Este escenario que describe Leiva no es nada halagador porque además señala la falta de institucionalidad  y la persecución a sangre y fuego contra quienes defienden derechos, criminalizando a las personas que se organizan para protestar contra las arbitrariedades del gobierno del Partido Nacional.

Hizo un esbozo de la situación en que está inmerso el sistema de salud donde la corrupción es galopante y los responsables de echarse el dinero del pueblo en sus bolsas están protegidos por un sistema de justicia selectivo que ataca a los defensores y defensoras de derechos humanos y los movimientos sociales.

En su balance para el año 2021 destacó que la situación de la niñez y la juventud en cuanto al acceso a la educación en el 2020 fue una cosa tan terrible que va a impactar en el país por muchos años debido a que más de un millón no tuvieron la oportunidad de estudiar y el gobierno no hizo nada para evitarlo.

En relación a la violencia contra defensores de derechos humanos terció sobre casos emblemáticos como lo son los ocho defensores de Guapinol que están encarcelados y que no hay poder humano que los saque de prisión debido a la represión judicial que se ha establecido para favorecer intereses empresariales.

Asimismo la desaparición forzada de cuatro garífunas en julio de 2020 "nos regresó a la década de los 80 con esta práctica deleznable".

Se suman a este panorama oscuro contra los derechos humanos los encarcelamientos de personas de comunidades indígenas, como el caso de Víctor Vásquez, en La  La Paz,  y los crímenes contra Adán Mejía, de la etnia tolupán y Félix Vásquez, de la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, siempre en La Paz, a finales de diciembre del año pasado.

Uno de los señalamientos de Carlos Leiva es que  se pretende someter al pueblo hondureño  a través del temor, "nosotros vemos que la situación en el país en cuanto a derechos humanos no tiene mejora, porque quienes defienden sus derechos están siendo amenazados, vigilados y en precariedad su seguridad y la de sus familias, esto nos muestra que vivimos en una dictadura, que hace caso omiso a las recomendaciones de instancias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH y otros organismos que no son escuchados por el régimen".

Como ejemplo de la arbitrariedad explicó que el nombramiento ilegal de la comisionada actual del CONADEH fue puesta en el cargo utilizando un mal procedimiento en su elección en el Congreso Nacional.  por lo que es evidente que la situación no se va a resolver. 

Nivel organizativo débil

Nos preocupa también el bajo nivel organizativo, esto se vio desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas que vino a destruir toda la matriz organizativa que había y se profundizó con los últimos gobiernos, nos está pasando factura, porque  con el apoyo del gobierno de Trump, que conoció  todo lo que hace Juan Orlando y su pandilla, se hizo de la vista gorda.

Vislumbró una  tendencia de muerte, “de querer atemorizarnos, de pretender convertirnos en una sociedad sumisa, que las organizaciones no reacciones y que sea prohibido organizarse, se criminaliza el derecho se asociación,  eso lo vemos con el Código Penal desde donde se penaliza a la gente que quiere organizarse y se baja las penas para los corruptos, ya vemos que se han liberado personas que tienen grandes responsabilidades”

Recomendó que con las dificultades que se presentan las organizaciones sociales deben retomar la lucha, “quienes trabajamos en derechos humanos debemos acompañar a estas fuerzas ´para poner en la palestra pública lo que está ocurriendo en el país”.

Criticó que hay una debilidad de la oposición que se está planteando solamente una lucha electorera, sin ninguna propuesta contra lo que está ocurriendo y no se tiene un planteamiento que proponga una solución a la crisis debido a que  hay liderazgos desgastados.