La abogada Kimberly Andino, explicó que este 02 de julio Bonilla se presentó a una audiencia inicial en el Juzgado de Letras de Trujillo, acusada en dos expedientes por  cinco delitos distintos,  por haber ejercido un proceso de recuperación territorial defendiendo el título ancestral,  el 08 de agosto del 2020, en las comunidades Cristales y Río Tinto, en ambos casos se le dictó sobreseimiento provisional.

Andino detalló que en el primer expediente 20–2021 por los delitos de usurpación, daños y amenazas,  en perjuicio de Rosario Fajard,  dueña de la empresa Bienes Raíces JUCA S.R.L.,  en el cual hay 32 criminalizados, se evaluó en la audiencia primera a las 9 de la mañana y la resolución del juez fue sobreseimiento provisional porque no se presentaron los testigos Rosario Fajardo y su esposo Alejandro Camacho,  propuestos por el Ministerio Público.

En el segundo expediente 23-2021, se evaluó en una segunda audiencia a la una  de la tarde, este caso fue interpuesto en perjuicio de Vilman y Maribel Rivas,  hay 29 garífunas criminalizados  por usurpación, robo, violencia e intimidación, que básicamente son los mismos del primero. A estas personas se les ha emitido orden de captura y el equipo legal buscará interponer una impugnación para que cesen las detenciones, informo Andino.

La defensora Silva Bonilla fue capturada el 16 de junio en la tarde por elementos de la Policía Nacional,  en la posta de El Porvenir, departamento de Atlántida, la trasladaron a la Dirección Policial de Investigación, (DPI) de Trujillo, Colón,  donde permaneció por al menos ocho horas.

Las primeras defensoras detenidas por este caso fueron Marianela y Jennifer Solórzano, a quienes acusan de liderar la reivindicación territorial del 08 de agosto, pero los testigos y el Ministerio Público en las audiencias también señalan directamente a la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), de apoyar a grupos de usurpación y hacen referencia a la apoderada legal Kimberly Andino.

Finalmente la abogada recalcó que en el caso, el sistema de justicia no toma en cuenta el título ancestral por el que luchan las comunidades, haciendo énfasis en que el Instituto Nacional Agrario, INA,  ha hecho muchas delimitaciones y que la parte territorial alegada ya no pertenece al original documento, por lo que han pensado más adelante solicitar un peritaje.