En el evento participaron  Miriam Miranda de OFRANEH, Pablo Centeno,  representante de los familiares de los garífunas desaparecidos, Edy Tabora,  abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Gustavo Castro,  de la mesa de derechos humanos del SUNLA, y Aua Baldé,  del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que hablaron alrededor de la investigación.

Baldé indicó que  el Estado de Honduras debe respetar que las víctimas son todas las personas que se relacionan con el hecho y en este caso es la familia y la comunidad, por tanto debe ser gentil y amigable en el proceso recordando que es doloroso pare ellos.

Agregó que eso implica que pueden formar parte de todas las etapas de la investigación, acceder a la información, logros y hallazgos que haya en el proceso,  es decir los elementos del informe y también el derecho a proponer y participar en la conducción de la investigación, eso obliga al Estado a que en el proceso brinde protección a las víctimas individuales o colectivas.

Por su parte el abogado Edy Tabora argumentó  que hay siete puntos clave que indican la negativa del Estado para que se haga una verdadera investigación con enfoque de desaparición forzada , que por el contrario las instituciones no han sido fortalecidas y por tanto no tienen las condiciones.

Entre estos puntos mencionó que hay negación del Estado a través del Ministerio Público y la Procuraduría General de la república,  para investigar desde el enfoque de desaparición forzada, mientras plantea que el crimen organizado es el que actúa con camuflaje de las fuerzas policiales para cometer hechos delictivos y el problema es que si en algún momento presentan una acusación van a tratar de culpabilizar a las propias víctimas .

En segundo lugar dijo que el Estado no quiere coordinarse con el pueblo garífuna a través de la y el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz, (BASTA YA/SUNLA), pero se ha visto que otras veces la policía y las empresas se organizan para acusar a grupos.

También señaló que la investigación está manejada por una fiscalía de la ciudad de Tela, en Atlántida qué dice no tener competencia para investigar este tipo de denuncias.

Se suma a ello que la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación paralela, algo grave porque aparte de la victimización de estar tomando testimonios por dos fiscalías diferentes,  lo que revela es que no se quiere hacer una investigación seria, ya que la Fiscalía de Etnias no se ha incorporado.

Asimismo destacó que einició la investigación fue la Dirección Policial de Investigación, DPI,  y a la semana informó que había pasado este caso a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, algo preocupante considerando que los primeros días u horas de investigación son las más importantes porque ahí se puede manipular las pruebas. 

El punto seis según el abogado antes mencionado es que la familia y la OFRANEH intentaron obtener información y la respuesta fue que iban a entorpecer la investigación, algo similar en el caso de Berta Cáceres.

Y finalmente es la instalación de una narrativa para desvincular a los indígenas y líderes sociales de la defensoría de derechos humanos, eso también lo hicieron en el caso de Berta Cáceres cuando quisieron establecer que era un homicidio pasional.

El profesional del derecho  concluyó que el Estado no tiene ninguna iniciativa o voluntad realmente de realizar una investigación en el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos al pueblo garífuna en Honduras.

La coordinadora de OFRANEH Miriam Miranda, expresó que la comunidad garífuna se enfrenta a un sistema racista porque la comunidad del Triunfo de la Cruz, no es cualquiera y las personas deben saber que hay una sentencia que obliga al Estado a respetar los derechos, pero impera la impunidad, mientras se persigue y criminaliza a los defensores del territorio y la vida.

Gustavo Castro, miembro de la mesa de derechos humanos del SUNLA, instó a la población hondureña a realizar estrategias de alianza en solidaridad con los Garífunas que luchan por la protección del territorio, algo fundamental en contra de la depredación y destrucción del planeta.

Pablo Centeno, padre de uno de los jóvenes y representante de las familias, condenó que las amenazadas de las cuales están siendo objeto a través de algunos medios quieren que acepten lo que dicen, con el propósito de que se deje la búsqueda y la verdad de lo que paso con ellos.

Los expositores agregaron que a 10 meses de la desaparición de Albert Snider Centeno, Milton Joel Martínez, Suamy Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Rochez, la comunidad va a seguir la búsqueda con la esperanza de que ellos están con vida, y denunciando las violaciones sistemáticas hacía las comunidades garífunas.