Loany Alvarado, subdirectora de Fiscales, del Ministerio Público, en representación del Fiscal General, Óscar Chinchilla, señaló la creación de algunas fiscalías como avances de las recomendaciones en el segundo ciclo, mismas que las organizaciones de sociedad civil indicaron como débiles, con resultados bajos y poco apoyo a grupos minoritarios.

Expuso que el MP tiene avances con la creación de la Fiscalía de Especial de Derechos Humanos FEDH, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODEHH), La Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural que ha presentado casos penales relacionados con la defensa de tierra, territorio y recursos naturales, y también con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida han obtenido sentencias en investigaciones de vulneraciones a grupos vulnerables.

Sin embargo las organizaciones de sociedad civil aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI), que presentaron el informe alternativo, manifestaron que la creación de esas instancias no se ha traducido en una respuesta institucional a la violencia que viven estas poblaciones, debido a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, sesgos de género en la aplicación de justicia, y falta de recursos para investigar delitos.

Alvarado aseguró que el refuerzo por los derechos humanos se intensifica con la ampliación de cinco fiscalías regionales a 10.

Destacó como otro avance que la FEDH ha capacitado a 2 mil 254 operadores de justicia y con la creación del nuevo Código Penal se amplía la protección a las personas con la inclusión de delitos a ilícitos como la desaparición forzada.

El MP ha incrementado su presupuesto anual en un 80.68 por ciento en relación al 2015, en ese año contaban con 783 Fiscales y actualmente hay 927. Asimismo se tenían 202 agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC), y ahora son 300, también de 96 detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico actualmente pasó a 225 detectives.

Alvarado agregó que se han mejorado las condiciones laborales otorgando acuerdos de nombramiento a Mil 343 empleados en el MP.

Datos del MP y la CCI

La CCI informó que el Estado ha aprobado disposiciones que promueven la homolesbotransfobia, y prohibió expresamente la adopción a los hogares homoparentales, así como hay insuficientes medidas para reducir la impunidad, y la violencia expresiva de los crímenes a la población Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual LGTBI, dejando que tengan poco acceso a la justicia.

Honduras es uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de Derechos humanos donde al menos 11 defensores y defensoras de derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017 y, en 2016 y 2017, se registraron 2137 ataques a personas defensoras, seis de las ellas fueron asesinadas y estos ataques se cometen en un ambiente de impunidad estructural, señaló la CCI en un comunicado de prensa al término de la precesión del EPU, el 13 de octubre pasado.

Mientras el Ministerio Público sostiene que a través de la FEDH tiene 65 investigaciones sobre crímenes de la comunidad LGTBI, de los cuales 3 casos están judicializados y 2 han tenido una condenatoria y otra absolutoria.

También la Fiscalía de Delitos Contra la Vida durante el último periodo de cinco años en la zona centro, sur y oriente tuvo 50 expedientes de los cuales 28 casos obtuvieron 9 sentencias condenatorias y una absolutoria.

La CCI expuso que el Estado no ha hecho efectivo el Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, debido al incumplimiento de los estándares de implementación de ese organismo según su normativa, y a que la sociedad civil tiene una participación limitada y minoritaria en las instancias de toma de decisiones, de allí que solo cumple el 46 por ciento de las directrices previstas en la ley.

La red de organizaciones agregó que los criterios de aplicación no se han consultado a las organizaciones y no hay transparencia e imparcialidad en su puesta en marcha , además, la participación del Estado en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos genera bajos niveles de confianza en dicho mecanismo.

Además la CCI, destacó que la práctica de criminalizar el trabajo de defensoría se ha generalizado, particularmente en los casos de defensa de la tierra, el ambiente y derechos políticos.

En ese sentido el MP sostuvo que a través de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural, ha hecho acciones penales sumamente importantes relacionadas con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas respecto a sus tierras, territorios y recursos naturales.

No obstante esa aseveración que se contrapone con el encarcelamiento de siete defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol y la desaparición forzada de cuatro garífunas, entre ellos un líder que testificó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras por despojar a los garífunas de Triunfo de la Cruz de sus territorios.

La Coalición Contra la Impunidad contrasta la criminalización realizada por el malintencionado uso del derecho penal, violaciones al debido proceso y uso arbitrario de parámetros en las detenciones.