeres a representantes de las iglesias.
Las solicitudes de asilo de hondureños y hondureñas se han incrementado de 1,516 en 2009 a 78,100 en 2019, situación que coloca al país como el cuarto del mundo en número de solicitantes de asilo.
Finalmente, el día de hoy, nos presentamos ante la comunidad nacional e internacional para compartir una mirada crítica a las recomendaciones incumplidas, ignoradas y no asumidas por el Estado de Honduras, con el deseo profundo de contribuir a generar cambios estructurales para el disfrute integral de los derechos humanos de toda la población sin sesgos ni discriminación.
Tegucigalpa M. D.C 13 de octubre 2020
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