Desde diciembre de 2019 las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, tomaron el control operativo y administrativo de las cuatro cárceles de máxima seguridad en Honduras, y su presencia ha incrementado la violencia en esos sitios.

Información que circuló en diversos medios de comunicación sobre la violencia ocurrida en la cárcel de máxima seguridad conocida como la Tolva el pasado 18 de junio de este año, destaca que hubo confrontación de privados de libertad  de las pandillas 18 y Mara Salvatrucha con  potentes armas de fuego dejando al menos 6 fallecidos y al menos unos 30 heridos.

Melissa Escoto, Asesora Legal del El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares, CPTRT, dijo que es grave la situación de las muertes por armas de personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado, “por eso es importante que el Ministerio Público comience a  hacer las investigaciones eficaces y pertinentes para establecer cuáles fueron los hechos ocurridos que los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer”.

Agregó que no hay una versión oficial del Instituto Nacional Penitenciario, INP, que es el responsable  de la guardia y custodia de los privados de libertad y de acuerdo al monitoreo de lo manifestado en varios medios de comunicación las muertes son provocadas con armas blancas y de fuego.

Lo inexplicable es que hay preguntas concretas de cómo ingresan armas de grueso calibre pues cuando llegan delegaciones antes de ingresar a La Tolva pasan por un proceso de seguridad al grado que les quitan los aretes y otros enseres.

Para esta organización los militares no están preparados para dirigir la guardia y custodia de las personas privadas de libertad, quienes el único derecho conculcado es la libertad, por lo que el Estado debe protegerles.

Según la defensora,  el CPTRT constantemente está señalando el problema de violencia contra las personas encarceladas no porque tenga algo en contra de los militares porque  la militarización del sistema penitenciario es contrario a derecho. Hay asimismo diferentes evaluaciones del Comité Contra la Tortura, CAT,   que recomendó al Estado que de manera parcial los sustituyera por civiles.

El Mecanismo Nacional de Prevención, MNP-CONAPREV, recalcó el 07 de junio recién pasado, la recomendación del CAT,  del 26 de agosto del 2016, que demanda al Estado evaluar cualquier posible responsabilidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, miembros de las fuerzas armadas y la policía, cuando corresponda castigar debidamente a los culpables y proporcionar la reparación adecuada a los familiares de las víctimas.

Esta recomendación se desprende de los acontecimientos suscitados en el centro penitenciario de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán,  el   03 de junio anterior, donde dos personas perdieron la vida en condiciones no explicables y 5 cinco resultaron lesionadas. Las víctimas  formaban parte del grupo de más de 50 privados de libertad que fueron trasladados de la Penitenciaria Nacional, con sede en Tamara, al centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara.

Al respecto el MNP-CONAPREV, les recordó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM-102-2020 que amplía la intervención del INP, atribuyendo todas las competencias legales establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen en esta materia para el cumplimiento de sus fines, en apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en materia de niñez y adolescencia.

Detalló que se incumplió la resolución judicial del 18 de marzo del 2021,  del Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara, que ordenó en un plazo de 30 días la habilitación del sistema de monitoreo de cámaras en el módulo de máxima en el centro penitenciario de Ilama, con el fin de prevenir esos hechos.

Coronel de la FNAMP lanza campaña de desprestigio contra organizaciones de DDHH

El coronel Amílcar Hernández, de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, FNAMP, dijo en distintos medios de comunicación que “funcionarios de organizaciones defensoras de derechos humanos trabajan con grupos criminales”, un discurso estigmatizante de la labor de defensa de derechos fundamentales y que violenta la Ley de Protección, la Declaración de Defensoras de Naciones Unidas y otros convenios internacionales de protección a este importante trabajo.

“Toda esa información está en poder de los fiscales, en realidad esa información no es un chisme, sino que es algo confirmado que establece que hay miembros de las organizaciones de derechos humano involucrados con pandilleros”, según notas de prensa.

Asimismo acusó a  Delma Ordóñez,  de la Asociación de Familiares de los Privados de Libertad de haber recibido dinero de la MS-13 para financiar los gastos de su personalidad jurídica. Esta institución es la que está constantemente denunciando las arbitrariedades de los militares y otros funcionarios en los centros penales.

El CPTRT difundió un comunicado público donde señala que su labor la realiza sin recibir donaciones de ninguna persona de grupos conflictuados con la Ley, este es el documento: