Martínez, líder campesino de 60 años, fue capturado en Tocoa en noviembre 2018 y enfrentó su proceso judicial ante el juez de Jurisdicción Nacional Carlos Irías León en San Pedro Sula, quien le dictó auto de formal de procesamiento por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares relacionado a su participación en el campamento "Por el Agua y la Vida" instalado en Guapinol el 1ro agosto de 2018.
El Juez Irías De León le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y desde diciembre de 2018, Jeremías Martínez ha estado en prisión preventiva en La Ceiba. Su caso fue elevado a juicio en enero de 2020 y ahora es la Sala 1 del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa que lo conoce. El 24 de septiembre de 2020, el Tribunal ordenó que Jeremías Martínez esté bajo arresto domiciliario porque su tiempo de prisión preventiva relacionada a los delitos a que se le imputan ha terminado. A pesar de esta orden, él permanece en prisión porque es una de las ocho personas que se presentaron en agosto de 2019 y enfrentan un segundo proceso penal por los delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad. En enero 2021, los Magistrados Jimmy Chirinos, Garín Enoc Urquía y la Magistrada Irasema Guillén de la Corte de Apelaciones de La Ceiba ratificaron la prisión preventiva en este segundo caso sin la justificación jurídica necesaria.
El campamento “Por el Agua y la Vida” fue una expresión legítima y lícita en defensa de los bienes comunes y públicos y el parque nacional Carlos Escaleras, pero el mismo Juez Irías De León concedió un desalojo arbitrario y violento 88 días después de la instalación del campamento como consecuencia de la acusación del Ministerio Público de Tocoa, respondiendo a la denuncia de la empresa minera Inversiones Los Pinares, que alegaba que las personas defensoras de las comunidades afectadas habían usurpado las tierras privadas de la empresa, y además, que provocaron daños a sus instalaciones.
En febrero de 2019, 12 personas más de Tocoa, requeridas por los mismos delitos de usurpación y daños, se presentaron de forma voluntaria ante los juzgados y el juez Víctor Méndez dictó un sobreseimiento definitivo a su favor. El 29 de noviembre de 2019, por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa ratificó este fallo, señalando que el MP de Tocoa y la acusación privada, Inversiones Los Pinares, no presentaron un indicio racional del delito de usurpación, confirmando el derecho a la protesta y asociación pacífica tras el establecimiento de campamentos en las vías públicas. Además, la Corte de Apelaciones no encontró ninguna prueba de los supuestos daños causados a la empresa.
Teniendo en cuenta esta sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, el Tribunal de Sentencia debería desestimar esta semana los cargos de usurpación y daños contra Jeremías Martínez.
Los abogados defensores de Jeremías son Omar Menjívas, Edy Tábora y Kenia Oliva, que deberán enfrentar no solo a la empresa Inversiones Los Pinares sino a toda la maquinaria estatal hondureña que se ha prestado para sostener un proceso penal viciado de ilegalidad y violatorio a los convenios internacionales de derechos humanos. Las acciones legales interpuestas para lograr tanta la libertad de él como de siete más que se encuentran presos desde el 2019, no han prosperado porque el sistema de justicia ha abanderado el juego de la empresa Inversiones Los Pinares de quedarse a toda costa en la comunidad de Guapinol.
