Las instituciones de sociedad civil que interpusieron el recurso el 20 de mayo de este año son, el Centro de Estudio para la Democracia, (CESPAD) la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), la Coalición Anti-corrupción (CAC), y el Bufete Jurídico de los Pueblos (BJP), en acompañamiento de la organización internacional Abogados sin Frontera-Canadá presentaron una acción de nulidad para impugnar una resolución que decreta el ocultamiento de información.

La clasificación de información sobre las campañas políticas vulnera el derecho de acceso a la información pública garantizado en la Constitución de la República,  que en el artículo 83 reza : “La libertad de expresión del pensamiento e información son inviolables”.

Los argumentos para presentar el recurso de nulidad son:

Es un acto nulo, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.

Es una infracción a la obligación de motivar las resoluciones de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Es una omisión de la obligación de la prueba del daño del interés público, que está contemplada en el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Es una omisión de la aplicación del artículo 36, del Decreto 137-2016, que contradice la disposición normativa de la Ley de Política Limpia, en la que establece que se debe rendir cuentas de las aportaciones y la prohibición de reserva de información.

Existe una aplicación indebida del artículo 3, numeral 7, en relación con los datos confidenciales, situación que no aplica para personas jurídicas, solo a personas naturales.

Cómo es que existe blindaje de la información

El 17 de enero de 2018, el abogado Kelvin Fabricio Aguirre Córdova en su condición de Comisionado Coordinador la Unidad de Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y sus Candidatos (UFTF), emitió el acuerdo número 001-2018 a través del cual solicitó que se aprobara como información reservada los datos personales de toda persona natural o  jurídica aportante privado a una campaña de cualquier nivel electivo; los montos, cantidades o descripción de aportaciones incluyendo las aportaciones en especie provenientes de financiamiento privado; las imágenes, cheques, facturas, cotizaciones y recibos de toda aportación.

El 02 de marzo de ese mismo año el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante resolución administrativa No. SO-086-2018 aprobó en su totalidad la petición solicitada mediante el acuerdo 001-2018 por la UFTF mejor conocida como Unidad de Política Limpia.

El 20 de mayo de 2021 se interpuso el recurso de nulidad que busca rescatar el derecho de información que por falta de respuesta a tan solo dos semanas no ha sido resuelto orillando a estas organizaciones a hacer pública la denuncia hoy12 de noviembre que hace casi seis meses no ha sido resuelto el recurso.

Con esta disposición el Estado se infringe, además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, violentando los artículos 2 y 3, así como la Ley de la UFTF, en los artículos  2, 35 y 37, que manda que esa información debe de ser pública y que es obligación tanto de los partidos políticos como de la UFTF, la divulgación de la misma.

Unidad de política limpia se opaca

La coyuntura política que da origen de la Ley de Política Limpia se sitúa en el año 2015, cuando trasciende el latrocinio de que fue objeto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un escándalo que puso en perspectiva el problema que el país tiene con el financiamiento político ilícito.

En enero del 2017 el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos, conocida popularmente como Ley de Política Limpia,  su principal objetivo es establecer las normas relativas al manejo y transparencia de usos de fondos en campañas electorales.

Esta ley surgió en el marco de diversas acusaciones y cheques que salpicaban altas esferas del Partido Nacional señalado de haber recibido fondos del Instituto de Seguridad Social para su campaña, entre otros casos de corrupción que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), presentó ante los juzgados del país.

En esa coyuntura circuló información que muchos personajes políticos estaban vinculados con estructuras o redes de corrupción que sustrajeron fondos del Estado para financiar campañas políticas, otros resultaron embarrados en denuncias por supuestamente haber recibido dinero proveniente de capos del narcotráfico en el país.

Incluso que el actual mandatario reconoció y admitió públicamente que empresarios vinculados al multimillonario desfalco al sistema de seguridad social, financiaron su campaña política con parte de ese dinero.

En el escenario político hay diversos sectores que consideran que La Ley de Política Limpia, podrían quedar como otro elefante blanco dentro de las estructuras gubernamentales, debido al blindaje, en particular por la aprobación de leyes y decretos que viene haciendo la élite política a través de los diputados en el Congreso Nacional para protegerse de ser investigados y enjuiciados.

De cara al proceso electoral del 2021, la población deberá esperar más de lo mismo igual que en los últimos procesos electorales, sumado a las diversas maneras de proteger a los actores políticos.

Algunos analistas políticos señalan que mientras los políticos buscan su protección, en la población existen una gran desesperanza y frustración por la falta de castigo a los corruptos y esta falta de avances los desmotiva para denunciar y protestar contra la galopante corrupción que los mantiene inmovilizados.