TEGUCIGALPA, Honduras (Por Edgardo Mancía y Nincy Perdomo)“Lo más importante es que Xiomara quiere desaparecer las Fuerzas Armadas de Honduras, y está con su discurso fuerte… de regresar a los militares a sus cuarteles”, dijo.
Sin embargo, estas declaraciones son falsas, ya que la oposición hondureña no ha hablado de “desaparecer” las Fuerzas Armadas.
En una revisión a los discursos y planes de gobierno de Castro, lo que se encontró es que su propuesta es dejar las tareas de seguridad pública en manos de una corporación civil, y no del Ejército, sin que esto implique desaparecer a las Fuerzas Armadas.
Es decir, “desmilitarizar la seguridad ciudadana”, y que el Ejército se ocupe de otras funciones, de defensa nacional.
Chávez se sostiene de un discurso que brindó Xiomara Castro en las elecciones del 2013, pero durante ese mismo año Castro aclaró el sentido de su frase, de regresar a los militares a los cuarteles.
No solo Chávez ha usado esta acusación.
Hace un mes el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lo denunció en público, refiriendo que “un Estado sin Fuerzas Armadas lo están planteando, algunos políticos, y yo les digo ¿qué hubiera pasado sin la presencia de Fuerzas Armadas en la lucha por rescatar la paz y la tranquilidad del país? Pueblo hondureño, alerta”.
También la diputada por el Partido Nacional, Waleska Zelaya, habló ante un medio de comunicación sobre la supuesta intención de la oposición en desaparecer las Fuerzas Armadas. “Los quieren abolir, quieren que las Fuerzas Armadas desaparezcan”, dijo.
Para explicar el fenómeno de la presencia militar en la vida política y social hondureña y del porqué el Partido Nacional acusa a la oposición de querer desaparecer a las Fuerzas Armadas, El Pulso conversó con la doctora en Ciencias Sociales y experta en el tema seguridad, Mirna Flores.
“Ese discurso no es real, es falso”, dijo sobre el supuesto intento de desaparecer las fuerzas militares.
“Eso hay que entenderlo desde la perspectiva de cómo se ha construido débilmente la democracia en el país, si uno ve cómo se producen las transiciones democráticas existe un ambiente regional favorable para la transición democrática, y eso significa el cese del conflicto armado centroamericano, sobre todo los acuerdos de paz; en El Salvador, Guatemala y los acuerdos políticos en Nicaragua”.
Flores se remonta al pasado y recuerda que en los años 90, luego de los acuerdos de paz en la región centroamericana, surgió la necesidad desmilitarizar la sociedad.
En aquel entonces, ese fue uno de los puntos centrales para mejorar la situación de la época.
“El entorno es favorable de la desmilitarización y de hecho hay reformas y cambios que van dirigidas al acotamiento de las funciones militares, que van dirigidos a reducir su presencia en la vida pública y en la vida política”.
Flores lamenta que en la práctica el proceso fue diferente, ya que las reformas fueron hechas de manera “débil”.
A principios de los años 2000, Honduras se encontró en una situación muy diferente a comparación 15 años antes, Centroamérica comienza ser afectada por el fenómeno del narcotráfico y la presencia fuerte de las las maras y pandillas.
Eso dió luz verde para que la presencia militar en la sociedad volviera a estar presente.
“En esos años en la sociedad hondureña no miraba con tanto resquemor a los militares, pero un momento de ruptura fuerte por la violación de los derechos humanos y una policía descompuesta, es el periodo pos golpe de Estado. Desde antes de esos años, las Fuerzas Armadas querían justificar su presencia en la sociedad”.
Al comienzo del siglo XXI encontramos otro ambiente, que se va creando debido al crecimiento de la delincuencia y la violencia.
En el entorno regional, continuó, se fue creando la idea de que la presencia militar en la seguridad pública es fundamental para detener el narcotráfico y el fenómeno de las maras y pandillas.
El mandatario Juan Orlando Hernández lleva dos periodos y su gobierno se ha visto muy de cerca con las Fuerzas Armadas; al respecto, Flores considera que las utiliza para mantenerse en el poder de manera autoritaria.
“Con militares que se colocan al lado del gobernante, con un gobernante que se ha respaldado en los militares para ejercer su poder y frente a dos instituciones que han violado derechos humanos, que no han rendido cuentas, que tiene presupuestos enormes y por lo menos no se ha logrado obtener cambios sustantivos en los temas de seguridad en el país”.
LO QUE DICE A LA LETRA EL PLAN DE XIOMARA CASTRO
El plan de gobierno de Xiomara Castro propone derogar ciertas leyes y fortalecer la policía comunitaria, y separar a los militares de los policías:
Dos de los puntos son:
-Derogar Ley de Consejo de Seguridad y Defensa
– Determinar la temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público que militariza el orden civil y contamina a la fuerza armada con una función ajena.
Entre sus propuestas de seguridad ciudadana, se detallan la desmilitarización de la seguridad pública y fomentar la policía comunitaria.
“Formar una policía comunitaria y eficaz. Me comprometo publicar el destino de los recursos que provienen de la Ley de la Tasa de Seguridad, la cual se maneja de forma secreta por el Estado, asimismo, ordenar una auditoría sobre los fondos asignados de esta Tasa y de la OABI. Me comprometo a promover y consolidar para tener una relación más horizontal y de confianza con la población, aumentando su efectividad para disuadir y enfrentar el delito”.
En este apartado, el Partido Libre propone separar a los militares de darle protección a los civiles, y dejar ese trabajo específicamente a la policía.
“Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin específico”.
Flores explica que la policía comunitaria trata de otra visión de la policía que aspira estar relacionada con la comunidad, pero recalca el hecho en la práctica no logra concretarse.
“La iniciativa de la policía comunitaria data del año 2000, inclusive uno de los gobiernos que lo impulsó fue el de Ricardo Maduro”.
Agrega que muchos policías van a capacitarse en el extranjero y se forman con el concepto de la policía comunitaria, pero la militarización que existe en la seguridad actualmente genera un obstáculo para ellos.
La especialista concluye que, ante la falta de interés del gobierno en impulsar la policía comunitaria, se ven obligados a solamente ser respaldados económicamente por la cooperación internacional.