El pasado 6 de julio el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se movilizó a la capital de la República para manifestar su rechazo a las pretensiones del gobierno en promover las extracciones mineras a cielo abierto en Honduras, impulsadas  esta semana (del 7 al 11 de julio)  en el Primer Congreso Internacional de Minería.  

El COPINH considera que se trata de un evento que "refleja la continua política del gobierno de Honduras de seguir entregando territorio, soberanías, bienes comunes y de la naturaleza", así como "de seguir con el avance en la consolidación de la dictadura trasnacional". 

La organización indígena rechazó las que consideran falsas preocupaciones por el medio ambiente, que pretenden presentar una minería responsable y ecológica. "Rechazamos esa campaña de farsas, que ha sido desmontada una y otra vez con la aplastante realidad de muerte que deja la explotación minera". 

Organizaciones ambientalistas estiman que el 30% del territorio hondureño ya fue entregado a las compañías mineras y que actualmente el Estado ha otorgado 837 concesiones, de las cuales 411 ya se han adjudicado y 426 se encuentran en trámite. 

En un comunicado el COPINH  exigió a las autoridades nacionales y a las compañías mineras "frenar su expansión de la muerte, la contaminación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas, negros, campesinos y de todo el pueblo hondureño". 

En estos días (del 7 al 11 de julio) se desarrolla en Tegucigalpa el Primer Congreso Internacional Minería Honduras, con el lema “Minería responsable. Mayor crecimiento económico”. 

Los promotores del evento aseguran que entre sus objetivos se proponen la utilización de la ciencia y tecnologías en la explotación minera como contribuyentes al desarrollo sostenible, promover la nueva ley minera y  el libre mercado de la explotación minera. 

Entre tanto las organizaciones del movimiento social y popular manifestaron  en un comunicado que “la minería en el país, solo ha representado desplazamientos forzosos de comunidades, la desigualdad en el acceso y distribución de los recursos entre los que tienen más y los que no tienen nada, ha provocado conflictos sociales, políticos, y económicos limitando y condicionando a los más pobres a no contar con una soberanía alimentaria, a verse limitada su participación de los beneficios de crecimiento y desarrollo económico del país”. 

“La preocupación mayor y por la que hacemos un llamado urgente a detener la industria extractiva de la riqueza del subsuelo, se debe al flagelo que este tipo de explotación implica, como el acaparamiento y control de grandes extensiones de territorios, de los recursos hídricos (agua), y otros bienes naturales, sumándose la destrucción de la cultura e identidad de los pueblos originarios, de la salud de la población, vemos que el Estado no gana al contrario pierde si vemos el costo humano y de país es invaluable comparado con las mínimas  ganancias que este tipo de industria trae para el desarrollo del país”, plantea el comunicado. 

Más de 15 municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara y Francisco Morazán, se han declarado territorios libres de minería y algunos libres de hidroeléctricas.   

El COPINH fue enfático al expresar:  a “Juan Orlando Hernández, a su gobierno, al congreso nacional  y a las empresas mineras les exigimos frenar su expansión de la muerte, la contaminación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas, negros, campesinos y de todo el pueblo hondureño, exigimos ponerle fin a  sus acciones corruptas, ilegales  e ilegitimas”. 

Movimiento mesoamericano condena modelo extractivo

Al respecto el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero sostuvo recientemente que nunca ha existido en nuestros países una minería responsable por el contrario dejan verdaderos cementerios ambientales y humanos. En consecuencia estas empresas contribuyen a que el desarrollo sea más insostenible, agravando los cambios climáticos.

El movimiento señaló que  el Congreso Minero no hace ninguna consideración sobre las ciencias de la Salud y evita tratar el impacto desastroso que ha tenido la minería en Honduras, Guatemala, El Salvador Nicaragua y México en la producción de enfermedades de piel, ojos, vías respiratorias, sistema nervioso, problemas psicopatológicos  deformidades congénitas, cáncer y muerte. Así como la potencialidad de enfermedades en las futuras generaciones.

Más grave aún, el movimiento regional denunció que los promotores de este congreso minero han obviado “el análisis respecto a la violencia estructural que han ejercido las empresas mineras con respecto a la violación y asesinato de hombres y mujeres defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales”.

“El citado Congreso pretende desarrollar una idea falsa de ciencia despojada de la ética, es decir una ciencia sin conciencia para justificar la explotación humana y ambiental”, destaca el posicionamiento.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo considera que la Ley de Minería de Honduras favorece las formas más irracionales e inhumanas de explotación, entre ellas las de Cielo Abierto a base de cianuro “que tiene bajo costo para las empresas y un alto impacto para todos los seres vivientes; por lo cual ha sido prohibida en varios países del mundo”.

En relación a este problema, la Platasforma Agraria que aglutina a unas 22 organizaciones y de cara al Primer Congreso Internacional de Minería en Honduras, emitió el siguiente comunicado:

COMUNICADO

LA MINERIA OTRO ACTO DE CORRUPCIÓN EN HONDURAS

Las 22 organizaciones que conformamos la Campaña  Alto al Riesgo, ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos nuestra indignación por los actos de corrupción e impunidad de parte de quienes administran los bienes, recursos naturales y territorios de la República de Honduras. 

Al desarrollarse el Primer  Congreso Internacional de Minería en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, del 7 al 11 de julio del 2015.  Este evento representa para la vida y los derechos humanos y ancestrales de los pueblos originarios una amenaza para la vida de cientos de comunidades a nivel nacional. . La minería en el país, solo ha representado desplazamientos forzosos de comunidades, la desigualdad en el acceso y distribución de los recursos entre los que tienen más y los que no tienen nada ha provocado conflictos sociales, políticos, y económicos limitando y condicionando a los más pobres a no contar con una soberanía alimentaria, a verse limitada su participación de los beneficios de crecimiento y desarrollo económico del país.

Actualmente en el país se han dado 837 concesiones mineras, de éstas, 411 se han otorgado y 426 se encuentran en solicitud.  La preocupación mayor y por la que hacemos un llamado urgente a detener la industria extractiva de la riqueza del subsuelo, se debe al flagelo que este tipo de explotación implica, como el acaparamiento y control de grandes extensiones de territorios, de los recursos hídricos (agua), y otros bienes naturales, sumándose la destrucción de la cultura e identidad de los pueblos originarios, de la salud de la población, vemos que el Estado no gana al contrario pierde si vemos el costo humano y de país es invaluable comparado con las mínimas  ganancias que este tipo de industria trae para el desarrollo del país.

Es importante escuchar la voz y posición de los más de 15 municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara y Francisco Morazán entre otras  que se han declarado territorios libres de minería y algunos libres de hidroeléctricas. 

La minería solo significa destrucción, división y pérdida, para la vida de las poblaciones afectadas por esta industria. El país pierde con la concesión de su soberanía  territorial y sus riquezas a terceros, que lo único que buscan es su lucro, en Honduras tenemos ejemplos claros de esta situación y el costo en la salud de los pobladores como es el caso de la mina Entremares en el Valle de Siria en el departamento de Francisco Morazán, en la que se utilizo la explotación a cielo abierto.

Las concesiones territoriales son otro acto más de corrupción e impunidad de parte de funcionarios del Estado de Honduras, los que actúan a espaldas del pueblo hondureño, al no rendir cuentas, al no ser transparentes con el tipo de negociaciones y acuerdos con estas empresas, al militarizar las comunidades que se niegan a ser desplazadas de sus territorios, entre algunos de los vejámenes a que se ven expuestas estas poblaciones, sin una representación que abogue y defienda sus derechos humanos, territoriales y sobre todo a una vida digna en la que se respete su humanidad.

Tegucigalpa, Honduras C.A. 07 de julio de 2015