La organización exigió que el mandatario priorice la protección con la creación de un mecanismo de alerta inmediata para la desaparición de mujeres y niñas como medida de acción que involucre a múltiples actores de la sociedad, la línea de atención especializada para las llamadas de auxilio por violencia doméstica e intrafamiliar, también la aprobación de la Ley de casas refugio  con su presupuesto.

Merly Eguigure, Coordinadora Nacional de las Chonas , explicó que en el 2020 se documentaron 103 mil casos de violencia intrafamiliar y doméstica, solo el 5 por ciento ha llegado a los tribunales y eso genera el 95 por ciento que se mantiene en impunidad. Lo preocupante es que a nivel nacional no hay ni un solo departamento donde no haya alertas,  y en el 2020 se registraron casi 300 femicidios.

Eguigure describió que lo lamentable es la poca respuesta del Estado “a esas mujeres les pudo haber ocurrido varias cosas,  buscaron ayuda con un familiar, con una amiga, en alguna organización como Visitación Padilla u otra de mujeres, y la más grave es que pudieron haber sido asesinadas y ser una víctima de femicidio”.

También argumentó que las organizaciones de mujeres han recalcado reiteradas veces que la línea 911 debería haberse mantenido separada entre la línea de emergencia y la línea de auxilio por violencia contra mujeres, ya que muchas veces pueden pasar desapercibidas por los operadores a los que les toca la respuesta, pero esas peticiones no son escuchadas por los tomadores de decisiones.

Según la defensora, en Honduras todavía hay mujeres que no saben que sufrir violencia no es normal porque la sociedad educa para normalizar y terminan pensando que es natural, entonces a pesar que son datos bastante alarmantes no demuestran la realidad en el país.

La coordinadora de Las Chonas  expresó que a nivel internacional se retrata a Honduras, como un peligroso país para ser mujer y eso no es porque las organizaciones feministas quisieran hacerle mala propaganda a la nación , es el contexto mismo y las decisiones tomadas por las autoridades,  las que lo han puesto como un Estado  violador de derechos humanos de las mujeres.

Pero son las organizaciones de sociedad civil y de la mujer las que están haciendo el trabajo del Estado. Durante el confinamiento por Covid-19, se empleó la atención en todos los departamentos, aunque fuera de manera virtual para dar asesoría, pero siempre faltan muchas que no conocen las organizaciones y no tienen acceso a los medios, dijo la defensora.

Asimismo, explicó que las organizaciones de las mujeres enfrentan un estigma por la palabra feminista, algo que viene desde ya tiempos, el feminismo es una corriente política que lucha por la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, y no contra ellos, no se trata de atropellar a nadie, sino de erradicar la discriminación y marginación por ser una mujer, más si es negra, indígena o lesbiana para vivir en condiciones dignas en nuestro país.

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