El Bufete Estudios para los Pueblos y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, interpusieron en el 2016, un Recurso de Amparo en favor de la comunidad por las múltiples violaciones de Derechos Humanos que MINOSA, lo cual generó contaminación de ríos y destruyó el cementerio considerado un patrimonio cultural e histórico de la población.

El abogado Víctor Fernández, señaló que existe una serie de violaciones a los derechos humanos de la población como el derecho a la soberanía popular, a la integridad, a la familia y el patrimonio cultural, y por medio del fallo de la Sala Constitucional se reafirma la lucha legítima de la comunidad.

Según Fernández la corte está mandando un mensaje fundamental de que se deben respetar los derechos de estas comunidades y familias, marcando un precedente contra una gran empresa extractivista que comete una serie de irregularidades con participación de funcionarios gubernamentales como los de la Secretaría de Salud y la municipalidad.

La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es la llamada a respetar los estándares internacionales de justicia porque en este caso agotar las instancias administrativas de un proceso ordinario representa para las víctimas una condena al no tener acceso ni a un recurso sencillo y por tanto se rechaza el criterio de seguir el protocolo, dijo el abogado.

Según el Bufete Estudios para los Pueblos, las exhumaciones de cadáveres en el cementerio de San Andrés representó para la población la obligación de aceptar que el cuerpo de su pariente fuera retirado del camposanto porque obstaculizaba el proceso de la empresa para la explotación de oro.

Asimismo la población ha sido vulnerada por la Empresa, y en diversas denuncias públicas mencionan la contaminación de los ríos con químicos tóxicos que extraen el oro, trabajadores intoxicados por malas condiciones y afectaciones severas del medio ambiente en las regiones donde se realizaron los procesos de extracción del mineral.

La empresa ha hecho uso de diferentes estrategias para detener la lucha de las comunidades que han sido afectadas por las operaciones de esta compañía, entre ellas la criminalización a través de procesos penales contra decenas de defensores.

En el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones destacaron las violaciones a los derechos humanos por los proyectos extractivistas en Honduras, enmarcaron las denuncias y la criminalización, así como la persecución a las personas defensoras, daños a la salud, alimentación, agua y ambiente.