Al unísono las organizaciones y redes que conforman la Plataforma 25 de Noviembre, exigieron “un alto a la violencia política”, ya que los ataques mencionados son selectivos para las mujeres que defienden los derechos humanos acusándolas de abortistas e inhumanas, entre algunos epítetos.
Según la denuncia las formas de desprestigio se han acrecentado con el acercamiento de las elecciones internas, donde funcionarios de municipalidades y sectores conservadores atentan contra un proceso de construcción democrática en el que se deberían tomar en cuenta los derechos humanos de las mujeres que hasta ahora constituyen una deuda política
La representación de las mujeres en los órganos de toma de decisión protegería los derechos que se han les han negado a más de la mitad de la población.
Señalaron que de 19 propuestas presentadas en los últimos años ninguna ha sido tomada en cuenta en el Congreso Nacional.
La plataforma señala que la lucha democrática no se está desarrollando de forma igualitaria, sino que después de las afectaciones del Covid-19, y los huracanes Eta e IOTA, la discriminación por la descendencia o color de piel, la violencia sistemática que azota más a las mujeres y el riesgo de contagio ponen un obstáculo más de desatención.
Asimismo exigieron al Congreso Nacional la aprobación de la Ley Contra la Violencia Política, que castigue aquellas personas que emiten e incentivan mensajes de odio, de desprecio contra las mujeres que están en su derecho a ejercer la participación y a decidir sobre sus cuerpos, que son apuestas necesarias y verdaderamente revolucionarias.
“Es aquí donde toma sentido que la revolución será feminista o no será, porque las decisiones en los espacios públicos y privados, en los últimos años ensancha la brecha entre la letra escrita y el ejercicio real de esos derechos, por lo que es vital reforzar la lucha por alcanzar una democracia inclusiva y con justicia social”, señalaron.
Mientras las defensoras, abogadas y mujeres que aglutinan la plataforma realizaban el platón constantemente fueron asechadas por hombres gritando “viva el machismo”, así como miembros de la Policía Nacional que llegaron a custodiar el edificio legislativo.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada por la Asamblea General en 1979. En su preámbulo se indica que, a pesar de la existencia de otros instrumentos, las mujeres siguen sin disfrutar de los mismos derechos que los hombres.
La Convención establece la obligación de los Estados de eliminar la discriminación por motivos de sexo y conseguir una igualdad sustantiva, en el ámbito público y privado, también en las prácticas y costumbres.