Este iniciativa de Ley es parte de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro que dijo iba a cumplir de llegar a ser presidenta de la República, pero que lo ratificó en la toma de posesión ya como mandataria, el pasado 27 de enero de 2022.

En el proyecto de ley se señala “Conceder amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley”.

Entre las personas que se incluye serán favorecidas se encuentran quienes se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 , y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado , y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.

Otros de los sectores contemplados para ser beneficiarios de la Ley son las personas que hayan ejercido su derecho constitucional de protesta social, mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole, , y cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales y militares y criminalizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas.

También se contempla a las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras, fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible, y cuyas acciones han sido criminalizadas por los operadores de justicia por motivaciones políticas, en un contexto de anormalidad democrática, generando extrema conflictividad social por razones económicas.

El diputado Rasel Tomé posteó en su cuenta de twitter “estamos cortando nudos” y enumeró los alcances del proyecto presentado por su persona:

En el marco del golpe de Estado aún hay defensores y defensoras de la democracia que le están haciendo frente a procesos penales interminables que la intención era desmovilizarles para que desistieron de hacer uso de la protesta social para demandar  derechos. Igualmente se encuentran los ocho defensores  de Guapinol, unos 7 mil campesinos presos y procesados, funcionarios de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales que tienen acciones judiciales por ser parte del gobierno del ex presidente quien fue sacado a fuerza de balazos de su caso y llevado contra su voluntad hacia Costa Rica. Se pueden mencionar otros casos como aquellas personas que en el Sur del país han sido enjuiciadas por manifestarse contra el fraude electoral que llevó a Juan Orlando Hernández a la Casa Presidencial.

Hay otros casos como el del periodista Jairo López quien tiene un proceso penal abierto por hacer cobertura periodística contra el ex mandatario Hernández y está acusado de portación de artefactos explosivos, uso de indumentaria policial, entre otros. El comunicador ha sorteado diversos procesos penal desde el 2015. En el juicio que se lleva a cabo contra él en estos momentos, los fiscales han pedido 28 años de cárcel.

López ha denunciado una férrea persecusión política por su posición crítica como periodista contra las ilegalidades en el gobierno de JOH, del ex presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, gobernador político de Choluteca, entre otros, que han pretendido callar su voz. El comunicador social denunció que tanto Oliva como Hernández prohibieron que se le alquilara espacios en medios de comunicación del Sur del país  para que él pudiera difundir su programa El Informador, viéndose obligado a hacerlo por Facebook, pero  no cesan las estrategias para detenerlo,  y su espacio noticioso es vigilado constantemente por esos grupos.

También hay defensores y defensoras indígenas y garífunas que tienen abiertos expedientes por defender su tierra de la cual les han despojado y pretenden continuar haciéndolo, grupos de poder que tiene el control del sistema de justicia de Honduras, de la policía y el ejército, eso tiene como consecuencia que ninguna acción de defensa legal les funcione porque son bateadas por el Poder Judicial.

Se suman los siete defensores de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras,( ARCAH ), quienes están enjuiciados por defender el Río Choluteca, acción promovida por el Ministerio Público para proteger las acciones de contaminación de esta fuente de agua que ejecuta la empresa avícola Pollos El Cortijo y que afecta a varias comunidades de la parte Sur de Tegucigalpa.

Siempre relacionado con el derecho a la protesta se encuentran los estudiantes criminalizados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, por manifestarse en defensa de los derechos de la población estudiantil. Tres de ellos, Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, están sentenciados a tres años de prisión, el Tribunal de Sentencia ha manipulado los tiempos con lo de la sentencia pasó unos dos años para que dejaran de poner de excusa que  la sentencia solo estaba en audio. La ASOPODEHU interpuso un Recurso de Casación desde el año pasado el cual no ha sido resuelto.