Este 10 de marzo, Isabel Albaladejo Escribano, representante de la OACNUDH, presentó el informe anual sobre la situación en Honduras durante el 2020, que destacó el asesinato de ocho defensores de derechos humanos, tres periodistas, 217 muertes violentas contra mujeres y más de nueve mil llamadas de auxilio, en un Estado con altos índices de violencia e impunidad.

Albaladejo Escribano explico que existen muchas preocupaciones sobre Honduras, principalmente en relación a las víctimas y sus familias que son el eje de trabajo de la OACNUDH. Brindó un reconocimiento y aplauso a la sociedad civil y de derechos humanos que enfrentan desafíos y riesgos en el ejercicio de su labor, también agradeció al Estado que brindó apoyo e información.

El informe detalló que el impacto de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que azotaron al país en noviembre del 2020, agravaron seriamente la situación de pobreza que según el Instituto Nacional de Estadísticas INE en 2019 era del 64 por ciento, aumentado las preexistentes desigualdades socioeconómicas y estructurales, afectando particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

Al menos 7 mil 500 personas abandonaron el país como parte de las llamadas “caravanas de migrantes”, en un intento por llegar a México y los Estados Unidos de América, la movilización más grande estaba formada por unas 3 mil 500 personas y salió de San Pedro Sula el 30 de septiembre de 2020.

La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), habría informado a la Oficina del Alta Comisionado, que recibió 199 denuncias entre marzo de 2018 y octubre de 2020, la mayoría por amenazas y abuso de autoridad, en ninguna de ellas se presentó requerimiento fiscal.

En el 2020 la Oficina  registró el asesinato de al menos ocho personas defensoras de los derechos humanos entre ellas, Iris Álvarez, Scarleth Campbell, Marvin Damián Castro, Arnold Morazán y Félix Vásquez López, incluidas tres integrantes de la comunidad garífuna Antonio Bernárdez Suazo, Karla Ignacia Piota Martínez y Edwin Fernández, también el asesinato de los periodistas German Vallecillo, Jorge Posas, Luis Almendares y además 130 ataques.

La ACNUDH le recordó al Estado que de acuerdo a estándares internacionales se debe investigar de oficio la causa de la muerte  de una persona bajo custodia del Estado y los resultados de la investigación deben ser comunicados a los familiares de las personas fallecidas, como el caso del periodista David Romero Ellner, que había sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de difamación y calumnia, quien falleció en prisión el 18 de julio de 2020.

En el  informe se afirmó que los pueblos indígenas y afro hondureños continuaron sufriendo discriminación, exclusión y altos índices de pobreza y violencia, la pandemia de COVID-19 exacerbó aún más su vulnerabilidad, ya que las restricciones de movimiento y otras medidas de emergencia afectaron sus derechos a la atención médica, a la tierra y en muchos casos, los estrictos controles policiales y militares en la entrada de las comunidades indígenas impidieron el acceso a los suministros de alimentos.

El marco legislativo e institucional obstaculiza el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la penalización del aborto en todas sus formas y la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia, Sin embargo para abordar la violencia contra la mujer la capacidad sigue siendo limitada, destaca el documento.

Otra de las preocupaciones de la OACNUDH es sobre  las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar la propagación de la  COVID-19 que han afectado desproporcionalmente a las personas que trabajan en la economía informal y a otras en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y afro hondureños, las personas en situación de movilidad, las con discapacidad y  LGBTI.

Otro de los puntos señalados es que no se hayan realizado avances en la reforma legislativa para consagrar las obligaciones del Estado en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a pesar de la recomendación del Comité respectivo en 2017, las recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU y la continua incidencia de la sociedad civil.

Albaladejo Escribano explicó que la OACNUDH observó que la COVID-19 afectó negativamente el funcionamiento de un sistema de justicia que enfrentaba una falta de efectividad preexistente que provocó retrasos en los procedimientos judiciales por la reducción de las actividades y contribuyó a un aumento de casos pendientes. La transparencia y publicidad de los juicios fue también afectada, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo.

La OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron al Gobierno a  adoptar un plan para el traspaso progresivo de las responsabilidades de seguridad a las autoridades civiles y garantizar la rendición de cuentas del personal militar que cometió violaciones a los derechos humanos en los centros de detención,  donde realizaron 17 visitas documentando que no se  cumplía con las medidas básicas de bioseguridad y prevención, la falta de acceso a la atención médica y a la  comunicación con los familiares o asesores legales durante la pandemia.

También expresó una preocupación por el por el uso excesivo de la prisión preventiva, algo que debería seguir siendo una medida excepcional. Según los datos del Instituto Nacional Penitenciario hasta el 30 de noviembre de 2020 se registraron 21 mil 416 adultos, incluidas  mil 167 mujeres.

Recomendaciones al Estado de Honduras

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su compromiso de apoyar a Honduras en la protección de todos los derechos humanos para todas las personas. ACNUDH insta a las autoridades a implementar las recomendaciones de sus informes anteriores y las de los mecanismos de derechos humanos. En particular, la Alta Comisionada exhorta a las autoridades estatales a:

1. a) Implementar medidas urgentes y efectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y crear mecanismos transparentes de rendición de cuentas para garantizar el acceso de las víctimas a sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición;
2. b) Adoptar una ley sobre el consejo de la judicatura y la carrera judicial que refuerce la independencia del poder judicial, y garantizar una selección transparente de los miembros del consejo, de conformidad con las normas internacionales;
3. c) Adoptar una política pública eficaz contra la corrupción, con enfoque de derechos humanos, que incluya un mayor apoyo a la Fiscalía Especial y al circuito judicial anticorrupción, y la eliminación de obstáculos legislativos que impidan el cumplimiento de sus mandatos;
4. d) Iniciar un debate público participativo para reformar el nuevo Código Penal y garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos, así como garantizar que toda la legislación que se apruebe respete los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, al tiempo mientras que se revisan las leyes vigentes para asegurar que estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos aplicables;
5. e) Asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el personal de las Fuerzas Armadas que participe en tareas de seguridad, respeten las normas y estándares internacionales sobre uso de la fuerza y derechos humanos, en particular en la gestión de manifestaciones;

(f) Implementar un proceso gradual de desmilitarización de las funciones públicas, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana, y asegurar la gestión civil, incluyendo el fortalecimiento y reestructuración de la policía nacional;

1. g) Abordar urgentemente las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, promover la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y avanzar hacia una gestión civil del sistema penitenciario;
2. h) Asegurar que la nueva ley electoral cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular el derecho a votar y a ser elegido;
3. i) Reconocer públicamente, en todos los niveles de gobierno, el papel fundamental que desempeñan en una sociedad democrática las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas y condenar las violaciones a los derechos humanos y los abusos cometidos contra ellas;
4. j) Fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra las personas defensoras de derechos humanos y evitar el uso indebido del derecho penal en su contra, incluso mediante la revisión de la legislación vigente y de las causas penales para desestimar las que no cumplan con los requisitos de debido proceso;
5. k) Asegurar que el Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia cuente con las capacidades necesarias, incluido el presupuesto y los recursos humanos suficientes, para proteger eficazmente a sus personas beneficiarias;
6. l) Intensificar los esfuerzos para la plena realización de los derechos sociales y económicos sin discriminación, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, el agua y el saneamiento, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad; 

(m) Situar los derechos humanos en el centro del Plan Nacional de Reconstrucción para recuperarse mejor de los impactos de la pandemia de COVID-19 y la emergencia humanitaria provocada por los huracanes Eta e Iota, asegurando que nadie se quede atrás;

(n) Adoptar un marco normativo e institucional que asegure la participación equitativa y plena de la sociedad civil y las comunidades afectadas en las decisiones sobre proyectos empresariales desde una etapa temprana y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe;

(o) Revisar la compatibilidad del marco legal de las ZEDEs con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo al asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afro hondureños afectados;

1. p) Adoptar medidas urgentes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género, incluido el femicidio, la discriminación de género y los estereotipos de género, garantizando la rendición de cuentas y la implementación de acciones preventivas. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
2. q) Adoptar medidas urgentes para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales de la violencia y todas las formas de discriminación, asegurando la investigación y la implementación de acciones preventivas;
3. r) Adoptar un marco jurídico sólido que garantice los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
4. s) Garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad, incluyendo la reintegración sostenible de las repatriadas, y adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los familiares de las personas migrantes desaparecidas;
5. t) Aprobar el proyecto de ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente y elaborar una estrategia integral para encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente

Vea el informe completo aquí