Destacaron que las mujeres son discriminadas hasta por su forma de hablar, vestir o por su condición social, cuando van al Poder Judicial o a otras instancias estatales  a defender sus derechos.

Para ellas la Ley de Organizaciones No Gubernamentales es una de las limitantes de las asociaciones, pues expone ciertas políticas que se deben cumplir y si no, tienen el riesgo de cerrarles sus organizaciones por multas altas o sanciones.

Calixta Martínez, de Mariposas Libres, una asociación de mujeres en la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, mencionó que ellas se sienten discriminadas por ser garífunas, así como sucedió con Enlace de Mujeres Negras, que en algún momento intentó hacer la relación entre la Secretaría de Salud y operadores de justicia, como una estrategia, ya que no eran escuchadas, pero no se logró.

Martínez agregó que con el Foro de Mujeres por la Vida y un programa de USAID, se formó una alianza porque a ellas como grupo organizado no les brindaban atención, “los operadores de justicia no quieren hacer su trabajo , ni las mesas de diálogo ni comunicados funcionan, incluso muchas veces son mujeres con corbatas y botas que están en esos espacios y se les olvida las luchas contra la violencia hacia la mujer”.

Algunas otras formas que las organizaciones de mujeres destacaron es la intromisión de la religión, que ha afectado en algunos casos de violencia sexual, la falta de recursos económicos, movilidad, actuación del sistema de justicia, que a veces por la descoordinación entre las instancias toca andar de una a otra para interponer una denuncia.

Roxana Vásquez, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, (ADEPZA), destacó que hay poca denuncia y preocupa que las agresiones no son solo psicológicas, sino físicas porque no las asumen como algo grave que ocurre en la comunidad, entonces desde la asociación se empezó a concientizar sobre la violencia doméstica a través de la radio La Voz de Zacate Grande, ya que en el marco del Covid-19 se ha acrecentado.

Eva Sánchez, de la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, coincide en que un tema sutil de control a las organizaciones fue la entrada de Ley de Organizaciones No Gubernamentales porque mientras trabajan en el acompañamiento deben de tener en cuenta las políticas a cumplir o podrían ser objeto de multas de hasta 20 mil lempiras, lo que se impulsa desde el Servicio de Administración de Rentas y bancos.

También explicó que con el nuevo Código Penal se cambiaron figuras como la violencia intrafamiliar, provocando un retroceso en los derechos de las mujeres y territoriales, debido a que desaparecieron el delito de violencia intrafamiliar, pero sí pueden ser penalizadas los movimientos sociales y de mujeres por usurpación y terrorismo, que otorga ventaja a las tácticas del gobierno en la infiltración de personas para que provoquen daños y culpar a quienes protesten pacíficamente.

Asimismo con la invitación de Esperanza Tubac, de la comunidad Maya de Guatemala, contrastó las formas del Estado de Honduras para limitar el actuar de las organizaciones con lo que ocurre en su país, asegurando que las políticas estatales o leyes pueden influir en la regresión de los derechos humanos.

Tubac dijo que la aprobación de leyes ha tenido un impacto de beneficio a los corruptos que atentan contra los derechos de la población indígena y ahora están fiscalizando las organizaciones no gubernamentales, principalmente a las que defienden los derechos de las mujeres que han abanderado luchas históricas, llegando a amenazar incluso la existencia de las secretarías de derechos humanos.

La Defensora de Derechos de las mujeres Ilse Villatoro , explicó que el Estado de Honduras no respeta el derecho de asociación y reunión, no hay garantías porque los cuerpos policiales utilizan la represión y agresión física con toletes hacía quienes representen una oposición.

“En un contexto de dictadura donde los derechos humanos están en retroceso, los defensores estamos en lucha poniendo sangre, sudor, lagrimas e incluso la vida, pese a que en el país está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH) y la Secretaría de Derechos Humanos, hay una discriminación y persecución a los grupos organizados, expuso Villatoro.

La estrategia principal para las representantes de las asociaciones y organizaciones son las alianzas nacionales e internacionales, pero éstas se ven afectadas por el actuar del Poder Legislativo y Judicial que son dos instancias de derechos civiles ajustadas a los intereses de pocos, argumentó

La defensora matizó el tema señalando que esa situación crea impunidad ya que si la denuncia no se investiga, no se sanciona y se deja en el olvido, el agresor puede seguir actuando sin ningún temor.